ALBA SUD
Por Giorgio Trucchi
Una comunidad garífuna resiste los ataques del Estado hondureño para facilitar el desarrollo de un magaproyecto turístico, Indura Beach and Golf Resort. Despojo, represión y resisitencia marcan la agenda de un largo conflicto.
El pueblo garífuna está conformado por 48 comunidades situadas a lo largo del litoral atlántico de Honduras. Pese a las fuertes presiones ejercidas durante décadas por actores políticos y económicos interesados en el acaparamiento y explotación de los bienes comunes de la naturaleza y la tierra, el pueblo garífuna se ha resistido a abandonar su territorio ancestral y ha emprendido una larga lucha en defensa de su derecho a existir.
Una historia de acoso
Muchos son los intereses que giran alrededor de esta zona de Honduras: desde la construcción de complejos turísticos y propiedades vacacionales, pasando por proyectos de explotación minera, proyectos hidroeléctricos y de expansión de monocultivos a gran escala, hasta incipientes proyectos de exploración y explotación petrolera. Todo en medio de una creciente militarización de los territorios. En el contexto de esta orgía fagocitadora el caso de la comunidad garífuna de Barra Vieja representa un claro ejemplo de despojo cínico y brutal.
La presencia del pueblo garífuna en la zona se remonta a 1885, cuando ante las presiones de las compañías bananeras tuvo que desplazarse de Tela y buscar otro lugar de la bahía donde reubicarse, el Cocal. Fue así que en 1919 se fundó la comunidad de Barra Vieja, la cual tuvo que esperar hasta 1950 para ser registrada en la municipalidad de Tela. Ese reconocimiento no fue suficiente para evitar que en 1975 el Estado de Honduras procediera, de manera unilateral y sin consultar al pueblo garífuna, a donar estas tierras a la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Esta acción de despojo fue solo el inicio de un proceso acelerado de usurpación de tierras ancestrales del pueblo garífuna, que continuó con la aprobación de leyes que permitieron la ampliación del casco urbano de las municipalidades, así como la emisión de títulos definitivos por el Instituto Nacional Agrario (INA) que excluyeron el hábitat funcional de las comunidades garífunas.
Un megaproyecto turístico en Barra Vieja
Para los habitantes de Barra Vieja los problemas se agudizaron con la construcción del megaproyecto turístico Los Micos Beach and Golf Resort, conocido como Bahía de Tela y hoy definitivamente rebautizado Indura Beach and Golf Resort. Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), empresa responsable del proyecto, está conformada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que detiene el 49% de las acciones y representa el sector público, y por el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT), un conglomerado de empresarios y grupos económicos nacionales entre los más poderosos del país. FHIT detiene el 51% de las acciones y su presidente es el magnate hondureño de origen árabe palestino Camilo Atala, que también es presidente ejecutivo del coloso Grupo Financiero Ficohsa.
El complejo turístico Indura Beach & Golf Resort, que a partir de este año es parte de la cadena hotelera Hilton Worldwide Collección marca CURIO, se instala sobre un terreno de 312 hectáreas que el IHT vendió en 2003 a DTBT por 19 millones de dólares, y que colinda con la comunidad de Barra Vieja. Se inauguró a inicios de 2014 con una inversión de unos 130 millones de dólares, cuenta con más de 3 km de playa con acceso exclusivo y con un campo de golf de 18 hoyos que ya es parte del prestigioso PGATour Latinoamérica.
En un amplio reportaje realizado en 2010 por Alba Sud analizábamos los principales impactos del proyecto sobre las cinco comunidades garífunas ubicadas en la Bahía de Tela, así como dábamos espacio a los argumentos de DTBT en el marco de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS) impulsada por el IHT, que persigue transformar el litoral Caribe hondureño en el “Cancún de Centroamérica”.
El entonces presidente del patronato de Barra Vieja, José Armando Santos, así se expresaba: “Lo que de verdad quieren son nuestras tierras y estamos indignados. Como somos una comunidad que no se vende nos ven como enemigos”. El gerente general de DTBT, José Antonio Gutiérrez,negaba tajantemente la intención del consorcio de adquirir más tierra para ampliar el proyecto.
Poco tiempo después, la comunidad de Barra Vieja fue objeto de un delicado caso de judicialización de todos sus miembros.
Despojo y desalojo
Tras la destrucción ocasionada por el huracán Mitch en 1998, parte de la población de Barra Vieja decidió emigrar. En varios de sus escritos, la Organización Fraternal Negra Hondureña(Ofraneh) recuerda que a partir de 2003 los jóvenes de la comunidad decidieron regresar a ocupar sus tierras ancestrales y a defender el territorio garífuna. A raíz de ello, en el 2007 el IHT interpuso, a través de la ENP, una denuncia ante la fiscalía de Tela contra la comunidad de Barra Vieja por la presunta usurpación de tierras estatales.
