Por Sandra Rodríguez
Con la aprobación del Decreto Ejecutivo pcm-051- 2016 el 13 de julio y publicado en el Diario Oficial la Gaceta diez días después, que anuncia el cierre de la mitad de las oficinas del Instituto Nacional Agrario, INA, no solo afecta a campesinos, sino que es un ataque a la población nacional.
Donaldo Domínguez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, SITRAINA, afirmó que el cierre de 19 oficinas a nivel nacional es un acabose para la Reforma Agraria, porque no solo afectará a los empleados, sino a los y las campesinas que aspiran a tener su tierra para la producción agrícola.
Por lo que esta acción desde el Ejecutivo también afectará la parte económica en cuanto a la movilización de sus beneficiarios directos, ya que son mayoritariamente personas de escasos recursos económicos, y ahora para realizar las gestiones necesarias deberán viajar a otras ciudades.
Los empleados del INA, denunciaron que se ha reducido el presupuesto de unos 120 millones de lempiras. Los trabajadores tienen ya dos meses sin salario, les deben las vacaciones respectivas a cuatro años, por lo que la situación es complicada. A todo esto les preocupa que con el cierre de oficinas, no solo sea el desempleo, sino que es parte de la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), para despojar a los y las campesinas de sus tierras.
Mientras que, Jorge Vásquez, coordinador general de la Plataforma Agraria Nor-Occidental, agregó que la cancelación de oficinas del INA, además afectará a niños y niñas, quienes dependen totalmente de sus padres y madres. Esta no es una forma de ayudar al desarrollo del país, el gobierno debería enfocarse en ejecutar las leyes que favorezcan a los más desprotegidos.
Para el caso, en esa zona al menos 10 masacres se han ejecutado contra campesinos, la última fue contra dirigentes ancianos, porque no pudieron correr para huir de las balas en el departamento de Santa Bárbara.
Por lo que urge que al campesinado se le escuche en espacios de toma de decisión como en el Ejecutivo y en el Congreso Nacional. No queremos que nos cierren los espacios, sino que nos den las oportunidades para exigir que se apruebe una Ley de Reforma Agraria Integral.
Se nos está violentando el derecho a la tierra, a la asesoría técnica y crediticia, al trabajo, a la alimentación , a la seguridad, aún más cuando más de cinco mil campesinos están con medidas sustitutivas a la prisión por exigir estos derechos; se nos sigue pisoteando, peor aun cuando tenemos al menos 12 compañeros presos.
Entre ellos están privados de libertad Abel Pérez y Santos Hernández, en Nacaome, Valle, al sur del país, por hacer uso de tierras para un parqueo en semana santa del año pasado. Están acusados por usurpación, daños y amenazas contra el terrateniente Jorge Luis Cassis, en la comunidad de Playa Blanca, Amapala, donde se pretende intalar la primera Zona de Empleo y Desarrollo Economico, ZEDE, o “Ciudad Modelo”.
A criterio de Vásquez, lo que está haciendo JOH, es entregando el país por pedazos, quien sigue el plan iniciado por su homólogo Rafael Leonardo Callejas (presiente de Honduras en el periodo 1990-1994), y nosotros no lo podemos permitir, nuestros antepasados han entregado su sangre por defender esta tierra, y debemos continuar la lucha, afirmó Vásquez.
El pasado 2 de marzo, la defensora de Derechos Humanos, del pueblo indígena Lenca y los bienes comunes, Berta Cáceres Flores, fue asesinada en su vivienda. El crimen sigue en la impunidad, al no capturar a ningún hechor intelectual, pese a que la defensora había hecho reiteradas denuncias de amenazas, por manifestarse en contra de la construcción de represas hidroeléctricas.
En el pueblo indígena Lenca del departamento de las paz, solo en el 2015, más de 20 personas defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas, al igual que el 95 por ciento de los crímenes en Honduras, siguen en la impunidad. Otro tanto fue procesado legalmente en desalojos violentos.
Y es desde la época de 1990 con los ajustes estructurales a países débiles, se aprobó un proyecto del Banco Mundial con el que se redujo el presupuesto público para la producción y en el 2009, con el Golpe de Estado se controla los recursos naturales.
En el 2014 se firmó un acuerdo para la reducción del costo público entre el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Gobierno. De ahí vemos el despido de cientos de empleados de empresas de servicio público como energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y ahora el INA, declaró Yony Rivas, vocero de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán.
La zona del Aguán, se ha instalado a nivel mundial por el conflicto de la tierra, desde el 2010, más de 130 personas han perdido la vida entre campesinos, campesinas y guardias de seguridad privada. Se ha militarizado la zona de forma permanente y las violaciones a derechos humanos no se hacen esperar, sin que exista investigación de los casos, pese a que existe de parte del Ministerio Público la Unidad de muertes Violentas en el Bajo Aguan (UMVIBA-MP).
