La crisis que enfrenta la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), ante la negativa de las autoridades de iniciar un diálogo con los estudiantes que demandan reformas a los reglamentos internos, a criterio de analistas es el reflejo de la reproducción del esquema dictatorial del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Los estudiantes de la UNA, durante los siete días de huelga y toma de instalaciones, han denunciado el nepotismo del rector Marlon Escoto, los abusos de autoridad de catedráticos y la violación constante a sus derechos a través de un reglamento que fue aprobado sin tomar en cuenta sus opiniones.
Escoto, quien también es secretario de Estado en el Despacho de Educación, violentando los estatutos de ese centro universitario ha sido nombrado por tercera vez como rector.
“Se nos ha tildado de una finca familiar, porque hay familias enteras trabajando aquí, hay docentes que son familia de las autoridades”, comenta Eunice Licona, estudiante de Veterinaria.
Por su parte, Francisco Cálix, pasante de la carrera de Manejo de Recursos Naturales y Ambiente, indicó que la toma de las instalaciones es una acción para consensuar un diálogo en el que se discutan reformas.
“Necesitamos una reforma porque nos violentan nuestros derechos utilizando reglamentos militares como medidas de represión, tienen el descaro de tener un reglamento basado en los derechos humanos. No hay un consejo disciplinario que nos diga por qué se sanciona”, explica.
Autoridades responden con criminalización estudiantil
Al tercer día de toma, los voceros estudiantiles solicitaron un diálogo previo al rector Marlon Escoto, sin embargo la respuesta fue intentar desalojar a los estudiantes utilizando tractores. Tres estudiantes resultaron heridos.
Luego del intento de desalojo, el Ministerio Público presentó ante los juzgados de Catacamas, Olancho, un requerimiento fiscal contra 50 estudiantes que se mantienen en la toma.
Carlo Jiménez, abogado del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), explica que los estudiantes son acusados del delito de Detentación de un espacio de dominio público.
“En el requerimiento se solicita la orden de captura para ocho estudiantes y el desalojo inmediato, por lo que pide se emitan comunicaciones para el coronel del batallón Werner Claus Corte y el jefe de la Policía”, detalla Jiménez.
Jiménez manifiesta que las medidas son desproporcionales porque solicitan “que desalojen a los estudiantes de su domicilio legal, eso es inconstitucional”.
En las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura viven alrededor de seis mil estudiantes.
Reproducen esquema dictatorial
No es casual que este gobierno siga sosteniendo y respaldando “estos mini dictadores”, porque le son muy funcionales para su gestión que se basa en un sistema dictatorial, dice el analista e integrante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Tomás Andino.
“De esa forma tiene la juventud aplastada, la tiene reprimida, la tiene cuestionada, a sus dirigencias las tiene procesadas y eso para el gobierno es algo bueno porque el sector que más puede cuestionar su proyecto continuista es el sector estudiantil universitario”, asegura Andino.
El Congreso Nacional aprobó que una Comisión Multipartidaria investigue la crisis en la Universidad de Agricultura. Para Edgar Soriano, catedrático integrante de la Plataforma Ciudadana, dicha comisión deberá iniciar sus trabajos planteando la destitución del actual rector Marlon Escoto, ante la imposibilidad de cumplir con sus funciones porque también dirige la Secretaría de Educación.
“Aquí lo que toca es la destitución, no hay que buscar muchos recursos, y también se deben retirar las ordenes de captura. La ciudadanía debe pronunciarse, debe exigir, no podemos permitir que los estudiantes sean criminalizados, eso es parte de una dictadura que está viviendo el país”, manifestó Soriano.
Héctor Ulloa, integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), demanda el cese a la criminalización de la protesta social dentro de la Universidad de Agricultura.
“Estamos viendo en la UNA como se repiten estas cosas que ahora miramos como una constante en el Estado hondureño que es criminalizar a quienes protestan y exigen sus derechos, entonces, nosotros hacemos un llamado a las autoridades a que hagan memoria cómo inició el conflicto acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cómo terminó y cómo al final se evidenció, nacional e internacionalmente, que el diálogo es la única solución”, demandó Ulloa, al recordar la crisis en la que se sumergió la UNAH.
En las últimas horas, sin justificación o causal, el rector Marlon Escoto ordenó, a través de la vicerrectoría académica, el despido de 17 docentes que han manifestado públicamente su apoyo a las demandas estudiantiles.
Previo a los despidos, fueron expulsados 79 estudiantes, sin aplicar los procesos disciplinarios establecidos en el reglamento universitario, que organizaron la acción de demanda dentro de la Universidad Nacional de Agricultura.
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