Por Marvin Palacios
La Coalición contra la Impunidad que conforman más de 50 organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), visibilizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunas problemáticas que se consideran de trascendental interés para la plena vigencia de los derechos humanos en el país.
En la audiencia desarrollada del 15 al 22 de marzo en Washington, Estados Unidos, en la cual participó la Coalición contra la Impunidad y el estado de Honduras, se abordó el tema de la respuesta estatal frente a la alarmante situación de violencia e inseguridad en Honduras, las deficiencias estructurales persistentes en la administración de justicia, la condición actual del sistema penitenciario y la condiciónde las personas privadas de libertad en el país, para finalmente abordar la situación actual de los derechos de las mujeres, particularmente las agresiones en contra de defensoras de derechos humanos, así como la situación de las trabajadoras de las maquilas y de la agroindustria en el país.
La otra audiencia pública estuvo relacionada al Mecanismo de Protección de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, como seguimiento a audiencia realizada en diciembre de 2016 en Panamá.
En esta ocasión, la Coalición contra la Impunidad proporcionó información actualizada sobre las dificultades y desafíos que persisten para el funcionamiento del mecanismo, así como las recientes reformas al Código Penal que tipifican el delito penal de terrorismo y de apología al terrorismo.
“Respetuosamente estamos solicitando a la ilustre comisión que cree un mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al estado de Honduras, de igual manera solicitamos que el estado garantice la no adopción de medidas regresivas que son contrarias a los derechos humanos y a las obligaciones internacionales”, expuso la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.
Oliva dijo que el Talón de Aquiles en Honduras que consolida la impunidad, es la poca visión e inacción del Ministerio Público (MP) en materia de investigación y solicitamos que se cree una Fiscalía Especial para Defensores y Defensoras de derechos humanos, así como una Fiscalía Especial para las Desapariciones Forzadas de personas, puesto que el Ministerio Público le ha dado poca importancia al tema de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, de tal manera que la ha reducido a la mínima expresión.
Oliva también demandó del estado de Honduras que comience a dar seguimiento y cumplimiento a las leyes relacionadas a la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, sexual y la violencia política.
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Agurcia, resaltó el tema de la conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (creado mediante decreto No. 239-2011), que es el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia.
Aguiluz dijo que este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que está integrado por el Poder Legislativo, el poder Judicial y la Fiscalía General de la República, entre otras, responden a las directrices del presidente de la República.
Dicho consejo catalogado por analistas extranjeros y hondureños como un supra-poder, sería el responsable de aumentar la militarización en la sociedad hondureña, destinando a las Fuerzas Armadas a actividades relacionadas a la seguridad pública de la nación.
Otro punto cuestionado por la Coalición contra la Impunidad y CEJIL es el aumento del presupuesto que la República de Honduras ha asignado a las Fuerzas Armadas y a los órganos de seguridad, en detrimento de otras secretarías de estado, tales como la de Educación y Salud.
En su intervención, el Procurador General de la República de Honduras, Abraham Alvarenga entregó el informe respectivo a la CIDH y dijo que no se referiría a otros temas porque no llegó preparado para responder en la audiencia.
“En los temas del retiro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), manifesté que en este momento la Policía Nacional se encuentra en un proceso de depuración y todos los números de las personas que han sido separadas de la institución, y obviamente el estado tiene que hacer uso de los recursos disponibles para poder enfrentar situaciones de criminalidad organizada que estamos viviendo en los últimos momentos”, justificó el funcionario.
Alvarenga añadió que es importante resaltar que la semana anterior, el Departamento de Estado de Estados Unidos, más bien avaló las decisiones del estado hondureño en materia de seguridad, les pido que leamos ese informe que habíamos realizado algunas acciones que nos avalan por esos temas.
“Y también resaltar que a los militares de la PMOP que están en labores de seguridad son capacitados en materia de derechos humanos y no son personas agarradas al azar de los cuarteles sino que han pasado por un proceso de formación”, sostuvo el funcionario.
En reacción a los temas expuestos, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, reaccionó decepcionado y burlado debido a la postura adoptada por el estado de Honduras especialmente en los temas relacionados a los privados de libertad, el aumento a los presupuestos de defensa y seguridad y a las reformas al Código Penal que contemplan figuras como el terrorismo y apología de terrorismo.
No le corresponde a las FFAA asumir funciones de seguridad pública
“Yo quería levantar unos temas, el primer tema que profundizamos en el informe sobre la situación en Honduras, tiene que ver con el espacio que ocupa en todo lo que tiene que ver con la gobernación de Honduras, las Fuerzas Armadas y la necesidad urgente de retirar las Fuerzas Armadas en la seguridad”.
Cavallaro sostuvo que en este aspecto, existe “una lógica invertida”, ya que de acuerdo con la posición del estado, los índices de homicidios han bajado, por lo que se podría autorizar la retirada de la presencia militar.
“Con todo respeto creemos en la Comisión, que hay una lógica invertida, es decir, se colocan las Fuerzas Armadas (FFAA) en las funciones de la seguridad, y después establecen como criterio, vamos a retirar las Fuerzas Armadas, cuando (éstas) consigan reducir los índices de criminalidad, cuando es una función que nunca debió haber sido delegada a las Fuerzas Armadas, así que nos gustaría que se aplicara otro criterio para retirar a las FFAA, el criterio de que no le corresponde esa función”, subrayó el presidente de la CIDH.
Cavallaro dirigiéndose al Procurador General de la República, Abraham Alvarenga, criticó los presupuestos millonarios destinados a las Fuerzas Armadas (FFAA) comparado con los raquíticos fondos destinados al Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Cavallaro dijo que a pesar de haber brindado recomendaciones a funcionarios de Honduras, durante su visita al país en la tercera semana de febrero de 2017, días después y en forma rápida, se aprobaron cambios que no fueron los que se habían discutido en cuanto a las reformas penales.
Queremos ayudar a mantener el diálogo con todas las partes, para que exista un mecanismo de consenso entre la sociedad civil y el estado, sostuvo Cavallaro.
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