Por Marvin Palacios
El defensor de la tierra y de los recursos naturales, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), y líder comunitario, Pedro Canales enfrentará solo un juicio, acusado por usurpación de tierras, mediante proceso promovido por la familia Facussé ante el Ministerio Público (MP).
El expediente09-10 que se encuentra en el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, contempla que se promovió en abril de 2010, requerimiento fiscal contra Pedro Canales, Ernesto Lazo, Wilmer Rivera Cabrera, Ethel Corea, Rafael Osorio, Santos Benito Pérez, Danilo Osorio y Franklin Meléndez, acusados por los delitos de usurpación y defraudación fiscal.
El delito de usurpación fue promovido por la Fiscalía, en vista que la familia Facussé sostiene que el terreno donde se edificó la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande, es reclamado como de su propiedad.
La Voz de Zacate Grande se localiza en un lote ubicado en la comunidad Puerto Grande en la península de Zacate Grande, departamento de Valle.
Cabe apuntar que la Fiscalía además de señalar que la instalación de la Voz de Zacate Grande en el lote en disputa, fue ilegal porque se edificó en un terreno de propiedad privada, también la emisora comunitaria ha operado ilegalmente, y transmitía “programas con ideologías revolucionarias y anárquicas”, lo que supone una calificación subjetiva frente a la libertad de expresión garantizada por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales.
El 5 de mayo de 2010 el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, en la Audiencia de Declaración de Imputado, resolvió decretar medidas sustitutivas a la prisión contra los imputados e imputada, prohibiéndoles salir del país sin autorización judicial y presentarse a firmar el libro de registro cada 15 días.
La defensa del terrateniente y agroindustrial Miguel Facussé (fallecido el 23 de junio de 2015) asegura que su representado posee títulos de propiedad en Puerto Grande, Playa Julián, Estero de la Joya, El Curil, Estero Los Guatales, Joya Grande y Estero del Golfito, entre otros.
La familia Facussé aduce que es dueña de varias tierras en Zacate Grande, porque posee Escritura Pública de compra-venta otorgada por Carmen Malespín y que estos documentos están inscritos en el Registro de la Propiedad de Choluteca.
Todos estos lugares se ubican en la península de Zacate Grande, región costera situada en el Golfo de Fonseca y donde residen cientos de familias pobres integradas en diez comunidades, y conformadas en su mayoría, por pescadores y agricultores.
El lugar contrasta con grandes edificaciones como casas de veraneo que se ubican a lo largo de la costa y que pertenecen a familias adineradas de los sectores políticos y empresariales del país.
En la Audiencia Inicial desarrollada el 27 de mayo de 2010, el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, consigna el requerimiento fiscal, presentado por la Fiscalía del Ministerio Público (MP) por el delito de usurpación en perjuicio de Miguel Facussé y la Administración Pública contra el presidente de la ADEPZA, Pedro Canales Torres, Santos Benito Pérez, Rafael Osorio, José Danilo Osorio y Wilmer Donacio Rivera Cabrera . En esta audiencia el tribunal resolvió decretar auto de prisión en contra los imputados.
El tribunal decretó también un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados por el delito de defraudación fiscal en perjuicio de la Administración Pública.
Sólo el presidente de la ADEPZA, Pedro Canales, enfrenta proceso judicial en Zacate Grande
Por otro lado, el juzgado resolvió dictar sobreseimiento provisional a favor de la defensora de derechos humanos, Ethel Corea, de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), Franklin Meléndez y José Ernesto Lazo y mantener las medidas cautelares establecidas en la Audiencia de declaración de Imputado a Pedro Canales Torres, Benito Baca, José Danilo Osorio y Wilmer Donacio Rivera Cabrera.
En dicho fallo el tribunal ordenó el desalojo inmediato del inmueble objeto de usurpación donde se encuentra la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, ubicada en Puerto Grande, que contaba con un muro perimetral.
La defensa de los imputados presentó un recurso de apelación frente este fallo, en donde sostuvo que la parte acusadora nunca presentó la prueba básica, como es la declaración del “ofendido” en torno a un minúsculo lote de terreno ubicado en la pequeña comunidad de Puerto Grande, cuyos derechos son reclamados en comunidad por más 75 labriegos en extrema pobreza ante el Instituto Nacional Agrario (INA).
La defensa alegó que la familia Facussé nunca ha poseído y tampoco tiene mejoras en el lote objeto del contencioso. “El acaparamiento de tierras desmedido de este señor (Miguel Facussé) por todo lo largo y ancho de la República lo lleva a ejecutar lo impensable que es atentar contra los derechos elementales de humildes campesinos como lo es el de la alimentación y vivienda”, expuso en su momento el abogado defensor Horacio Baquedano, quien representó a los acusados al inicio del proceso.
Al respecto el Tribunal de Alzada (Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle), el 16 de marzo de 2011 declaró sin lugar el Recurso de Apelación contra la resolución proferida en la Audiencia inicial de fecha 1 de junio de 2010, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle.
El 24 de enero de 2011, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró caducado de derecho y perdido el término concedido a recurrente, a un recurso de amparo promovido por la defensa de los pescadores acusados, de tal manera que la Sala de lo Constitucional sobreseyó dicho recurso.
La certificación de esta resolución fue extendida el 28 de febrero de 2011.
El 26 de marzo de 2014, el Juzgado de Letras seccional de Amapala, autorizó las salida del presidente de la ADEPZA, Pedro Canales para que pudiera participar en un evento desarrollado en Guatemala.
El 29 de marzo de 2014, la jueza Iris Amanda Hernández sostuvo que han transcurrido 5 años del proceso desde la emisión del sobreseimiento provisional a favor de la defensora de derechos humanos Ethel Corea, José Ernesto Lazo y Franklin Meléndez, por lo que se extingue la acción penal por el delito de usurpación, y se extiende carta de libertad el 29 de marzo de 2016.
Pero se reactiva el proceso penal por el delito de usurpación en contra del presidente de la ADEPZA, Pedro Canales, cuya audiencia preliminar ha sido fijada para el 29 de noviembre de 2016, previo al desarrollo del juicio oral y público.
Por lo tanto de los todos miembros de la ADEPZA que en su momento fueron acusados de usurpación, delito que después de 5 años fue sobreseído, únicamente se ha reactivado el proceso penal contra el presidente de la ADEPZA, Pedro Canales Torres, el rostro más visible de la lucha por la tierra y la defensa de las playas en la Península de Zacate Grande.
Al respecto Pedro Canales dijo a www.defemsoresenlinea.com que la radio comunitaria La Voz de Zacate Grade continúa operando en el mismo lugar donde fue edificada (es decir en Puerto Grande) y que ahora cuenta con autorización de la Comisión Nacional de telecomunicaciones (CONATEL) para operar en la frecuencia 89.1 FM para emitir su programación.
Consultado sobre el por qué todos sus compañeros fueron sobreseídos por el delito de usurpación, menos él, Canales respondió que se trata de una persecución política para descabezar a la ADEPZA.
Esto no deja de preocuparme, pero ellos lo que quieren es que se pare todo lo relacionado con la radio La Voz de Zacate Grande, que nadie haga nada y como yo siempre me he opuesto a negociaciones o a dialogar con esa gente, entonces van a proceder y con otras cosas más, sostuvo Pedro Canales, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
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