Por el delito de privación injusta de libertad, detención ilegal y violación a los deberes de los funcionarios fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP), el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, el Comisario de Policía Marlon Enrique Lagos y la Empresa Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V. COVI.
La denuncia fue interpuesta por el director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, sj luego de la retención ilegal, realizada por la empresa COVI, en la Estación de Peaje de Zambrano de las periodistas Sandra Marybel Sánchez y Eleana Borjas, el investigador y defensor de derechos humanos, Pedro Landa, y la artista nacional Karla Lara cuando regresaban de participar y hacer cobertura informativa de la “Caravana Soberanía Vial”, el pasado 05 de noviembre.
El padre Ismael Moreno explica que en la denuncia se pide realizar las investigaciones correspondientes y que se deduzca responsabilidad a las autoridades policiales por la detención ilegal y las agresiones contra la periodista Sandra Marybel Sánchez, el defensor de derechos humanos Pedro Landa y la artista Karla Lara.
“Decidieron ejercer su derecho que les asiste la Constitución de la República de transitar libremente por nuestras carreteras. Ellos fueron primero retenidos y después fueron violentados en su derecho”, recordó Moreno.
Añadió que “fueron golpeados, la periodista Sandra Marybel Sánchez fue arrastra junto con Karla Lara, entonces ahí no solamente se violó el derecho que tienen ellos a ejercer la libre locomoción, sino también fueron detenidos ilegalmente y además los funcionarios públicos no cumplieron con sus funciones”.
La denuncia, que fue presentada ante la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Soraya Morales, solicita presentar “el debido Requerimiento Fiscal en contra de las personas que privaron injustamente de libertad a Pedro Landa, asimismo que se deduzcan las responsabilidades del caso por la detención ilegal y arbitraria de Sandra Marybel Sánchez y Karla Lara”.
Durante la retención y detención ilegal las autoridades jerárquicas de la Policía Nacional omitieron dar cumplimiento a sus obligaciones de evitar una violación de derechos humanos, se indica en la denuncia.
De acuerdo al relato de las periodistas de Radio Progreso y el defensor de derechos humanos Pedro Landa, los guardias de seguridad de la concesionaria COVI colocaron “unos conos” frente al carro de Karla Lara, en el cual se trasladaban hacia Tegucigalpa, y les dijeron que “si no pagaban no iban a pasar”.
“Las compañeras y compañero decidieron no hacer el pago respectivo –Peaje Zambrano-, congruentes con las acciones de resistencia pacífica realizadas durante la caravana”, se describe en la denuncia.
No hay que renunciar a nuestros derechos
Pese a los altos niveles de impunidad y la violación constante del Estado de Derecho, el director de Radio Progreso manifestó que como ciudadanos hondureños “no podemos renunciar” a ejercer el derecho a exigir que las instituciones responsables de aplicar la justicia respondan a las demandas.
“Por lo tanto nosotros queremos tener la confianza de que el Ministerio Público pueda responder en esta ocasión; no podemos renunciar a que sean la instituciones públicas las que gobiernen, por eso estamos haciendo un acto de fe en el Estado de Derecho”, dijo el también director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
Agregó que como instituciones no creen en la violencia que ejercen las autoridades estatales como respuesta, por tanto hacen un llamado “urgente a un diálogo nacional para definir el modelo mantenimiento de carreteras, un modelo que garantice que las carreteras seguirán siendo bienes públicos no privatizados, particularmente, por empresas transnacionales”.
Desde enero de 2016, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, articulados en la Mesa de la Indignación de El Progreso, Yoro, se han mantenido en lucha y rechazo a la instalación de las casetas de peaje en San Manuel, Cortés, y en contra de los cobros en las estaciones ya habilitadas por considerar que forma parte de la privatización de los bienes públicos y violenta el derecho a la libre locomoción garantizado en el artículo 81 de la Constitución de la República.
En ese sentido, el pasado 19 de octubre la Coalición Contra la Impunidad y la Mesa de Indignación presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la imposición del cobro de peaje y la privatización de las carreteras.
Las principales carreteras del país, “corredor logístico y turístico”, fueron entregadas a través de la figura alianzas público- privadas a la Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V. COVI. y a la empresa Autopistas del Atlántico (ADASA) por 30 y 20 años respectivamente.
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