Carlos vestía una camisa azul y una calzoneta negra; en su mano derecha una tabla de madera y en la izquierda una almohada. Carlos es un niño de doce años, vive en los Bordos de El Pedregal en San Pedro Sula y la mañana del martes 28 de febrero fue desalojado de su casa junto a su familia por la Policía y Ministerio Público.
En los Bordos de El Pedregal habitan aproximadamente 80 familias. Desde la perspectiva de sus habitantes, los predios son ejidales, pero en la óptica de la justicia, pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Bajo esa lógica por tercera ocasión en los últimos dos años, las autoridades desalojaron a las familias que al no tener donde vivir regresan a esas tierras al menor descuido de la policía.
El material que Carlos portaba en su mano izquierda refleja el carácter violento del desalojo, la Policía como ya es costumbre lleva a los desalojos maquinaria pesada para la destrucción de viviendas, en este caso no fue la excepción, las casas construidas de madera fueron desechas por los uniformados.
Al sector se le llama Bordos de El Pedregal, porque a la par se ubica la Colonia El Pedregal, una zona residencial en la que habitan familias de clase media y alta, con viviendas que reflejan estabilidad económica. A la par de la opulencia se encuentra la precariedad, es por eso que popularmente se le conoce a este predio como Bordos, asociando las viviendas de madera, las limitaciones económicas y las características sociales como una zona marginal que no es digna de tener el adjetivo de “colonia”.
Los bordos están ubicados frente al pavimento que está a pocos centímetros del nuevo edifico de la Facultad de Medicina de la universidad, para entrar a los bordos hay que transitar un par de metros, al fondo se encuentran las viviendas, en su mayoría edificadas con madera de palo, cercos de púa y techos de zinc.
La mañana del desalojo mostró muchas escenas, la de Carlos fue impactante. Él venía caminando junto a su madre, quien se tomaba el cabello y con rostro de tristeza que no podía ocultar salían de los predios, el niño caminaba con un pedazo de madera, la que seguramente era de la pared de su casa destruida y una almohada en su mano derecha para ubicarla en la calle, nuevo lugar donde vivirían después de la expoliación.
Todos los adultos guardan recuerdos de su pasado, cuando Carlos cumpla 24 inevitablemente se acordará de lo ocurrido a la mitad de su vida, cuando un grupo de periodistas lo veían junto a su madre abandonar su hogar para vivir en la calle, a la intemperie y bajo el impacto de la lluvia y sol.
Desalojos a la orden del día
Cuando el agua daba la impresión de estar calmada, un nuevo movimiento las agitó. Varias semanas habían transcurrido sin desalojos de tierras en Honduras. Fue en los últimos días de febrero, cuando la Colonia Fe y Esperanza de Villanueva fue víctima de desalojo por parte de las autoridades.
“La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph) condena este tipo de acciones de los organismos de justicia. En Honduras nos violentan, los juzgados hacen lo que quieren, el Instituto de la Propiedad engaveta los títulos territoriales y los derechos humanos no existen”, expresó Marco Badhay presidente de esta organización patronal.
La Conafeph realizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia en San Pedro Sula, reaccionando ante el desalojo de la Colonia Fe y Esperanza, que desde su perspectiva tiene vicios ilegales y de nulidad.
“Los pobladores ya hemos perdido la confianza en la justicia, debido a las constantes violaciones al debido proceso en las diferentes ramas del derecho, como lo refleja el desalojo en la Colonia Fe y Esperanza que fue ordenado por la jueza Cintia Velásquez, quién procedió a nombrar a la abogada Roxana Mesto como jueza ejecutora quien sin notificar a las partes realizó el desalojo, destruyendo viviendas y poniendo en riesgo la integridad y la vida de los habitantes de esa comunidad dejándolos en la calle. Calificamos esto como terrorismo judicial”, reza un comunicado divulgado por la Conafeph durante la protesta.
La Confederación asegura que la comunidad con jurisdicción de Villanueva se encuentra en procesos de legalización en el Instituto de la Propiedad, por lo tanto el procedimiento fue ilegal. Al conocer las denuncias de la Conafeph el equipo de Radio Progreso intentó entrevistar a las autoridades judiciales, pero prefirieron no hablar del tema.
