Desde el golpe de Estado de junio 2009, varias comunidades campesinas del Bajo Aguán, están experimentado una alarmante situación de violencia, represión y asesinatos vinculados estrictamente a la lucha por el acceso a la tierra. Los últimos asesinatos se suscitaron el pasado 18 de octubre donde a punta de balas fueron masacrados; el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, MUCA margen derecha, José Ángel Flores y el campesino Silmer Dionisio George, ambos de la empresa campesina La Confianza, en Tocoa, Colón, zona atlántica hondureña.
Los recientes asesinatos, amenazas a muerte a decenas de dirigentes campesinos y otros hechos que afectan gravemente sus vidas, son el día a día de las familias campesinas en el Bajo Aguán. Sin embargo “el gobierno y demás instituciones no han hecho nada para investigar los asesinatos y las demás violaciones a los derechos humanos, mucho menos a iniciar el proceso de ejecución de una verdadera reforma agraria integral”, indicó un dirigente campesino quien pidió anonimato.
Recordó que “con la bota militar en nuestros cuellos el 13 de abril del 2010 firmamos un acuerdo con el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el que contempla la adjudicación de 11 mil hectáreas de tierra y la ejecución de proyectos sociales en educación, salud y vivienda, lo que hasta la fecha el Gobierno adeuda 7,023 hectáreas de tierra, y la realización de proyectos sociales. Esto que refleja la incapacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos”.
“Como organizaciones campesinas y de derechos humanos señalamos como los responsables de los asesinatos y amenazas a muerte, a la presencia de policías y militares amparados bajo la Operación Xatruch, a paramilitares y a sicarios que operan en total impunidad, todos estos sectores están al servicio de terratenientes palmeros y crimen organizado”, aseguró el dirigente campesino.
“Solo los que vivimos en los campamentos campesinos sabemos la peligrosidad que significa luchar por un pedazo de tierra. Aquí nadie está a salvo incluso está podría ser mi última entrevista porque estoy amenazado a muerte. Imagínese que hemos llegado al extremo de no tener certeza quién es autoridad o quién es sicario, porque en muchas ocasiones vemos a guardias de seguridad de los terratenientes palmeros con uniformes militares y con armas de grueso calibre, y eso todo mundo lo sabe, sin embargo no se hace nada”, indicó.
Alrededor de 130 personas han sido asesinadas y otras seis desaparecieron entre 2008 y 2016 a causa del conflicto agrario en el Bajo Aguán, según organizaciones de derechos humanos en la zona. Un total de 92 campesinos, 14 guardias privados, un militar y un policía, además de otras 15 personas, entre civiles y apoderados legales de movimientos campesinos, murieron en el período estudiado en el marco del conflicto entre labriegos y terratenientes, según un informe.
Infiltraron al movimiento campesino
Teniendo en cuenta que la lucha por el acceso a la tierra es justa y limpia, esta semana los hijos del presidente MUCA, asesinado la semana anterior, hicieron pública la información que su padre les confió donde daba detalles de las violaciones a los derechos humanos en la zona, y nombre de una supuesta banda paramilitar que opera en la región.
Ángel Lenin Flores, hijo de José Ángel Flores, quien era presidente del grupo campesino desde enero del 2015, mostró ante medios de comunicación copia de una documentación que contiene detalles de algunos crímenes ocurridos.
Según sus declaraciones, Celeo Rodríguez, un supuesto exmilitar que junto a 27 personas más operan en el Bajo Aguán con la complicidad del gobierno y terratenientes, es la persona que estaría detrás del crimen contra el presidente del MUCA. Celeo Rodríguez Bautista es yerno de don Rafael Alegría, diputado del Partido LIBRE y reconocido activista del movimiento campesino.
Por su parte la esposa des asesinado dirigente campesino dijo que Celeo Rodríguez cometió el crimen “porque no quería que José Ángel fuera justo y como él era injusto en la empresa, o será que está bien pagado por los terratenientes, porque para que el Ministerio Público de Tocoa, no actúe, ni la policía, ni nadie, entonces es que tiene dinero y paga bien a los fiscales, a los jueces y a los policías”, indicó.
La información le fue entregada en el 2013, con un agregado en el 2014, en el 2015 se presentaron denuncias formales en la fiscalía. Denunció que hay órdenes de captura y que la fiscalía, los militares y la policía no han hecho nada para ejecutarlas.
Añadió que su padre hablaba de que lo iban a desaparecer, que lo iban a enterrar en las fincas, de que varias veces le hicieron atentados con arma de fuego y que sobrevivió, “constantemente él ponía estas denuncias, y no hizo nada el gobierno”, indicó.
“Las familias campesinas del Bajo Aguán en su mayoría son personas sanas y nuestra lucha es justa, lo que pasa es que en los últimos años los terratenientes han infiltrado los grupos campesinos desde donde han operado algunos paramilitares”, indicó el dirigente campesino Vitalino Álvarez.
Más campesinos amenazados
Además de exigir que el asesinato de José Ángel Flores junto a Silmer no quede en la impunidad, Yony Rivas, quien integrante de Plataforma Agraria del Valle del Aguán, denunció que a él, Vitalino Álvarez, vocero del Muca y otros dirigentes campesinos están en una lista de campesinos a asesinar y estaría ofreciendo 50 mil lempiras por la “cabeza” de cada uno.
