En Honduras todo es posible siempre y cuando creamos o usemos la imaginación. Hace siete años, el país vivió una de sus peores crisis políticas, cuando un golpe de Estado abrió una etapa de conflicto entre los grupos promotores del golpe y la población en resistencia. El principal argumento del golpe fue evitar la reelección y conservar la democracia en el país. En aquél momento nadie se imaginaba que esa realidad cambiaría tanto siete años después.
En el 2009 nadie creía que la moneda daría vuelta y con ella el criterio de los involucrados. Por una parte los promotores del golpe se apegarían a la propuesta de reelección y los que en aquel momento mostraban oposición al golpe, ahora lo plantean como una opción viable.
“Es lamentable la situación que vive el país, lo que era malo antes ahora es bueno, son cosas que causan indignación y que responden a los planes de los empresarios y quienes dominan el país para cuidar sus intereses”, dijo en una entrevista a Radio Progreso el dirigente popular Ruy Díaz.
Díaz se refirió al momento que atraviesa el país, donde el presidente Juan Orlando Hernández oficializó sus intenciones de continuar en el poder por cuatro años más, reglamentando la reelección, proceso que en el 2009 generó tanta polémica que culminó en un golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
El golpe del 2009, trajo consigo un gobierno de transición encabezado por Porfirio Lobo Sosa, complementado por Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional y luego fortalecido por él mismo en la presidencia al suceder a Lobo.
Al final la crisis del 2009 se sofocó gracias a los acuerdos con los opositores, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la aplicación de un modelo económico y político que tiene contra las cuerdas a la población hondureña.
Las aspiraciones reeleccionistas del presidente, son el resultado del plan estratégico implementado durante los últimos siete años por Juan Orlando Hernández y que lo fortalecen para inscribir su candidatura con el apoyo de los sectores que en el pasado condenaron la reelección.
Jugando al Ajedrez
Hasta el que nunca ha jugado al Ajedrez sabe que se caracteriza por estrategias y tácticas, sin mencionar las particularidades que encierra la complejidad del juego. Pero los movimientos registrados en los últimos siete años nos dejan claro que un sector de la clase política nacional ha sabido mover sus piezas con fineza y sutileza a tal punto de parecer una partida perfecta de Ajedrez.
El golpe de Estado del 2009 fue un importante experimento para el sector empresarial del país, este acontecimiento les enseñó cómo manejar crisis políticas y cómo establecer alianzas para cuidar sus intereses.
“El golpe del 2009 fue un evento que generó polarización, además produjo una enseñanza importante para la burguesía, hablamos de cómo aprender a manejar los conflictos: por una parte reprimieron todo lo que pudieron, luego concretaron alianzas y por último fortalecieron un gobierno de transición, un gobierno que verdaderamente cuide sus intereses”, dijo el analista Efraín Fajardo.
Los cuadros más experimentados de la derecha en Honduras, tuvieron que pensar tal y como lo haría un competidor de Ajedrez en un torneo internacional, quien enfrentando un escenario complejo ve a su rey amenazado por un conjunto de peones en la casilla siete y se encuentra obligado a definir movimientos acertados para salir de la crisis y ponerse de inmediato al ataque.
Eso sucedió con los promotores del golpe, para mantenerlo tenían que ser fríos y calculadores en sus movimientos, porque en ese momento se produjo una fuerte reacción de resistencia, que en determinados momentos puso en jaque a la clase política obligándolos a actuar de forma inmediata.
La primera salida a la amenaza fue reprimir. Durante la crisis del 2009 muchas personas perdieron la vida, además se aumentaron las represiones, persecuciones y desaparecimientos. La segunda fue entablar una táctica de desgaste y alianzas que llevaron a consolidar un pacto con los representantes del Frente Nacional de Resistencia Popular y del expresidente Zelaya, que a través de la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, lograron firmar la paz a cambio del regreso del exilio de Zelaya y la luz verde para que el Frente participara en el ruedo político electoral.
De la mano de esos movimientos, la clase política logró implementar un gobierno de transición, liderado por Porfirio Lobo en la presidencia y Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, en ese momento Hernández era un desconocido para la mayoría de la población.
“Era un desconocido, pero poco a poco se fue dando a conocer, más cuando empezó a liderar el país desde el Congreso Nacional”, recordó Efraín Fajardo.