Los desalojos continuaron en otras zonas durante la semana, San Pedro Sula vivió nuevamente la problemática, los Bordos de El Pedregal fueron desalojados y 80 familias quedaron en la calle a la espera de atención de las autoridades municipales y gubernamentales.
“Pedimos a quien corresponda: al presidente, al alcalde, a la rectora, para que nos reubiquen, si nos sacan de acá llévennos a un lugar donde poder vivir, estamos abandonados en la calle, con nuestros niños, viejos y pertenencias a merced del agua y el sol”, lamentó una de las personas afectadas por los desalojos.
Pasaron 48 horas del desalojo, y las 80 familias de Bordos de El Pedregal al no tener donde vivir, regresaron a los predios de donde los desalojaron y de la misma forma reconstruir sus viviendas y estar en zozobra permanente ante un nuevo desalojo.
Y así como Villanueva y San Pedro Sula, El Progreso también registró un desalojo, la Colonia San Isidro, sitio que se ubica en la salida a Santa Rita, fue amenazado de desalojo por las autoridades, Más de 200 familias que viven en el sector tienen cinco años de residir ahí y ahora bajo una orden judicial que supuestamente indican que los propietarios son la institución bancaria Atlántida podrían quedar en la calle.
Según datos de las autoridades, el Juzgado de El Progreso emitió la orden de desalojo desde el 25 de noviembre del 2016, los terrenos son reclamados por la Corporación concordia (Banco Atlántida).
Las familias desalojadas en todas las regiones han quedado en la calle, el gobierno no tiene una política habitacional y criminaliza a quienes buscan un pedazo de tierra para trabajar y habitar.
Alberto Benítez director ejecutivo de Habitat para la Humanidad, aseguró que la crisis habitacional en Honduras golpea a más de un millón de familias.
“Las cifras son alarmantes, es necesario que el Estado cree políticas nacionales y municipales para que los pobres tengan acceso a un pedazo de tierra”, expresó Benítez.
Un problema estructural
Como en un vaso violentamente agitado, todo se ha mezclado en Honduras. “Los problemas agrarios, la falta de acceso a la tierra, los despidos de trabajadores, privatizaciones, venta del territorio, concesiones, violaciones a derechos humanos y la militarización no son producto de la casualidad; son parte de un modelo económico que se llama Neoliberalismo que es un apéndice del sistema de gobierno que se llama Capitalismo”, explicó el analista político Efraín Fajardo.
No es la gramática la que nos enseña a conjugar la realidad, sino los capítulos de miles de historias que se forman mientras unos pisan la dignidad de otros para enriquecerse.
La falta de acceso a la tierra es sólo un miembro de un gran cuerpo opresor que se aprovecha de su poder para discriminar a los que no tienen. La tierra en posesión de pocas manos, limita a la gente a que acceda a ella de forma ecuánime.
Fajardo continuó diciendo: “el problema es el secuestro de los grupos de poder de casi toda la tierra en el país, todo está en pocas manos, es un monopolio que limita el acceso de la gente a la tierra.
Los grupos de poder aprovecharon la colaboración de un Estado que no está al servicio del pueblo para adueñarse de las tierras a través de la Ley de Modernización Agrícola en el gobierno de Callejas.
El gobierno no tiene una política para garantizar el acceso a la tierra, mucho menos de reubicación de los desalojados, el Estado sólo criminaliza, reprime y no responde a las grandes necesidades de los afectados”.
El analista asegura que es tiempo de organizarse para enfrentar la política monopolizadora y a través de la movilización popular exigir una reforma Agrícola Integral que responda a las necesidades de la gente de un pedazo de tierra, caso contrario las injusticias, el derramamiento de sangre formarán parte del diario vivir en el país.
Honduras cuenta con un déficit habitacional de más de un millón de viviendas, el Estado sigue ausente en las políticas agrarias y por ahora el panorama que dibuja el futuro inmediato son la criminalización, persecución y despojo de las comunidades.
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