martes, 22 de noviembre de 2016

¿Podrá la MACCIH desafiar al gobierno de Juan Orlando Hernández?



La visita de autoridades de Transparencia Internacional lamentando el papel del Estado, que en el último proceso de elección del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), hizo caso omiso a las sugerencias de la Misión de Apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras (Maccih) en cuanto al método de selección utilizado, ha devuelto el tema de la Maccih a la agenda informativa y de análisis.
La MACCIH pidió en repetidas ocasiones al presidente Juan Orlando Hernández que se vigilara a profundidad el proceso de elección de los magistrados del TSC, pero la propuesta no fue escuchada demostrando que la Misión tiene poca incidencia en la política nacional y que su trabajo hasta el momento no ha sido lo que la población esperaba.

Nueve meses transcurren desde la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), plataforma que llegó al país como respuesta alternativa a la demanda popular de instalar un organismo internacional que acompañe, investigue y judicialice casos de corrupción en la administración gubernamental.

Con más críticas que votos de confianza, la MACCIH se instaló en febrero del 2016 con todo el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno hondureño y algunos sectores indignados. La Misión surge como respuesta a la indignación ciudadana especialmente por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad  Social en la que el gobierno nacionalista estuvo implicado. Las promesas de combate a la corrupción, reformas electorales,  reestructuración del sistema de justicia e investigación en casos de violencia, siguen siendo solo eso, promesas.

En lo que va de su funcionamiento, la MACCIH se ha sostenido con financiamiento internacional. “Seremos independientes, por eso no recibimos dinero del gobierno, para poder hacer bien nuestro trabajo”, dijo Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión.


A pesar de su independencia financiera, la Misión no ha podido penetrar en los obstáculos que ya plantea la institucionalidad hondureña y que al momento de su instalación en el país eran retos a superar. Esa realidad cobró factura y factores como el control institucional desde un solo poder del Estado, la privación de acceso a la información pública, y la negativa a implementar reformas electorales, han sido realidades que hasta el momento no ha podido vencer la MACCIH.
“Desde un inicio tuvimos duda, por una parte no creímos en la MACCIH por ser una propuesta de la OEA y del gobierno para desmovilizar, y por otra aunque le diéramos el voto de confianza, la institucionalidad plantea muchos obstáculos, en ese sentido se necesita una labor más fuerte y menos diplomática para hacer caer a los corruptos”, dijo el dirigente de jóvenes indignados Miguel Briceño.

Hechos que desnudan la realidad

En aquel febrero del 2016, cuando las antorchas continuaban encendidas, la MACCIH se instaló en el país prometiendo cumplir, a paso lento pero seguro, con su mandato anticorrupción. La realidad contrastó los ejes de acción de la Misión y su propuesta; la MACCIH planteó la necesidad de derogar la Ley de Secretos Oficiales, pero la sugerencia no fue tomada en cuenta por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Mismo destino se vivió al orientar otra metodología en el proceso de elección de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El único logro palpable que se ha registrado desde la MACCIH, es la reforma electoral orientada a la fiscalización de campañas electorales, modificación que responde al eje de acción electoral que promueve la Misión. “Es importante fiscalizar las campañas, también saber de dónde se financian los candidatos, pero esa reforma no soluciona aspectos de transparencia, creo que hacen falta reformas más profundas y es ahí donde nosotros esperábamos más de la Misión”, dijo el analista Omar Menjívar.

Menjívar dice que a pesar que la MACCIH logró hacer una realidad esa reforma luego de sugerirla, le ha faltado más olfato político y es que a las puertas de un proceso electoral, resalta la ausencia de reformas estructurales que puedan garantizar la democracia.

Sobre la gestión de la Misión en el país, el exdirector del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dagoberto Aspra cree que la MACCIH no ha cumplido con las expectativas generadas. “No es posible que cobren un sueldo sin resultados reales, la MACCIH debe ganarse respeto con actos contundentes”, dijo el investigador en su cuenta de red social de twitter.

Otro aspecto con el que no ha podido la MACCIH es con la Ley de Secretos Oficiales, normativa que mantiene blindada cualquier información de interés nacional. La ley ha sido muy cuestionada por organizaciones de sociedad civil, quienes lamentan que el Estado tenga en secreto el uso financiero de las instituciones y que de esa forma evite cualquier tipo de fiscalización.

