Por Sandra Rodríguez
Representantes de comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz, han denunciado una serie de hechos que violentan sus derechos humanos, sobretodo atentando contra la salud de la población.
Los dirigentes y defensores de derechos humanos Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, afiliado al Movimiento Independiente Indígena Lenca La Paz-Honduras, MILPAH, y Félix Vásquez de la Unión de Trabajadores Campesinos, UTC- La Paz, expresaron en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que en la comunidad de El Pacayal, donde está “El Jilguero” declarada zona de reserva por ser cuenca hidrográfica, han llegado nuevos dueños lo que afectaría a las comunidades indígenas de El pacayal, Cerro de Hule, Brisas del Cerro, Carrizal y Linderos, La Piedrona.
Allí, al menos 300 familias indígenas están luchando por mantener sus bienes comunes, sobretodo el vital líquido que aún se mantiene sin contaminación. Se presumen que entre los terratenientes hay extranjeros y personas afines al poder político.
Además les preocupa que la zona acuífera se haya concesionado a personas de la palestra pública, para que puedan extraer minerales como oro y plata, y demás que da la tierra. En Honduras según defensores ambientalistas, el 35 por ciento del territorio está concesionado a más de 800 proyectos extractivitas.
La zona de reserva abarca a los municipios de Chinacla, San José, Marcala, Cabañas, Santa Ana, Opatoro y Juajiquiro, en el departamento de La Paz, cuya población mayoritaria es indígena Lenca.
En Marcala, denunciaron que hay comunidades donde están midiendo terrenos mediante una organización manejada desde las municipalidades, y si el dueño tiene título privado les llevan una copia y no se las devuelven, situación que consideran incorrecta, pues no saben las intenciones de los que se quieren apoderar de sus territorios.
“Si no hay árboles no hay agua, sin agua no hay energía, sin energía no hay mercado”, por lo que se entiende que son aliados con los de las represas hidroeléctricas, explicaron los líderes indígenas al hacer memoria de una frase que dicen las personas que miden los terrenos.
Para el caso, en Valle de Paloma, Marcala, es donde se vierte el agua que se utilizará en la represa hidroeléctrica “Corral de Piedra” que está en construcción, y no hay protección alguna para los bienes los comunes, agregaron.
En Chinacla, la gente denuncia que hay una torre de telefonía celular móvil, que les repercute en su estado de salud, ya que fue instalada en el centro del municipio. La incomodidad ha llegado al grado que las fuerzas vivas del patronato, comunidades indígenas, pequeños y medianos productores, mujeres y jóvenes exigen que se cancele el permiso de operación.
Aseguran que la antena se instaló sin el consentimiento de la población, no hubo un cabildo abierto y al arrendatario se le paga 17 mil lempiras mensuales, mientras que la municipalidad recibe 100 mil lempiras anuales de parte de la empresa de telefonía. Sin embargo, apelaran a que se quite de allí porque desean recuperar la salud.
Y los problemas de tierra continúan en el municipio de Simpinula, donde su patronato representado que el Consejo Indígena constituido con personería jurídica, se enfrenta a un patronato comunal paralelo que solicitó otra personería, éste “es montado por las autoridades edilicias que rige Gabino Argueta Gálvez”, denunció el presidente del Consejo Indígena de Simpinula.
Víctor Vásquez, denunció que dicho grupo apoya proyectos que violentan los derechos de los pueblos indígenas, como la implementación de un catastro en tierras ancestrales, y sin la clave catastral no se le pondrá la energía eléctrica en las casas, por lo que la comunidad desde hace algún tiempo está a oscuras, ahondando el conflicto del territorio.
Ahí hay una población de 266 habitantes, siendo una minoría de 30 personas que se opone a la defensa de los bienes comunes, y algunos son allegados de otras comunidades, aseguró el dirigente.
Por lo tanto “expresamos un rechazo contundente a las instalaciones de antenas de telefonía sin las condiciones que garanticen las medidas de mitigación ambiental y salud de las personas, no a la explotación minera, respeto por nuestros territorios y que no se violenten nuestros derechos”, enfatizaron los líderes indígenas.
Además solicitan que la fiscalía de la Etnias y la Fiscalía del Ambiente del Ministerio Público procedan a realizar las investigaciones respectivas sobre los daños ambientales y de salud de las personas. Agregaron que para estas investigaciones la población denunciante está a la disposición de colaborar con los medios de prueba como exámenes físicos que demuestran el impacto en la salud.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, manifiesta que no se opone a los proyectos de desarrollo, sino que se ejecuten sin la socialización y aprobación de las comunidades indígenas, y contempla la figura de la Consulta Previa, pero no es una costumbre hacerla en Honduras, relegando así la vos de los pueblos originarios, a los que criminalizan si alzan luchas por la defensa de sus derechos.
Solo en el 2015 se reportó el asesinato de al menos 20 personas defensoras de los bienes comunes en el departamento de La Paz, donde organizaciones como el MILPAH, denuncia constantemente persecuciones contra sus dirigentes y familias, así mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ha otorgado medidas cautelares al menos a 12 personas, quienes continúan en inseguridad por su labor.
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