Pech, lencas, garífunas y cientos de mujeres y hombres de distintos pueblos y comunidades de Honduras llegaron a la capital Tegucigalpa con el objetivo de articular un frente común por la defensa de los bienes comunes y analizar la situación del país frente al extractivismo.
La Cumbre de los Pueblos y Comunidades en la Lucha Contra el Extractivismo también fue un espacio para intercambiar experiencias y analizar la realidad de un país que violenta las leyes para entregar los recursos naturales y territorios ancestrales al capital nacional y transnacional.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), explica que en las jornadas de trabajo y análisis se construyó un mapa de identificación de las zonas en donde el Estado hondureño ha entregado a las empresas nacionales y transnacionales los bienes naturales y el territorio.
“Nos damos cuenta que el extractivismo no solamente se refiere a la minería y las represas, estamos hablando también que nos encontramos con proyectos que están destruyendo el ambiente con la producción masiva de palma aceitera, estamos viendo el tema de la biomasa, las eólicas, pero también tenemos gente que está en la lucha contra el peaje”, detalla Miranda.
En la Cumbre, que dio inicio el domingo 13 y finalizó el martes 15 de noviembre, se visibilizó que en Honduras existen 714 proyectos extractivos que son parte de un modelo de despejo generador de un “acelerado caos climático, violencia e inseguridad, migración, desalojo forzado, desplazamiento de pueblos y comunidades”.
El espíritu de lucha de la defensora Berta Cáceres, asesinada el pasado 02 de marzo, arrecia la articulación para la defensa de los territorios en las comunidades y pueblos en resistencia contra el extractivismo, dice Zulema Cruz, quien integra el Consejo Lenca Mesa Grande de Santa Ana, Francisco Morazán.
Zulema y el Consejo Lenca Mesa Grande resisten a la extensión del parque eólico “Cerro de Hula” que está a cargo de las empresas españolas Iberdrola Ingeniería y Gamesa: “existe un parque porque no sabíamos que estábamos amparados en el convenio 169 de la OIT, nos organizamos y hemos hecho resistencia y hasta este momento hemos detenido la ampliación”.
Al igual que en el resto de los pueblos y comunidades, en Mesa Grande las autoridades municipales, encabezadas por el liberal Jorge Sandres, y el gobierno ha violentado el proceso de consulta previa, libre e informada.
“La mayor presión la recibos del alcalde Sandres y sus regidores. Hay acoso, persecución y las amenazas de un grupo paralelo”, cuenta Zulema.
La comunidad lenca Mesa Grande desde el 2012, cuando el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa inauguró la primera etapa, ha comenzado sentir y sufrir los efectos del parque eólico “Cerro de Hula”.
“A parte de la radiación que recibimos, sabemos provoca cáncer, los decibeles o el nivel del ruido que ocasionan estás eólicas han provocado sordera en personas muy jóvenes”, indica Zulema.
La lucha en un escenario político-electoral
Luego que el presidente nacionalista Juan Orlando Hernández, quien durante su paso por el Congreso Nacional y su actual gestión como presidente de Honduras entregó el país a pedazos oficializara su candidatura reeleccionista, la defensa de los territorios y los bienes naturales se enfrentará al incremento de la criminalización, militarización y el “crimen organizado político”, asegura Betty Vásquez, integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
“La lógica del extractivismo está sustentada en el posicionamiento y sostenimiento de la derecha en los países de América Latina. Nos preocupa que la manipulación política, el chantaje y el populismo de este gobierno deslegitimen la lucha con sus programas de Vida Mejor y decir nosotros somos alternativa”, manifiesta Vásquez.
Agrega que ante el acrecentamiento de la criminalización y el despojo de los territorios los pueblos y comunidades deberán intensificar lucha por el respeto a sus derechos entre ellos la consulta previa, libre e informada: “y eso pasa por tomarlo con mucho arraigo y mucho coraje como lo está haciendo la gente de Río Blanco que a pesar de esas campañas en contra las comunidades continúan en resistencia”.
Durante la cumbre, convocada por la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, se exigió la cancelación de todos los proyectos extractivos dentro de los territorios que ponen “en riesgo la vida de los pueblos y comunidades”.
Demandaron al gobierno la derogación de las leyes que permiten la inversión de proyectos extractivos generadores de destrucción, corrupción y violación a los derechos humanos.
Tomas Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asegura que la Cumbre, en la que estuvieron presentes más de 400 comunidades, reforzará el planteamiento de dicha organización contra el modelo extractivista y neoliberal.
“Para nosotros es importante porque uno de los blancos es poder derogar la Ley de Minería, porque esa Ley es la muerte, es el asesinato de nuestras compañeras y compañeras”, apunta Gómez.
Comenta que desde el COPINH se propone impulsar asambleas comunitarias para dejar en claro sus posicionamientos que irán acompañados de movilizaciones que presiones la derogación de las leyes que dan paso libre modelo de despojo y privatización.
“Sumemos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común”, concluyeron en la Cumbre de los Pueblos y Comunidades en Lucha Contra el Extractivismo.
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