Por Marvin Palacios
Tras desarrollarse varias diligencias en el proceso judicial que involucra a agentes del estado en graves violaciones a los derechos humanos, el Área de acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), espera que en pocos meses un oficial y 7 agentes policiales sean sometidos a juicio oral y público, acusados por suponerlos responsables de los delitos de torturas, homicidio, falta a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de Mario Orlando Sequeira y de la administración pública.
Se trata del comisario Nazir López Orellana que fungió en 2010 como jefe de la posta policial de Siguatepeque y los policías Héctor Elvir, Carlos Roberto Palma, Mónico Aguirre, Carlos Verde, Edgardo David Salgado, Alfredo Pérez Rojas y Edwin Hernández del Cid.
El joven Mario Orlando Sequeira había llegado a Siguatepeque a visitar a su madre y familiares, después de residir y trabajar durante varios años en los Estados Unidos de América.
Sequeira jamás imaginó que en este viaje encontraría la muerte, tras ser capturado y torturado por agentes policiales en las mismas celdas de la posta policial el 1 de junio de 2010.
El 25 de noviembre de 2016, la Corte de Apelaciones de Comayagua resolvió que en el proceso judicial que se sigue contra policías acusados de homicidio en perjuicio de Mario Orlando Sequeira mediante recurso presentado por la defensa de los agentes del Estado, no existieron violaciones a las garantías constitucionales, por lo tanto denegó la acción de amparo que procuró evitar el juicio oral y público.
La Corte de Apelaciones expuso que la admisión de las medidas probatorias aceptadas por el tribunal de primera instancia, consistente en 24 actas de reconocimiento fotográfico se encuentran revestidas de utilidad, pertinencia y proporcionalidad y que en el actual proceso “debe primar la búsqueda de la verdad real”.
La Corte de Apelaciones emitió su fallo el 25 de noviembre de 2015, y envió el expediente en consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emitió su fallo el 6 de septiembre de 2016 en donde confirma la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015 dictada por la Corte de Apelaciones, y quedó consignada en la nota de remisión número 768-2016.
El 16 de noviembre de 2016, la Corte de Apelaciones de Comayagua, recibió el expediente y se prevée que en las próximas semanas lo devuelva al tribunal de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su calidad de acusador privado en el proceso, enviará en los próximos días una solicitud por escrito al Juzgado de Siguatepeque, para que este tribunal fije la hora y fecha del juicio oral y público.
El comisario Nazir López Orellana y 7 agentes policiales que estuvieron bajo su mando en la Jefatura policial de Siguatepeque en 2010, enfrentarán la justicia acusados de cometer torturas hasta dar muerte, al joven ciudadano hondureño Mario Orlando Sequeira.
El año pasado se llevó a cabo la audiencia de proposición de medios de prueba donde tanto el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su condición de acusador privado y el Ministerio Público (MP) propusieron una serie de pruebas documentales, testificales y forenses, que permitirían al Tribunal de Sentencia, condenar a los funcionarios policiales, de cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra del ciudadano hondureño Mario Sequeira Canales.
El comisario Nazir López Orellana fue separado de la Policía Nacional en junio de este año
Sin embargo los abogados defensores de los policías, se opusieron a la admisión de las pruebas argumentando que el tribunal no había motivado (o fundamentado) la resolución en la que fueron admitidos dichos medios.
Sin embargo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones y denegó el recurso de amparo promovido por la defensa de los agentes policiales.
El homicidio contra Mario Sequeira Canales fue cometido en las propias celdas de la Jefatura Policial de Siguatepeque el pasado 1 de junio de 2010.
La causa que fue promovida por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su condición de acusador privado, establece que Mario Sequeira Canales murió producto de las torturas a las que fue sometido por agentes policiales y en presencia del jefe de dicha delegación, comisario Nazir López Orellana, quien no hizo nada para detener las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra del ciudadano.
La Fiscalía acusó a los agentes policiales Héctor Elvir, Carlos Roberto Palma, Mónico Aguirre, Carlos Verde, Edgardo David Salgado, Alfredo Pérez Rojas y Edwin Hernández del Cid, así como al comisario Nazir López Orellana, por torturas, homicidio, falta a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de Mario Sequeira Canales y el estado de Honduras.
Los delitos tipificados abarcan tanto la ejecución como la omisión, como es el caso del comisario Nazir López Orellana que de acuerdo a pruebas testificales, permitió que se aplicaran torturas en contra de Mario Sequeira Canales, (quien falleció producto de las mismas) y que al parecer ordenara a los agentes que procedieran a deshacerse del cuerpo.
A inicios del mes de junio de este año un total de 34 comisarios fueron separados de sus cargos, entre ellos figura el oficial Nazir López Orellana, quien al momento de la muerte violenta de Mario Sequeira Canales tenía el rango de subcomisario y fungía como jefe de la estación policial de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua.
Se conoció que el comisario Nazir López Orellana se desempeñó también como asistente del Director Nacional de la Policía, Comisionado Ramón Antonio Sabillón.
La Comisión Especial de Depuración evaluó a un total de 108 comisarios a través de información solicitada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP), Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y otros órganos del Estado.
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