La corrupción nacional y local convirtió al territorio del pueblo tolupán en zona de despojo, robo y saqueo de sus bienes naturales, además condenó a muerte a más de cien indígenas sin que los responsables materiales e intelectuales de los crímenes hayan sido llevados a los tribunales competentes. En Honduras, la población indígena que se opone a la destrucción de los bienes naturales constantemente es víctima de persecución judicial y amenazas de diversa índole.
De entre las 32 tribus tolupanes existentes actualmente, la tribu San Francisco de Locomapa, ubicada la zona alta del municipio de Yoro, Yoro, es la más martirizada, reporta más asesinatos continuos en lo que va del presente siglo sin que hasta ahora se haya hecho justicia en siquiera uno de los asesinatos cometidos.
Esta tribu con título ancestral de 462 manzanas, territorio con abundante riqueza natural, desde los últimos 30 años es amenazada por empresarios que pretenden a toda costa adueñarse de la zona.
La corrupción de los gobiernos han hundido en la miseria al país, pero en el sector indígena y en específico el pueblo tolupán, tuvo peor impacto que en cualquier otro sector poblacional. “En nuestras comunidades existe un abandono absoluto en materia de salud, educación, carreteras y justicia”, indicó Consuelo Soto, del Consejo Consultivo de la Tribu San Francisco.
“Continuamos siendo amenazados y han asesinado a varios compañeros indígenas que se han atrevido junto a nosotros a defender nuestros bienes naturales. Por si fuera poco se ha identificado a los asesinos de los dirigentes indígenas pero las autoridades se vuelven cómplices al no proceder a capturarlos y todo se queda en órdenes de captura que no se materializan”, indicó.
Denunció que el 50% del territorio de la tribu está acaparado por el general en condición de retiro, Kenton Landa Uclés, mientras las familias Tolupanes tienen que andar cultivando en las laderas de los cerros. Además manifestó que la tierra que el terrateniente ha dejado está en la mira de otros empresarios mineros y madereros que han llegado a la zona con las intenciones de apoderarse del bosque y los minerales.
Asimismo hizo un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que exijan el fin de la matanza a que los condena el Estado, junto con los sicarios pagados por empresarios, pero protegidos por las autoridades nacionales y departamentales que no cumplen con la ley sino que en nombre de ella los atemorizan, amedrentan y asesinan a quienes defienden los bienes comunes y el derecho a la vida.
Mártires tolupanes
En agosto del 2013 Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina fueron asesinados por sicarios al servicio de mineros dedicados a la extracción de antimonio y la destrucción del bosque, ellos participaban en una toma de la carretera con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral.
En abril del 2015, Luis de Reyes Marcía, esposo de la dirigente indígena Tolupán, Consuelo Soto, fue asesinado luego de haber denunciado reiteradas amenazas a muerte por desconocidos. Erasio Vieda Ponce fue asesinado el 18 de junio del mismo año en la comunidad Brisas de Locomapa y era un militante activo en la lucha contra la depredación del bosque.
A raíz de los asesinatos, Ramón Matute, José María Pineda, Celso Cabrera, Consuelo Soto y Firmo Matute salieron de la comunidad junto con su familia, pero decidieron regresar a continuar la lucha y cuidar de sus cultivos y animalitos domésticos. A su retorno se reincorporaron a la lucha para exigir que se pare la deforestación y que las empresas extractivitas salgan del sector y dejen de infundir temor en la población.
El 18 de diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas así como de sus familiares, siendo en total 38 personas, luego de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente. Sin embargo Consuelo Soto, junto a otros luchadores indígenas continúan sufriendo intimidaciones y amenazas de muerte. Sin que la Institucionalidad haga algo por detener el saqueo de los bienes naturales y mucho menos con proteger sus vidas.
“Denunciamos la evidente campaña de miedo y persecución dirigida a las bases indígenas y responsabilizamos directamente al Estado de cualquier hecho violento que se pueda suscitar a consecuencia de nuestra lucha por nuestro legítimo derecho amparado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el cual establece el derecho a la consulta previa e informada que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre todos los aspectos fundamentales de su vida, incluidos sus bienes y riquezas naturales”, indicó José María Pineda.
La Tribu San Francisco, está conformada por 19 aldeas entre las que destacan: Los Tolupanes del Palmar, Cabeza de Vaca Uno y Dos, Piedra Gorda, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, Las Brisas, entre otras comunidades de las cuales sus dirigentes denuncian que los sicarios reciben dinero de madereros, mineros, terratenientes para intimidar a buena parte de la población indígena y así no se revelen contra el sistema impuesto.
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