Durante la administración de Lobo como presidente y de Juan Orlando como titular del Congreso Nacional, se dieron una serie de modificaciones y aprobaciones de leyes lesivas contra el movimiento popular. También lograron acuerdos internacionales con el Fondo Monetario Internacional, quien a cambio de financiamiento, condicionaron al Estado a cometer persecución laboral y privatizar las empresas estatales.
Por otra parte, la transición iniciada por el gobierno de Porfirio Lobo, dejó las bases sentadas para los proyectos de entrega de territorio con la presencia de la industria minera y las Zonas Especiales de Desarrollo.
Pero después del golpe de Estado, nadie imaginó que cada pieza movida en el Congreso, tenía un profundo contenido estratégico. En ese lapso de tiempo Juan Orlando Hernández empezó a ser conocido por sus características dictatoriales dentro del Congreso, generando la polémica con reestructuraciones torales de la institucionalidad, como la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, el nombramiento de nuevos personajes en esas estructuras y en las demás del Estado como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.
“La estrategia de Juan Orlando siempre ha sido crear un plan para quedarse en el poder, él tiene todo a su favor, movió sus piezas como quiso, sacó a quien no le servía y puso en su lugar a los que realmente le iban a responder, es por eso que todo gira bajo su sombra, si él quiere reelección, la va a tener, porque desde la vía legal no hay nada ni nadie que se lo impida”, lamentó Fajardo.
Siete años pasaron; con ella dos gobiernos: el de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, los cambios se han notado, la institucionalidad está concentrada en una sola mano y la reelección está a la vuelta de la esquina.
Ausencia institucional
La tortilla se invirtió, cuando en el 2009 se hablaba de reelección, los medios corporativos iniciaron una campaña fuerte contra el proceso y contra sus promotores, a tal punto de sacar espacios publicitarios contra la ilegalidad que significaba la cuarta urna, una consulta popular que al final buscaba consolidar la reelección.
Los titulares de los medios escritos, impulsaban una campaña fuerte de oposición y odio, haciendo analogías incansables sobre la situación de Venezuela y todos los países de América del Sur donde el sistema de reelección presidencial está vigente.
“No a la dictadura, no podemos permitir que Mel Zelaya se instale en el poder, no vamos a dejar que en Honduras se implante una dictadura”, decía en el 2009 el general Romeo Vásquez Velásquez, que en aquel momento era el jefe de las Fuerzas Armadas y que tuvo un papel preponderante en el golpe de junio del 2009.
Romeo Vásquez ahora en condición de retiro se limita a decir que no quiere otra crisis como la del 2009, todo por decisiones erróneas de políticos, pero en la emisión de su discurso actual, la palabra dictadura, el ejercicio de acciones y la convergencia promovida desde su espacio no existen, dejando claro que además de su discurso también cambió su criterio.
La maquinaria mediática jugó un papel trascendental en la crisis de hace siete años. Antes los medios dedicaban foros de horas, espacios de noticias con guiones llenos para generar una campaña de repudio a la reelección. Era tan común ver debates parcializados, con integrantes de la Unión Cívica Democrática y empresarios, todos anunciando acciones que aunque rompieran la democracia, salvarían la estabilidad del país.
La Constitución era el principal pretexto para actuar, era el argumento válido que daba permiso hasta para matar, ahora todo cambió, ni la Constitución, ni la democracia son puntos torales para actuar de cualquier forma.
En las emisiones recientes de los medios de comunicación, resalta la figura de Juan Orlando Hernández. En sus comparecencias Hernández asegura que el 70% de los hondureños está a favor de la reelección y que cuenta con el apoyo de todos los sectores, para que se pueda concretar su anhelo de continuar en el poder por cuatro años más.
Al papel de los medios de comunicación y el de los políticos, se suma el sector empresarial. En la actualidad, los empresarios lejos de criticar la reelección, ya se han reunido en varias ocasiones tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula con el presidente Hernández, donde él les ha presentado su nuevo plan de gobierno y de ayuda para el sector empresarial, el encuentro más reciente fue en el Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula el pasado jueves 10 de noviembre.
Ante toda esta realidad, la gran ausente es la institucionalidad. Ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia han sido capaces de iniciar procesos contra el presidente Hernández. La principal excusa es que ya se reformaron los artículos de la Constitución que limitaban hablar de reelección presidencial.