“Desde pequeños nuestros padres siempre nos enseñaron que estas tierras eran nuestras, pero malos dirigentes se confabularon con las autoridades y fuimos perdiendo pedazos de territorios. Empezaron a arrinconarnos y aunque tengamos personería jurídica y el Estado nos reconoce como comunidad garífuna, siempre se nos negó el derecho a tener un título comunitario. Prácticamente quedamos en riesgo de desaparecer”, explicó a Alba Sud, Carlos Castillo, actual presidente del patronato de Barra Vieja.
“Ahora dicen que la comunidad de Barra Vieja no existe, que usurpamos estas tierras a la Empresa Nacional Portuaria y que no tenemos derecho de estar aquí. Pero yo nunca he visto que la ENP tuviese una oficina en Barra Vieja, ni que su personal viviera acá. Es evidente que con esta maniobra burda pretenden adueñarse de nuestras tierras para que sean explotadas turísticamente, como ya lo hicieron en la Bahía de Trujillo”, manifestó el dirigente garífuna.
La denuncia presentada en 2007 por la ENP derivó en la presentación de un requerimiento fiscal contra 83 miembros de la comunidad de Barra Vieja, entre ellos los 8 integrantes de la junta directiva comunitaria. Todos fueron acusados de usurpación de tierras estatales.
En abril de 2014 la Corte de Apelaciones emitió una orden de desalojo, la cual se llevó a cabo el 6 de agosto del mismo año. “Una fuente nos avisó un día antes de que nos iban a desalojar y esto permitió organizarnos. Cuando llegaron los policías –entre 50 y 60 efectivos– no opusimos resistencia para evitar que arremetieran con violencia contra la comunidad. Dejamos que sacaran los enseres de las primeras casas y luego, cuando se alejaban para continuar con el desalojo, los volvíamos a meter. Esto nos hizo ganar tiempo y finalmente no pudieron sacarnos de la comunidad”, recordó Castillo.
El 22 de septiembre, el Juzgado de Tela ordenó un nuevo desalojo que se llevó a efecto una semana después. El día 30 de septiembre llegaron más de cien entre policías y militares sembrando zozobra y terror en la pequeña comunidad de unas 45 hectáreas. “Los que más sufrieron fueron los niños, niñas y ancianos, que no están acostumbrados a ver este despliegue de personas fuertemente armadas. Hay niños que aún sufren de problemas psicológicos. Cuando llega gente extraña a la comunidad piensan que son los militares que vienen a desalojarnos. Cuatro ancianitos fallecieron en los días sucesivos al nuevo intento de desalojo”, lamentó el presidente del patronato de Barra Vieja.
La población esperó la noche y retornó a sus moradas. La Ofraneh denunció internacionalmente que, a pesar de la existencia de órdenes de desalojo emitidas por el Juzgado de Tela, éstas “no estaban sustentadas por ninguna sentencia donde se señalara el delito de usurpación”. De esa manera, la organización garífuna demostró que se trataba de un abuso de autoridad de parte del Ministerio Público y el de Seguridad.
Un fallo histórico
Barra Vieja sobrevive solamente gracias al esfuerzo y valor de sus habitantes. Aquí el Estado no existe, como no existe la energía eléctrica, el agua potable, el alcantarillado y saneamiento, la salud y la educación. Las únicas fuentes para sobrevivir son la pesca, la venta de coco y pan de coco, el pequeño comercio. De las 159 familias originarias de la comunidad actualmente quedan unas 40. Muchas personas están emigrando, otras buscan trabajo en las comunidades vecinas o en Tela, y regresan los fines de semana. Niños y niñas tienen que viajar hasta Tornabé para poder recibir clase, y la difícil situación económica ha elevado la tasa de deserción escolar. Y si alguien se enferma de gravedad hay que recorrer kilómetros -muchas veces a pie- para que lo atiendan.
"No sé cuántas veces hemos solicitado al Estado que nos garantice los servicios básicos para poder vivir dignamente, pero nunca tuvimos respuesta. Quieren nuestras tierras para ampliar el proyecto turístico, pero siempre nos negamos y ahora estamos recogiendo los primeros frutos de nuestra resistencia”, indicó Castillo.
En mayo de 2015 inició el juicio Oral y Público contra los miembros de la comunidad. Dos meses después el Tribunal de Sentencia de Tela dictó un fallo a favor de 75 personas que habían sido acusadas de usurpación de tierras, quedando pendiente la audiencia contra los 8 miembros de la junta directiva del patronato de Barra Vieja. De hecho, la ENP nunca pudo demostrar ser dueña de la tierra donde está ubicada la comunidad de Barra Vieja.
Un año después, el 9 de septiembre de 2016, el tribunal absolvió a los 8 directivos y reconoció que nunca cometieron el delito de usurpación. Ambas sentencias absolutorias fueron apeladas a través de un recurso de casación interpuesto por la ENP ante la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Aún se espera la decisión de los magistrados para que las sentencias queden firmes.
En repetidas ocasiones, la Ofraneh denunció que el caso de Barra Vieja es también una violación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y de la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De igual manera infringe el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece el derecho a la propiedad privada. “De quedar firme la sentencia favorable a nuestra comunidad, el Estado ya no tendría ningún argumento para negarse a entregar nuestro título comunitario”, concluyó el dirigente garífuna.
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