Por J. Donadín Álvarez (Escritor nacional)
En Honduras fácil resulta tildar de ilegal ciertas actividades que no gozan del beneplácito del gobierno por honestas que las mismas sean. Aquí está prohibida la protesta social, llamar corrupto al politiquero, reprobar al estudiante con rendimiento deficiente e incluso trabajar se ha convertido en una actividad ilegal. Sí, trabajar pareciera ya que es un delito.
El trabajo es factor de desarrollo. Claro está, sólo si hay reglas claras desde el Estado para la empresa generadora del empleo. De lo contrario, la disconformidad se hará presente y los resultados no serán satisfactorios ni para el empleado ni para el empleador. Sin embargo, ante la ausencia de un verdadero consenso tripartito entre el gobierno, la empresa privada y el trabajador ha surgido la denominada economía informal.
Esta actividad, que representa un cierto respiro económico para muchas familias, ha sido tildada de ilegal por el hecho que de acuerdo con la normativa nacional atenta contra la correcta recaudación tributaria estatal. En consecuencia, los vendedores ambulantes y los que se sitúan en las aceras de las ciudades, ya que no tienen un local adecuado para trabajar como ciudadanos responsables, son tenidos como morosos al Estado y por lo tanto son considerados como desagradables para la vista en las ciudades. Una dosis de violencia ha sido la respuesta del gobierno ante la recurrencia de los vendedores por sobrevivir en un país donde ellos se han visto como mano de obra rechazada por el sistema.
La concepción sobre la economía informal que afirma que ésta es competencia para el comercio formal no es plenamente cierta. Ningún vendedor informal se ha adherido a este tipo de economía por el simple hecho de no querer pagar impuestos. No se sabe, hasta el momento, de algún ciudadano que a costa de la economía informal haya obtenido jugosos beneficios producto de la evasión fiscal. “Sobrevivencia” es el lema de estos vendedores, nunca “abundancia”.
Toda ciudad es como la fotografía del sistema de un país. Saturación de vendedores ambulantes, niños y ancianos pidiendo limosnas junto a los semáforos, muchachos realizando acrobacias en la mitad de la calle, otros limpiando vidrios, etc.
Esto es lo que se observa a diario en las principales ciudades de Honduras. La realidad es que no se vive bien en el sector urbano y la población busca sobrevivir de mil maneras. Los sueldos de los que tienen un empleo son demasiado bajos en comparación con las necesidades familiares, hay un alto índice de desempleo puesto que los programas gubernamentales “Con Chamba Vivís Mejor” y “Mi Primer Empleo” que con tanta pomposidad anunció el gobierno han resultado una estafa publicitaria. Los pocos hondureños que se han insertado al mercado laboral este año carecen de todo bienestar social, no gozan de derechos socialmente adquiridos por la clase obrera y si se deciden a reclamar por algún incremento salarial su despido está asegurado.
Solucionar esta situación de la economía informal implica tomar en consideración la precariedad laboral de quienes participan de esta actividad y proteger la vulnerabilidad laboral en caso de proporcionarle un empleo decente al ciudadano. El gobierno debe pactar con el sector empresarial el respeto de los derechos laborales a cambio de una estabilidad jurídica en el país. ¿Será mucho pedir?
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