“Es lamentable el papel de la institucionalidad, a esta fecha ya se tuvo que actuar de oficio. Estamos ante una ilegalidad, ante una violación a la Constitución de la República y todo el que la violente debe ser castigado con todo el peso de la ley”, dijo el abogado constitucionalista Ramón Enrique Barrios en el noticiero Zona Informativa.
Barrios aseguró que la institucionalidad está secuestrada, que es complicado que, por ejemplo el Ministerio Público pueda tomar acciones al respecto, cuando el mismo presidente Juan Orlando Hernández, puso a su gente, en aquel tan polémico proceso de nombramiento, lo mismo sucedió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido el futuro es gris para los hondureños.
“Si el presidente inscribe su candidatura al Tribunal Supremo Electoral (TSE), nosotros como Coalición contra la Impunidad vamos a proceder a presentar un recurso contra ello”, dijo el abogado Joaquín Mejía, parte de la Coalición contra la Impunidad y parte del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
Mejía cree que estamos a las puertas de una fuerte crisis política que puede dejar al país en una situación parecida al 2009, pero también admitió que estamos en otra realidad y que desde la perspectiva de aplicación de justicia, la institucionalidad no está garantizando nada ni mucho menos funcionando.
Por los vientos que soplan, la reelección casi es un hecho.
¿Y la oposición?
Desde el golpe de Estado hasta le fecha han surgido nuevas fuerzas políticas, que ahora se hacen llamar oposición parlamentaria. Hablamos del Partido Libertad y Refundación que surge como la expresión electoral del Frente Nacional de Resistencia Popular y también el Partido Anticorrupción, creado por el presentador deportivo Salvador Nasralla y que congrega la indignación de miles de personas cansadas de votar por los mismos políticos de siempre. Ambas instituciones políticas llevan solo un proceso electoral en los hombros, ambos sufrieron un proceso con múltiples denuncias de fraude y escases de transparencia.
Desde su creación, los partidos de oposición han sostenido un discurso de confrontación contra las políticas de Juan Orlando Hernández, en primer momento les tocó organizarse y disputar el proceso electoral del 2013, donde no pudieron con la presidencia, pero lograron una gran cantidad de diputados y diputadas al Congreso Nacional.
Había expectativas, había esperanzas, pero no había objetividad. Cuando asumió la oposición electoral a nivel de diputaciones en el Congreso Nacional, se esperaba que se frenaran todas las políticas dañinas para el pueblo, como las impulsadas en el periodo que Juan Orlando Hernández al frente de este poder del Estado.
No sucedió, las expectativas no se cumplieron y las políticas que se promueven desde el Partido Nacional siempre salen adelante. Varios detalles caracterizaron a la oposición, por una parte la incapacidad de medirse de forma unitaria a la bancada del Partido Nacional y por otra el debilitamiento que les produjo la salida de varios diputados de ambas entidades y luego que estos disidentes se sumarán a las filas del Partido Nacional o a las bancadas independientes.
No pudieron contra los sobornos, no pudieron contra las mayorías calificadas, no pudieron contra la política de división y al final la oposición enfrenta un contexto duro y difícil en el marco del próximo proceso electoral.
“Como oposición hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance, a veces se nos dificulta porque el Partido Nacional tiene el poder, pero seguiremos dando la lucha para frenar la reelección”, dijo el diputado Luis Redondo.
La reelección, ha sido otro tema de polémica y también de infortunio para los opositores legislativos. El tema de la reelección se trató de forma casi fugaz en el Congreso Nacional, en el que se mocionaron propuestas de plebiscito y de reglamentación de la reelección y ninguna gozó de acuerdo mutuo entre todas las bancadas.
Hubo varias propuestas de plebiscito, del Partido Libre, Pac, Liberal y hasta del Partido Nacional, al final como no se alcanzó la mayoría calificada, ninguna fue aprobada y el Partido Nacional se centró en que la Corte Suprema de Justicia ya falló a favor de la reelección, por lo tanto da luz verde para la inscripción de Juan Orlando Hernández.
Sobre ese tema el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que el Partido Nacional ha respetado los procedimientos que demanda la ley, según Rivera ellos acudieron en tiempo y forma a la Corte Suprema de Justicia, además propusieron el plebiscito ante el Congreso Nacional, por tal razón no hay ilegalidad cometida.