Hay escuadrones de la muerte, paramilitares, infiltrados, militarización, persecución, criminalización, toso eso es parte de las estrategias para debilitar a las bases campesinas, aseguró Rivas.
Y afecta no solo a nuestro sector, sino que se daña a toda la población, por lo que la sociedad completa debería manifestarse en contra del cierre de las oficinas del INA y que se brinde mayor apoyo al agro. Si ahora dependemos de la importación del 70 por ciento de nuestra alimentación, en unos cinco años tendremos que comparar desde afuera hasta un 95 por ciento de lo que comemos.
En el Bajo Aguán, se hace esfuerzo por producir maíz, frijoles, plataforma, yuca y frutas, aunque es a baja escalo para consumo familiar, porque hay una política estatal a la producción de palma africana, afirmó el dirigente campesino, quien en junio pasado fue absuelto en juicio oral y público junto a más de 20 personas, acusados de participación ilícita en su condición de meros espectadores, y daños contra el Estado, cuando hacían un planto en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, cerca de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en agosto del 2012.
Ése día hayan sido citados por una comisión de magistrados, para hablar sobre el caso de sus empresas campesinas y un fallo no ejecutado que los acreditaba como dueños. Al no ser atendidos, al menos un centenar de campesinos decidió manifestarse en la calle. Un mes después fue asesinado el representante legal de los campesinos, Antonio Trejo, quien forma parte del grupo criminalizado.
Entre los cierres de oficinas para vender los edificios, está la oficina de asesoramiento legal a los grupos Indígenas y afro-hondureño, además el departamento reconversión empresarial, donde los grupos campesinos buscan asesoría legal y técnica. En resumen se busca el despojo de la tierra y reducir la producción, acaparamiento de tierras para ZEDEs, construcción de represas hidroeléctricas y explotación minera, nada de eso proporcionará alimentación y agua y aumentará la pobreza.
Comunicado de la Plataforma Agraria
Las organizaciones de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula, el Aguán y el Sindicato de Trabajadores del INA, la Fundación San Alonso y Madre Tierra, emitieron este día el siguiente comunicado:
1. Condenamos la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández al aprobar un Decreto Ejecutivo pcm-051- 2016 el 13 de julio y publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 23 del mismo mes, con el que estaría desapareciendo el 50 por ciento de las oficinas y bienes del Instituto Nacional Agrario (INA), los cuales estarían puestos a la venta. Esta medida dejara a centenares de familias desempleadas y miles de campesinos y campesinas sin asistencia, asesoría legal y técnica con el objetivo de despojar a las familias campesinas de sus tierras.
Con el cierre de las oficinas del INA estarán desapareciendo las siguientes: Una oficina regional ubicada en Talanga Francisco Morazán y 18 oficinas sectoriales a nivel nacional, además de la oficina de asesoría legal de los grupos indígenas y afro hondureños, así como también el departamento de reconversión empresarial, por lo tanto denunciamos que el Decreto Ejecutivo aprobado en julio pasado es inconstitucional según los artículos 344 al 350 de la constitución de la República y que también violenta el convenio internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales del cual Honduras es suscriptor.
2. Conocemos que nuestro país es vocación agrícola y forestal, por lo que condenamos enérgicamente la estrategia del gobierno al imponer un sistema extractivista, a través de proyectos hidroeléctricos, minero y la implementación de monocultivo, con la venta nuestro territorio a la gran industria corporativa y transnacional.
3. A más de dos años de exigir la readecuación deuda adquirida por las familias campesinas de MARCA y MUCA en el año 2010, vemos inoperancia en el Gobierno con la clara la intensión de asfixiarnos económicamente, difamarnos y luego despojarnos de nuestras tierra, por lo que demandamos condiciones justas para la elaboración de un nuevo Plan de Negocio y una Estructura Financiera.
4. Denunciamos que desde el Estado de Honduras está restringiendo la libre organización popular y campesina, así como también la destruyendo las organizaciones ya establecidas, tal como el caso de las empresas campesinas de Jardines de la Sierra en el Valle de Sico con el proyecto de coinversión en producción de Girasol.
5. Denunciamos el plan para desaparecer el INA que además trae consigo una estrategia de remilitarización a nivel nacional, la infiltración paramilitar a lo internos de los asentamientos, empresas y movimientos campesinos, la creación de escuadrones de la muerte y la criminalización, persecución y hostigamientos hacia líderes y lideresas campesinas a nivel nacional.
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