Eddie Tabora, director del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), aseguró que es imposible promover la transparencia con una prohibición de esa magnitud. “Nosotros interpusimos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, los resultados no han sido favorables, pero seguimos esperando, porque estamos demandando el derecho de la gente al acceso a la información”, expresó Tabora.

“Con todo blindado es difícil tener acceso a información y mucho menos lograr iniciar procesos judiciales contra los corruptos”, se refirió al tema el integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Víctor Fernández.

Para Fernández la MACCIH no ha tenido la incidencia esperada, en ese contexto considera que la Misión solo sirvió para apagar el fuego de la crisis en la que se encontraba el gobierno luego de las movilizaciones antorcheras que además de pedir una intervención internacional, demandaban la salida del presidente Juan Orlando Hernández, tal y como ocurrió en Guatemala con Otto Pérez Molina.

La MACCIH ante la elección del Tribunal Superior de Cuentas

La elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, generó una nueva polémica a nivel político y es que la MACCIH durante el proceso pidió una vigilancia amplia de la elección y democratizar más los espacios de candidaturas junto a su nombramiento. 
La MACCIH presentó dichas recomendaciones a los diputados y diputadas que integraron la comisión a cargo del proceso de selección, el pasado 24 de octubre, y solicitó al presidente Juan Orlando Hernández que velara por la conducción del proceso.

“Las recomendaciones de la MACCIH tenían por fundamento principal los compromisos internacionales que Honduras ha adquirido, como Estado parte en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y su mecanismo de seguimiento (MESICIC) los cuales resaltan la necesidad de contar con órganos contralores independientes y eficaces”, expresó Juan Jiménez, vocero de la Misión.

La sugerencia no tuvo la relevancia del caso y el Congreso Nacional dio paso a elegir a los titulares del TSC con el acuerdo legislativo alcanzado en la cámara. La omisión del gobierno generó reacciones en la delegación de la MACCIH.

“La MACCIH es respetuosa de la competencia constitucional del Congreso Nacional para elegir a los magistrados de dicho órgano contralor, encargado de la protección de los recursos públicos del país. No obstante, se debe puntualizar que esta elección no tomó en cuenta las recomendaciones formuladas por esta Misión, el pasado 10 de octubre, mediante un reporte especial, relativas a la garantía de autonomía e independencia del TSC.

La MACCIH desea expresar que Honduras ha suscrito, además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y se ha obligado a cumplir estándares de transparencia en el marco de la Alianza para la Prosperidad.
En este sentido, un proceso en el que no se conocieron los criterios de selección, ni las calificaciones asignadas a los postulantes en ninguna de las etapas efectuadas, sería contrario a los principios establecidos en dichos instrumentos internacionales”, expresó un comunicado de la Misión.

Al extenderse el documento de la MACCIH sobre el tema, otras organizaciones se sumaron en respaldo a la delegación de la OEA, una de ellas fue Transparencia Internacional, a través de su director José Ugaz, que manifestó su rechazo a la omisión del gobierno a las sugerencias de la Misión.

Ugaz en su visita al país dijo que están apoyando a la MACCIH en la labor que desarrollan y que esperan que mediante su intervención en el país, se abran nuevos procesos de investigación, entre ellos el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

El titular de Transparencia Internacional, recalcó que para que eso pase es necesario tener la colaboración del gobierno, si esto no sucede todo seguirá igual y la impunidad reinará como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Sobre las declaraciones del funcionario, el Congreso Nacional emitió un comunicado, manifestando que ellos han respetado lo que plantea la Ley, por tal razón rechazan las declaraciones de Ugaz.

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, dijo que la elección del TSC fue transparente y con acuerdos entre los partidos políticos, al mismo tiempo lamentó que se emitan comentarios que desde su perspectiva están fuera de foco.

Los caminos de la MACCIH

La polémica sobre el funcionamiento de la MACCIH en el país, sigue vigente, hasta el momento la Misión tiene tres caminos planteados: uno de ellos es continuar con un perfil diplomático con pocas orientaciones fuertes contra lo que sucede en el país. Otro es meter un poco más el pie en el acelerador y denunciar la realidad de país que se genera a partir del método de gobierno de Juan Orlando Hernández, y el último camino planteado, es que ante la falta de cooperación del gobierno, anunciar su retiro y evidenciar que en Honduras no se pueden lograr reformas estructurales cuando hay un gobierno que limita su rango de acción.


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