La instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos y proyectos turísticos están generando persecución, agresiones, amenazas, homicidios y desplazamientos en cientos de comunidades, la mayoría de las víctimas son las familias que luchan en defensa de la tierra, los ríos y demás recursos naturales.
Desde el gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, se han otorgado más de 100 concesiones de ríos para la instalación de proyectos hidroeléctricos y 950 concesiones mineras, según expertos equivalente al 33 por ciento del territorio nacional.
"Los gobiernos han otorgado estas concesiones a espaladas de nuestras comunidades y una hasta que ya se están instalando los proyectos comienzan a desarrollar lo que ellos denominan consultas mediante una serie de irregularidades”, denunció José María Pineda, de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
El dirigente indígena Tolupan, salió de su comunidad el 2013 debido a que su vida junto a la de varios dirigentes corría peligro. “Había orden de asesinar a 10 personas que nos oponíamos a la extracción de mineral y madera de nuestro territorio. Gracias a Dios pudimos salvar nuestras vidas, sin embardo tres indígenas fueron masacrados el mes de agosto de ese mismo año”, indicó.
El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 profundizó la instalación de proyectos extractivistas y entrega de territorios ancestrales, sin la consulta previa, libre e informada, contenida en el convenio 169, logrando con esto el despojo contra los pueblos negros e indígenas.
En el caso de la comunidad garífuna de Barra Vieja, Tela, en la zona norte hondureña, “la Empresa Nacional Porturia (ENP) íntimamente ligada a los empresarios del proyecto hotelero Indura Beach Resort, asociados al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) promotores del golpe de estado en honduras del año 2009, pretenden apoderarse de nuestra comunidad”, indicó José Armando miembro del patronato.
Manifestó que si eso se concreta más de 45O personas entre ellas 200 menores de edad se verán afectados por el despojo de la comunidad habitada hace 200 años por la población garífuna. Recordó que ya desapareció la comunidad garífuna de Miami ubicada en el mismo sector.
“Por la situación que atravesamos varias familias se han visto obligadas a salir de la comunidad, unas han migrado a Estados Unidos y otras a otros ciudades del país. Pero los que nos hemos quedado aquí en Barra Vieja hemos declarado que primero muertos antes de abandonar nuestras casas”, indicó el dirigente garífuna.
Hasta a los muertos quieren desplazar
En el municipio La Unión, Copán, en el occidente hondureño, la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), ya ha desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta un cementerio de la comunidad de Azacualpa, al querer sacar oro del lugar donde por más de 200 años sus habitantes han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos.
Fue en 1983 que el Estado de Honduras otorgó más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente oro, a la empresa Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la filial Minosa desde 2009. La empresa se ubica donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de seguir extrayendo oro, tiene intenciones de destruir el cerro del cementerio y la comunidad de Azacualpa.
Desde 2013, las comunidades del municipio de La Unión iniciaron una lucha para evitar el despojo de su comunidad y además frenar las intenciones de exhumar más de 250 osamentas para explotar el área del cementerio. Sin embargo el caso sigue en la misma situación en una lucha de David y Goliat.
Otro ejemplo de despojo es lo que hizo la empresa minera de capital canadiense Entremares. Esta empresa inicio en el año de 1990 con la extracción de Oro, cobre, aluminio, zinc y probablemente otros metales en el Valle de Siria en la zona norte del departamento de Francisco Morazán, donde fue desplazada la comunidad de Palos Ralos del municipio de El Porvenir, para dar paso a la extracción de mineral.
Ante las constantes denuncias hechas por los vecinos de las comunidades afectadas en el año 2008 la empresa canceló operaciones, después realizar la extracción en cerca de 300 hectáreas, dejando a su paso una estela de daños sociales y ambientales por el uso de químicos.
Se estima que cerca de 40 mil personas residentes en los municipios de Cedros, El Provenir y San Ignacio padecen afecciones en la piel, ojos irritados, ceguera, malformaciones y cáncer desde que Entremares inicio con la explotación.
Violaciones al derecho de la consulta previa
El sociólogo Elvin Hernández, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, advirtió que el desplazamiento de personas por esa causa configura una sistemática violación a los derechos humanos, señalando que antes de autorizar proyectos energéticos o mineros, es necesario consultar a los pueblos originarios.
Remarcó que es estrictamente obligatorio el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando autoridades o agentes privados planeen intervenir en sus territorios, a fin de determinar si los proyectos son aceptados o no.
Hernández señaló que el desplazamiento forzado del que son víctimas los habitantes de comunidades es responsabilidad de los gobiernos municipales y el gobierno central por lo que es preciso hacer cumplir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El Gobierno debe detener la invasión de las zonas habitadas por indígenas, ya que esto es una violación respecto a la necesidad de consultar a estas comunidades antes de llevar a cabo un proyecto que les afectará a ellas o a su territorio”, dijo.
Señaló que en 16 de los 18 departamentos del país existen distintos casos que ejemplifican esa situación, como la disputa entre habitantes de las comunidades y empresas quienes por medio de la fuerza planean construir represas hidroeléctricas o extraer oro, plata y otros minerales de los bosques protegidos por la población.
Honduras ratificó el pacto que da paso a la consulta previa con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero el Estado no procedió a adaptarlo a las leyes nacionales tal como lo sugiere la Convención de Viena sobre tratados de 1969 y en la actualidad organizaciones indígenas han denunciado que se busca reglamentar la consulta previa ignorando la verdadera esencia de la misma.
“Ya que la institucionalidad funciona en favor del gran capital a las comunidades no les queda de otra que apostarle a la organización y a la articulación de lucha con las diversas regiones del país, para que su lucha en defensa de los territorios sea escuchada y respetada”, concluyó Elvin Hernández.
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