El Poder Judicial hondureño expresó oficialmente que no reintegrará a los jueces y a la magistrada destituidos de manera arbitraria, a partir del Golpe de Estado que ocurrió en el país en 2009. Como única justificación, las autoridades alegaron que la restitución no es posible porque supuestamente no hay plazas disponibles.
En lugar de cumplir con la reincorporación a sus cargos, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia, el Estado quiere imponerles el pago de una indemnización.
Es importante recordar que la Corte IDH señaló en su sentencia que no llevar a cabo la reincorporación “podría generar un temor en los demás jueces que observan que sus colegas son destituidos y luego no reincorporados aun cuando la destitución fue arbitraria. Dicho temor también podría afectar la independencia judicial, ya que fomentaría que los jueces sigan las instrucciones o se abstengan de controvertir tanto al ente nominador como al sancionador”.
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazan la justificación dada por el Estado de Honduras ya que tanto la Constitución Política como la ley hondureña otorgan amplias facultades a la Corte Suprema de Justicia para crear las plazas necesarias para la reincorporación. El pasado mes de octubre, sin ir más lejos, nombraron a cuatro jueces de sentencia en San Pedro Sula, lo cual demuestra que —de haber habido voluntad— estos cargos pudieron ocuparse con los jueces destituidos.
Hoy se cumple el plazo para que el Estado lleve a cabo la reincorporación ordenada por la Corte IDH. Lamentablemente, no existe voluntad política por parte de las actuales autoridades y más bien se ofende a las víctimas al realizar ofrecimientos de dinero como única medida posible.
“Tenemos 6 años de esperar que haya justicia ante las violaciones que sufrimos, creemos que la única respuesta posible para resarcir el daño que se nos ha causado es que podamos retomar nuestras labores. El Estado tiene las facultades pero rehúsa hacerlo para así amedrentar a otros jueces y juezas”, expresó Tirza Flores, que se desempeñaba como magistrada al momento de la destitución.
El 10 de octubre pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) iniciaron la campaña “Golpe de Justicia”, que recibió un amplio apoyo de personas y organizaciones de dentro y fuera de la región, expresando su solidaridad con los jueces y la magistrada en una carta pública al presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta. En esta carta solicitan que la Corte Suprema de Justicia “cumpla y reintegre a las víctimas en sus puestos de trabajo, siguiendo los términos de la sentencia aludida”, considerando la obligatoriedad de las decisiones del Tribunal Interamericano.
“No descansaremos hasta que el Estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales y nos reintegre en el cargo”, concluyó Guillermo López Lone, uno de los jueces afectados.
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