Jorge Cálix diputado de Libre, dijo que es lamentable ver como el poder está concentrado en una sola mano y que además de eso las expectativas para el próximo proceso electoral son alarmantes, porque por una parte el presidente se perfila nuevamente para seguir en el poder y por la otra, nunca se aprobaron reformas electorales que garanticen la transparencia.
“Yo creo que los partidos de oposición deben tener una postura más beligerante, creo que con lo que han hecho no es suficiente, ahora queda sacar a la gente a las calles a protestar, pero parece que no lo hacen porque están interesados en acuerdos políticos en el marco de las elecciones, eso no me parece correcto”, dijo Omar Menjivar, abogado penalista y analista político.
Menjivar asegura que es sospechoso que los partidos de oposición no tomen una postura más fuerte, pues al final ellos serán muy afectados por lo que pueda suceder en las elecciones del 2017. “A veces pareciera que quieren concretar acuerdos, a cambio de estabilidad, si no es así los partidos deben desmarcarse y accionar con más fuerza”, sentenció.
La situación se complica cuando se refleja en la realidad una ausencia de la institucionalidad, una timorata participación de los partidos de oposición y poca disposición de la población indignada para movilizarse.
Movilización e intolerancia
Por ahora se suma a los grandes ausentes, la movilización popular. Algunos sectores han sostenido la esperanza que la reelección sea otro punto de partida de movilizaciones masivas, tal y como lo fueron las luchas de indignación a partir de los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Por el momento, se han registrado algunos episodios de protesta muy pequeños, expresados en Tegucigalpa por el movimiento estudiantil, que durante los últimos tres días ha estado protestando contra la reelección, siendo víctimas de represión policial y militar, además de sufrir detenciones ilegales.
Hasta la fecha, se detuvo a más de 15 personas en las distintas jornadas de protesta, todas ya puestas en libertad por falta de pruebas. La represión se agudizó, y sigue demostrando la intolerancia gubernamental ante el rechazo popular a sus políticas.
“Es nuestro deber protestar, debemos salir a las calles, no hay que dejar que Juan Orlando se reelija”, dijo el dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular en San Pedro Sula, Ruy Díaz.
“Creemos que la gente debe salir a las calles, es un deber también del soberano defender la Constitución, no nos podemos quedar callados ante esta ilegalidad”, dijo el abogado Ramón Barrios.
Por ahora solo hay conatos de lucha, pero no hay una articulación nacional que pueda enfrentar la política reeleccionista de Juan Orlando en las calles.
Política continuista
“Hablar de reelección, va más allá de las urnas, hablar de la continuidad de Juan Orlando Hernández significa la consolidación de las políticas aplicadas en los últimos años”, dijo el analista Fabricio Herrera.
La amenaza es grande, y no es para menos, los últimos años de gobierno, han sido fatales para los intereses de la población. Por una parte más de siete mil despidos se han registrado en las empresas estatales. La Empresa Nacional Portuaria (ENP) entró en proceso de privatización, lo mismo pasó con Hondutel, también se suma a la lista la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que lleva más de tres mil despedidos y fue entregada a la empresa de capital colombiano Energía Honduras.
Por otra parte está la política de privatización que también se extiende a la salud, con el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la entrega a Empresas No Gubernamentales la administración de los hospitales públicos y ahora la aprobación y espera de aplicación de la Ley Marco de Protección Social.
El incremento de la violencia también se conjuga con esta realidad, que ha dejado más militarización que paz, además la entrega del territorio a capital transnacional, para la explotación de la tierra a través de la minería. Son todas estas las razones y señales de alarmas que acompañan el anuncio de Juan Orlando como presidente por cuatro años más.
“Es terrible pensar que todo va a continuar, y continuar para mal, lo que falta por privatizar será privatizado, la militarización continuará, los despidos también, entonces esto es muy grave”, consideró Ramón Barrios.
Para Barrios, Fajardo y Menjivar, la única salida que queda es la movilización de la gente, porque al final todos han sido afectados por un gobierno que ahora pretende reelegirse a base de ilegalidades.
Hablar en este momento de reelección en Honduras, es además de polémico un signo de alarma para los pueblos afectados por las políticas internacionales que ya han dejado muertos, desaparecidos, despedidos, privatizaciones y peores condiciones de vida.
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