Por Javier Suazo
Los programas de ajuste estructural promovidos por los OFIs, tienen en las leyes marco sectoriales uno de los principales instrumentos para alcanzar sus propósitos, como ejemplo la sustracción de la competencia publica del gobierno en la prestación de los bienes y servicios públicos. Esta competencia aparece en la Carta Magna de los países como una responsabilidad de los Estados Nación, en tanto existe una demanda actual y potencial insatisfecha por la población y limitantes económicas para cumplirla; o sea, sin la participación del Estado es poco probable que la demanda sea cubierta.
Uno de los sectores estratégicos, es el sector energético. Inicialmente, las intervenciones en este sector estaban ligadas a la capacidad institucional para ampliar la cobertura en la entrega del servicio de energía eléctrica a la población, sin importar los costos, las fuentes y uso de la energía. Este esquema, en Latinoamérica y en el caso particular de Honduras, empezó a hacer “aguas” con la crisis financiera de los años 80s, por la acumulación de pagos de la deuda, déficits fiscales y problemas en la obtención de recursos externos para cubrir en forma sostenida la demanda del servicio.
Honduras inició en forma efectiva su programa de ajuste estructural de la economía en 1990; derivado de ello se aprobó en 1994 la primera Ley Marco de Subsector Eléctrico (decreto 154-94). Uno de los objetivos de la Ley es posibilitar la participación de actores privados en la administración y prestación del servicio, como también el separamiento de las funciones de planificación, ejecución, medición y regulación. Esta última a cargo de un nuevo ente, la Comisión Nacional de Energía (CNE), en teoría independiente de la politiquería barata y presiones de grupos y poderes económicos.
Los resultados fueron dañinos para la economía y sociedad. En primer lugar, aumentó en forma sostenida las pérdidas de la ENEE por la politización de la empresa y ausencia de un programa de inversiones de largo plazo; de 5% de perdidas reportadas se pasó a 20.6% antes del golpe de Estado. En segundo lugar, la CNE se convirtió en un ente ineficiente, político y corrupto que en nada abonó a la traída eficiencia y trasparencia de los OFIs con la reforma. Las llamadas emergencias energéticas promovidas muchas de ellas por funcionarios del gobierno, sirvieron para negociar la compra de energía térmica en condiciones desfavorables para el Estado hondureño. Pero además se abrió el mercado para las energías alternativas sin control, donde se evidenció una piñata en la entrega de los permisos para desarrollar proyectos con energías renovables o limpias (agua y viento por ejemplo), los cuales fueron copados por los propios empresarios térmicos que se beneficiaron de contratos leoninos otorgados por el Estado y avalados por la ENEE.
Se pensó que con el golpe de Estado (junio, 2009), los problemas anteriores serían cosa del pasado, y el nuevo gobierno pondría en práctica un plan de largo plazo para el sector bajo su liderazgo, tratando de eliminar la politización y corrupción en la ENEE, mejorando el sistema de control de pérdidas técnicas y no técnicas, aumentando el monto de las inversiones públicas para apalancar recursos de inversión privada, pero además fortaleciendo las funciones técnicas de regulación y control manejadas por la CNE.
La respuesta fue una profundización del ajuste estructural neoliberal, plasmado en la Ley de Saneamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-evasión ( decreto 238-2013 de diciembre de 2013), la Ley General de la Industria Energética (decreto 404-2013 de mayo de 2014) y el Acuerdo Stand-by con el FMI de diciembre de 2014, otorgando mayor participación a los actores privados en la prestación de los servicios, involucramiento de la banca privada en el manejo de fideicomisos, reducción y montos de los subsidios a abonados con consumos menores de 100 kilovatios hora, despido masivo de trabajadores, una nueva Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) bajo orientaciones teóricos y metodológicas de economía neoliberal (precios libres sin discriminación por sectores) y el ajuste progresivo (trimestral) de las tarifas por el uso de la energía.
En una coyuntura caracterizada por el aumento del desempleo y subempleo, devaluación acelerada, aumento en el precio de los hidrocarburos y pagos crecientes de intereses por aumento del servicio de la deuda externa con los OFIs y banca privada, el ajuste y pago mayor de energía por los abonados de clase media baja y microempresas de economía solidaria resultan leoninos, que sólo aquellos funcionarios del gobierno y FMI aplauden.
Los trancazos por aumento de la energía eléctrica, ha llevado a protestas públicas de los abonados, que han visto incrementado el pago de los recibos aunque el gobierno aduce que solo representa para el sector residencial 8.23 lempiras /kilovatio-hora, otorgándose un bono de 120 lempiras a aquellos que consumen menos de 75 kilovatio/hora, o sea los indigentes. Un nuevo ajuste está previsto para febrero de 2017, ya que la devaluación del lempira sigue su curso y hay evidencia que el gobierno no está anuente a trasladar las posibles rebajas esperadas en el precio del bunker. Pero además se agregan otros cargos, como el costo del alumbrado público, comercialización y regulación que realiza la CREE.
Los partidos de oposición al gobierno tratan de canalizar estas protestas de la población en compromisos de campaña política, como la del expresidente Zelaya Rosales que manifiesta que una vez reelecto presidente o su esposa, autorizará desconectar el Contador de la energía a 600,000 abonados para que no paguen la factura. Ello ha sido catalogado por funcionarios de la ENEE como un discurso populista, ya que implicaría pérdidas de 100 millones de lempiras diarios para la empresa. Lo cierto que se bien al Presidente Zelaya se le fue la mano, se estima que el Contador debe desconectarse a 400,000 abonados, ya que el ajuste neoliberal los golpeó tanto que se quedaron sin ingresos para pagar la energía y otros servicios públicos; si lo hacen no comen o comen salteado.
Una crítica repetitiva a la ENEE, es que las perdidas han aumentado (30%), pero no garantiza la reducción de las mismas, por lo que no es justo ni ético sacar de abonados sin trabajo y hambrientos estos recursos para realizar inversiones para cubrir el déficit y pagar las deudas. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Luis Larach, es del criterio que la población está dispuesta a pagar el mayor costo de la energía eléctrica, pero el problema es que no tiene trabajo. No dice nada de la deuda que tienen las empresas y grandes abonados con la ENEE, y de los contratos leoninos aprobados donde se autoriza por decreto el pago de energía a las empresas por encima del costo marginal o del costo promedio del mercado.
Sobre este punto los funcionarios del FMI guardan silencio, ya que están interesados más en cómo aumentar los ingresos de la ENEE cada tres meses.
Estos cobros y ajustes a los contratos leoninos con empresas térmicas y de energía renovable pueden ayudar a bajar la deuda de 20,000 millones de lempiras que tiene la ENEE. Igual, ya es tiempo de trasladar parte de las ganancias del gobierno por impuestos al consumo de gasolina a los abonados de la ENEE que enfrentan problemas de empleo e ingresos, en tanto se paga doble por el mantenimiento de las carreteras (peaje y tasa de fondo vial) que se supone es el destino de este impuesto. A un mayor plazo las rebajas esperadas en el precio de los hidrocarburos debe traducirse en menos costos para estos abonados, pero conviene revisar la política de devaluaciones progresivas del lempira que al vuelto prohibitivo, entre otras cosas, la energía y el acceso a medicamentos para el pueblo hondureño.
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