Honduras está viviendo momentos complicados. Por un lado hay toda una política estatal de entrega de territorios a empresas transnacionales y por el otro hay una ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes.
Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron durante los gobiernos de Roberto Michelleti, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con una licencia en mano para instalar una minera, una represa o talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla.
Ahora es normal y casi cotidiano escuchar que se han iniciado acciones de defensa de ríos y de bosques en comunidades de los departamentos de Lempira, La Paz, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, Cortés, entre otros. “Sabiendo que les puede costar la vida a los líderes que impulsan la lucha, porque ese fue el mensaje que también mandaron a los líderes ambientalistas con el asesinato de la guardiana de los ríos y lo bosques, Berta Cáceres.
Es tal la desesperación de los movimientos sociales no solo en Honduras sino a nivel internacional que han tenido que recurrir a la propia Iglesia Católica, al Papa Francisco, para que escuche los clamores del pueblo, y también para prediquen con el ejemplo y no sean parte de este sistema extractivista”, señaló el ambientalista Pedro Landa.
El país cuenta con más de 800 concesiones mineras metálicas y no metálicas. Según José Antonio Galdámez, ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Mi Ambiente, “esas 800 concesiones apenas representan el uno por ciento del territorio nacional y es muy pequeño con relación a las riquezas que tenemos en el país”, convencido de la necesidad urgente de seguir promoviendo la minería para atraer empresas transnacionales, además señaló que la industria deja ganancias millonarias, sigue sin dar datos exactos.
¿Consulta previa para quiénes?
El gobierno de Honduras, luego de su participación en la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en el mes de junio de este año, en Ginebra, Suiza, informó de la conformación de una mesa técnica interinstitucional del Convenio 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración de una Ley de Consulta.
Se trata de una Ley que el gobierno aprobará 21 años después de que el Estado ratificara el Convenio 169 y de que, como nunca en la historia del país, se registraran conflictos territoriales en poblados indígenas, no indígenas y garífunas, dejando hasta líderes y lideresas asesinados, propiciados por el fortalecimiento de una política de concesiones que ha puesto a merced de las grandes corporaciones internacionales y nacionales, los bienes naturales comunes del país, de forma inconsulta.
Carlos Pineda vice ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Mi Ambiente, asegura que están culminando en la elaboración de esta ley, que en los próximos días será enviada al Congreso Nacional. “Hemos realizado talleres y jornadas de consultas con las comunidades indígenas” dice el vice ministro justiciando una propuesta de ley rechazada por las organizaciones garífunas e indígenas a nivel nacional.
Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), señala que de ser aprobada la Ley de Consulta Previa, la situación de vulnerabilidad en las comunidades se agudizará, puesto que la propuesta de ley señala al gobierno como responsable de decidir en los territorios y no en las comunidades.
Lo mismo creen las Tribus Tolupanas asentadas en las montañas del departamento de Yoro, una zona con mucha riqueza natural, que en los últimos años ha sido amenazada por empresarios que pretenden a toda costa adueñarse de ese territorio. “No han hecho ninguna socialización de la ley”, dijo a Radio Progreso Ramón Matute del Consejo Preventivo Tolupán. Ramón, al igual que sus compañeros cree que la ley se aprobará para seguir concesionando el territorio y seguir dividiendo a las comunidades.
Una lucha que se multiplica
Aunque el derecho a la consulta previa, libre e informada, amparado en el Convenio 169, es exclusivo de los pueblos indígenas y tribales, las comunidades en general, políticamente se han apropiado de ese derecho, argumentando que ninguna autoridad puede decir sobre sus territorios sin consultarles.
En la zona sur de Honduras, la población está en alerta pues aparentemente a partir del mes de diciembre se estaría arrancando con la construcción de la primera ciudad modelo. Según el coordinador de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, las organizaciones desde hace varios años comenzaron con un fuerte proceso organizativo para evitar la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) que significa la expoliación de familias de más de 40 mil kilómetros cuadrados.
Pero la problemática en la zona sur es muy compleja. Por un lado está el despojo territorial por la instalación de la ciudad modelo, y por el otro la explotación minera desmedida en manos de empresas extranjeras y terratenientes hondureños. Esta extracción de bienes naturales ha producido minería, defensores criminalizados y hasta muertes. Hasta el momento el Estado de Honduras lejos de garantizar la vida de las personas que habitan esta región ha incrementado el número de concesiones mineras y el aceleramiento de la ciudad modelo.
En la Bahía de Trujillo, Colón, como parte de la lucha contra la instalación de una refinería petrolera, la población de ese municipio ha presionado para que la municipalidad realice un cabildo abierto para consultar si la ciudadanía está de acuerdo o no con dicho proyecto.
En la zona norte, la bandera de lucha ha sido impulsada desde la iglesia católica, y han logrado articular diferentes sectores de la sociedad de Trujillo, Colón. Hermenegildo Ramírez, párroco de la iglesia San Juan Bautista, afirmó que las comunidades están avanzando, el cabildo abierto se realizará el próximo sábado 12 de noviembre a las nueve de la mañana en la plaza central. “La bahía de Trujillo se ve amenazada con la instalación de una refinería, la segunda ciudad modelo y la explotación minera”, agrega el religioso asegurando que la población no va a permitir la destrucción de la bahía.
En el occidente, por más de 200 años, los habitantes de Azacualpa en La Unión, Copán han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de la comunidad, ubicado en la parte alta de la montaña, donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), para despojar a sus muertos.
En 2012, la empresa minera se comprometió a construir 300 viviendas para reubicar las familias que viven en las cercanías de la zona donde se ubica la extracción. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido el compromiso firmado con las comunidades. En agosto de 2016, nuevamente las comunidades demandaron el cumplimiento del Addendum por el tema de las viviendas y llegaron a un nuevo acuerdo con la minera siendo intermediario el gobierno.
Ramiro Lara integrante de la Asociación Nacional de Organismos no Gubernamentales (Asonog), asegura que a pesar de esos acuerdos, gran parte de la población afectada por la minera no está a favor del convenio. La resistencia por defender el cerro del cementerio y la comunidad de Azaculapa continúa.
Minosa tiene en trámite con Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), cuatro solicitudes, San Andrés II, III, IV y V, además de la concesión ya aprobada. También existen tres concesiones más en la zona colindante a las solicitudes de Minosa. Dos son a nombre de EMECA S.A de C.V, en San Miguel y Las Juniapas, y una a nombre de Inversiones Orden S.A. Las comunidades creen que de ser aprobadas esas concesiones van a desaparecer 24 caseríos, sin incluir los que ya son afectados como San Andrés, Azacualpa y Platanares en Copán.
Estos tres casos son apenas un pequeño reflejo que viven las comunidades a nivel nacional. Donde resuenan, cobran fuerza y se ensaña como un mandato para todos y todas las palabras de Bertita cuando nos manda a decir “despertemos humanidad, ya no hay tiempo”. Palabras que calan en la vida de las comunidades pero que aún no hacen efecto en nuestros gobernantes que siguen poniendo el territorio hondureño a disposición de la industria extractivista para que venga a explotar los minerales que tiene nuestra tierra sin importar las consecuencias que estas prácticas generan en la población.
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