“No podemos quedarnos callados cuando ya días nos han querido matar, no podemos seguir ocultando lo que está pasando en el Bajo Aguán y que es una política desde bandas formadas por paramilitares”, aseguró.
Por el peligro al que están expuestos, al menos 20 campesinos están saliendo de la zona por miedo a perder la vida, pues fueron testigos presenciales del doble asesinato, al terminar una reunión donde había más de 60 personas, 40 que conforman las seis empresas campesinas del MUCA y unas 20 que andaban comprando en la tienda de consumo La Confianza.
José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, respectivamente, desde el 8 de mayo del 2014 tenían medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), dirigidas a 123 campesinos y campesinas lideresas del Bajo Aguán, por considerárseles amenazados, perseguidos y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo.
Entre los beneficiarios de estas medidas otorgadas por la CIDH están, tres personas pertenecientes al Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA), cinco personas a Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), 83 personas al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y 32 personas al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
Así como Flores y George, otros beneficiarios de medidas cautelares, que debiera ejecutar el Estado de Honduras para salvaguardar su vida, han sido asesinados y sus muerte permanece en la impunidad.
Ya se había anunciado
“Escuadrones de la muerte para exterminar a líderes y lideresas en El Aguán, departamento de Colón, han resurgido para mantener a sangre y fuego proyectos de la industria extractiva en el sector”, denunció a través de Radio Progreso el dirigente campesino Yoni Rivas, el 17 de mayo de 2016.
“De acuerdo a información en poder de la dirigencia campesina estos grupos han participado en conjunto con paramilitares, aunque “uno de los escuadrones se disolvió porque llegaron a formar parte 16 jóvenes que por falta de un trabajo les hicieron creer que esta era una oportunidad para salir adelante y no fue así”, agregó.
Rivas describió que los jóvenes fueron sometidos a seis cursos de entrenamiento de guerra y luego fueron asignados para conformar lo que se conoció como el Escuadrón de la Muerte número Dos y les entregaron un listado que decía “Recolección de cabezas del Aguán”, cuyo objetivo era asesinar a quienes aparecían enumerados y que en su mayoría son líderes y lideresas en la zona.
Aún y cuando fue disuelto este escuadrón se tiene conocimiento de se conformaron nuevos grupos de exterminio hacia la dirigencia, acotó. Yoni Rivas expresó ante esta situación que “esto lo decimos con plena seguridad, con absoluta firmeza porque tenemos la información de todas las estrategias que utiliza este poder fáctico en el país para terminar contra quienes nos oponemos al daño, al saqueo de nuestras tierras”.
¿De dónde viene y cómo inicia el conflicto agrario?
Con la implementación del proceso de la Reforma Agraria en los años 70s y 80s, en varias regiones del país, convirtieron especialmente al Bajo Aguan, en la capital de dicha reforma, por la gran extensión de tierras cedidas a los campesinos para la producción agrícola. Es así que se forman 84 cooperativas de las cuales 57 se orientaron a cultivar e industrializar aceite de palma africana.
Sin embargo a principios de la década del 90, se entra a un proceso de CONTRA Reforma agraria, cuando el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas, crea la “Ley de Modernización y Desarrollo para el Sector Agrícola”, que cercenó los preceptos fundamentales de la Ley de Reforma Agraria, esa Ley de Modernización vino a lesionar los intereses del campesinado hondureño, ya que abrió el camino para que las tierras de la reforma agraria que estaban en manos de los campesinos, fuera un bien para la venta, aunque en Ley de Reforma Agraria estaba totalmente prohibido.
La ley en mención se convirtió en la estrategia política de funcionarios estatales en sociedad con empresarios codiciosos para convertirse en propietarios de alrededor de 28 mil manzanas cultivadas de palma africana. El proceso concluyó con la venta de los activos de 40 empresas campesinas, los que se concentraron en manos del ya desaparecido Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Este fenómeno sigue siendo objeto de investigación por la multiplicidad de errores y violaciones a la ley ejecutados con el objetivo de garantizar que los empresarios mencionados pudieran “quedarse” con los activos de las cooperativas.
Esto sin duda generó una enorme cantidad de personas sin tierra y la concentración de la misma en pocas manos, acentuándose el marginamiento y la exclusión social del campesinado. Esta situación 20 años después, es lo que provoca el conflicto del bajo Aguán, ya que en el paso de los años, la población del campo va en crecimiento acelerado a la vez, agobiada por la pobreza, los campesinos vuelven su mirada a las tierra que habían tenido en posesión y producían. Lo cual provoca su interés en la recuperación de dicha tierra, generándose así una serie enfrentamientos con los empresarios.
Fue en diciembre del 2009 que después de varios años de organización el MUCA, con la participación de 28 grupos de campesinos integrados por personas que no fueron beneficiadas por la reforma agraria, hijos e hijas de los socios de las cooperativas absorbidas por los terratenientes, iniciaron un proceso alrededor del reclamo de las tierras que fueron declaradas para fines de reforma agraria desde los años 70 y que pasaron de forma “fraudulenta” a manos de empresarios.
Desde entonces, el derramamiento de sangre ha sido evidentemente mayor del lado campesino, y la muerte apunta desde todas direcciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario