“No están privatizando los proyectos, están privatizando el agua” Venancio Bonilla, presidente de la junta de agua de la aldea La Sarrosa, de El Progreso, dijo esto en un programa de Radio Progreso, donde se abordó el proceso de la municipalización del agua con representantes del Sanaa (Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados) y la municipalidad.
A pesar de la oposición ciudadana, el proceso de municipalización del agua inició en el 2003, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta ley define como titulares de los servicios de agua y saneamiento a las municipalidades, identificando éstas el modelo de gestión pública directa por medio de algún departamento de la municipalidad o la gestión privada a través de la concesión del agua potable.
“Las comunidades ya no tendrán derecho a llevar el agua por las tuberías” afirma Venancio haciendo referencia al artículo 4 de la Ley de Agua, que dice: “Las municipalidades gozarán del derecho de preferencia sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para el aprovechamiento de cualquier cuerpo de agua, superficiales o subterráneas”. “Esto significa que la municipalidad fijará tarifas y estrategias de distribución”, agrega Venancio, advirtiendo que las comunidades podrían quedarse sin agua.
Con la puesta en marcha de la municipalización del agua, todos los productos que presta el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), las fuentes de agua ubicadas en la parte alta de la montaña, así como pozos que abastecen de agua a los ex campos bananeros, pasarán a manos de la municipalidad de El Progreso, Yoro.
El representante de la Junta interventora de Traspaso del Sanaa, Roberto Zablah, informó a medios nacionales que ya se hizo el traspaso del acueducto de Santa Rosa de Copán. “Para el próximo año le toca el turno al de la capital que es el más complejo”, dijo Zablah, explicando que ese acueducto es complejo por la cantidad de pasivos a pagar. Hasta el momento la capital cuenta con 70 millones de lempiras en activos y necesita 250 para firmar la municipalización.
Así mismo la Presidenta de la Comisión Interventora del Sanaa, Nívida Hernández, está haciendo un acercamiento y seguimiento a las alcaldías de La Ceiba en Atlántida y El Progreso en Yoro, supervisando la aplicación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.
“El primer paso para la privatización es la municipalización” dice Francisco Del Cid, presidente de la Red de Juntas de Agua en El Progreso. El dirigente afirma que la municipalidad no tiene capacidad para administrar el agua y por ende pasará a manos de la empresa privada, tal como ha sucedido en San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés. Donde según denuncias, el servicio que presta la empresa privada es caro y de mala calidad.
“Nos están echando a la calle sin nada”
A pesar del rechazo popular, en noviembre la Junta Interventora del Sanaa y la municipalidad progreseña, tienen previsto firmar la municipalización del agua. En este proceso, las autoridades no han abordado la situación del pasivo laboral, que para esta ciudad es de 160 millones de lempiras, distribuidos en 90 empleados y empleadas, que en su mayoría tienen más de 30 años trabajando en la estatal.
Wilmer López vicepresidente del sindicato de trabajadores, afirma que han solicitado al alcalde una reunión para hablar sobre sus derechos laborales. “Parece que nos están echando a la calle sin nada”. El sindicalista explica que la ley establece que el responsable de pagar el pasivo laboral es Finanzas, pero también el artículo 28 del Código del Trabajo estable la sustitución patronal. “Esto implica que el pasivo laboral también podría pasar a la municipalidad”, concluye López.
Sin embargo, el regidor Donaldo Bonilla, advierte que la municipalidad no tiene capacidad para administrar el agua, menos para pagar los derechos laborales que alcanzan los 160 millones de lempiras. “La alcaldía no debe firmar el traspaso en estas condiciones”, dice el funcionario, hasta que Finanzas liquide cabalmente a todos los empleados de la estatal.
En La Esperanza, Intibucá, La Paz y San Marcos en Choluteca, las municipalidades se han pronunciado exigiendo al gobierno cancelar el pasivo laboral antes de firmar el traspaso del agua. “Lo mismo debe hacer la alcaldía progreseña porque está comprobado que ninguna tiene capacidad para asumir esa responsabilidad” sigue afirmando el regidor.
María Concepción Reyes presidenta del sindicato de trabajadores, dice que hay personas enfermas y de avanzada edad trabajando en la empresa. “Si a esta gente no se les paga su dinero morirán pronto”. La representante de los trabajadores también asegura que los empleados no pueden administrar el agua, tal como algunos sectores lo sugieren, porque la ley no lo permite. “La ley da esa faculta únicamente a las municipalidades”.
Juntas de agua resisten
De 20 a 70 lempiras (de 1 a 4 dólares) es el costo que mensual del agua en las comunidades que administran sus propios proyectos. En la ciudad de El Progreso, el agua la obtienen de la montaña Mico Quemado (por gravedad), o por pozos subterráneos que trabajan con bombas eléctricas. Hay sectores que cuentan con agua las 24 horas los 7 días de la semana. Hasta el momento el trabajo de las juntas de agua ha sido de calidad y sin fines de lucro, aseguran algunos beneficiarios.
“La lucha por defender el agua de todos” dice Santos Briso presidente de la junta de agua en Arena Blanca. Don Santos alegremente compartió en Radio Progreso que en su comunidad los jóvenes han asumido un rol activo en defensa del agua, y que no van a permitir que pase a manos de una alcaldía corrupta que nunca se ha preocupado por el desarrollo de las aldeas.
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