Por Marvin Palacios
Con el acompañamiento de más de 20 organizaciones que respaldan la campaña “Defensoras de la Madre Tierra”, doña Austra Berta Flores, (madre de la dirigenta indígena Berta Cáceres Flores asesinada el 2 de marzo pasado), familiares y un grupo de mujeres lencas se movilizaron hoy en esta capital para exigir que se profundice en la investigación del asesinato y que se presenten ante los tribunales a los autores intelectuales del crimen.
En esta nueva movilización también se exigió que se emita una orden judicial para suspender la licencia ambiental y la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
La señora Austra Berta Flores presentó en el lanzamiento de la campaña “Defensoras de la Madre Tierra” realizada el 6 septiembre pasado, una petición a los parlamentarios Yuri Sabas y Yadira Bendaña, para que el Congreso Nacional discutiera y aprobara la cancelación del permiso de operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que impulsa la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por las implicaciones que tuvieron empleados de dicha compañía en la muerte de la reconocida ambientalista.
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) está involucrada en el asesinato de mi hija, ya no es un secreto o una denuncia silenciada, el mimo Ministerio Público (MP) lo confirmó al detener al responsable de los asuntos sociales y medioambientales, al ex jefe de seguridad de esa empresa y estamos seguras que hay muchos otros autores intelectuales aún en libertad”, señaló la madre de Berta Cáceres Flores.
El líder de la Coordinadora Indígena del Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga dijo a www.defensoresenlinea.com que la campaña está teniendo un efecto impactante que está moviendo conciencias, que está moviendo a la población para reclamar que se haga justicia, que se termine con la impunidad y que se termine con los asesinatos de mujeres luchadoras que han ofrendado su vida por defender los derechos humanos.
Ya se encuentra en el país a petición de los familiares de Berta Cáceres el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) integrado por Liliana Uribe de Colombia, Miguel Angel Urbina de Guatemala, Roxanna Altholz de Estados Unidos, Daniel R. Saxon de Holanda-Estados Unidos y Jorge Molano de Colombia.
Al respecto Olivia Marcela Zúniga Cáceres expresó que el GAIPE cuenta con un grupo de expertos internacionales con una experiencia ardua y con gran capacidad profesional investigativa de peritaje, que en las próximas semanas se hará oficial su presencia.
Consultada si el GAIPE tendrá acceso al expediente de Berta Cáceres declarado en secretividad por el Estado, Olivia Marcela dijo que “debe tener acceso, deben de permitir que ellos tengan acceso a toda la información, no solo del expediente sino que a todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora”.
“Nosotras reiteramos que el estado hondureño guardó silencio cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dijo que estaba lista para intervenir en el proceso investigativo, guardó silencio y hasta este momento, nosotras a petición de las víctimas este grupo que se llama GAIPE se hace presente a petición de la familia de Berta Cáceres.
Los manifestantes y las manifestantes demandaron de las autoridades hondureñas que se desapruebe en los tribunales de justicia la solicitud de conciliación realizada por la defensa del ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Jonathan Laínez Ordóñez a quien se le acusa por haber autorizado de manera ilegal, el contrato inicial del proyecto hidroeléctrico instalado en la comunidad de río Blanco, en el departamento de Intibucá.
“Aceptarle la solicitud de conciliación conllevaría a la extinción de la acción penal a favor del acusado y fomentaría la impunidad en un caso emblemático en el que la lucha de mi hija por los derechos de los pueblos indígenas, causó la ira del capital salvaje, nacional y transnacional, hasta que decidieron asesinarla”, detalló la madre de Berta Cáceres Flores.
Por otra parte exigieron ante los Juzgados de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, que se dicte auto de formal procesamiento en contra del ex viceministro Roberto Darío Cardona, porque existen pruebas de que él incumplió los mecanismos legales al ampliar la concesión a favor de la empresa DESA.
La madre de Berta Cáceres se dirigió públicamente al vocero oficial del Mecanismos de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, al Fiscal General, Oscar Chinchilla y al Procurador General de la República, Abraham Urbina; a quienes demandó “se profundice en las investigaciones de todo el proceso de licenciamiento y suscripción de los contratos de operación, aguas y suministro de energía, otorgados a favor de la empresa DESA, por los ex viceministros de la SERNA, Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
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