Por Javier Suazo
Los dirigentes y simpatizantes de la mayor parte de los partidos de oposición política al gobierno salieron a las calles para pronunciarse en contra de la pretendida reelección del presidente actual. Ya antes, dirigentes y activistas del partido de gobierno celebraron marchas en todo el país para demandar la reglamentación de la reelección al recoger-según manifestaron- más de 1, 300,000 firmas, en las que incluyeron a beneficiarios (s) de los programas sociales como Vida Mejor y bono diez mil (transferencia monetaria) apoyado por el FMI para compensar los efectos e impactos negativos de ajuste económico.
En esta marcha se juntaron de la mano dirigentes del partido liberal, PAC, PINU-SD y Alianza Patriótica. Lo más comentado fue la presencia de dirigentes del partido LibRe, revelándose a Manuel Zelaya Rosales (MEL) por no autorizar su participación ya que se le está haciendo el juego al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) al ser una marcha convocada por golpistas en tanto la cúpula del partido liberal tiene una alianza con el gobierno. En su defensa los dirigentes “disidentes” de la cúpula de LibRe, argumentan que el 70% de la población está en contra de la reelección y, por tanto, no pueden ir en contra de la voluntad del soberano.
La marcha (s) tuvo concurrida y, a decir de la prensa no comprada, mostró por primera vez nervioso al presidente Hernández, al preguntársele por que no salió nadie de Casa de Gobierno a recibir un planteamiento de los manifestantes liderados por Salvador Nasralla de PAC para que desista de la reelección. El argumento de que no le interesa hablar de este tema por estar concentrado en la solución de los graves problemas nacionales como el ZICA, desempleo, inseguridad alimentaria, violencia, corrupción, narcotráfico, etc., ya no convence y más bien debería aclarar de una vez su posición al acercarse la fecha para que los partidos inscriban sus movimientos o corrientes políticas en el Tribunal Nacional de Elecciones.
Mientras esto ocurre, el Congreso de la República se apresta a discutir varios anteproyectos de Ley para poner o no en práctica la figura del plebiscito, a efecto de consultar al soberano si quiere o no que exista reelección presidencial en el país, como la única salida legal al conflicto existente. El Partido Liberal manifiesta que debe consultársele al pueblo sobre la reelección, ya que no hacerlo e inscribir al presidente Hernández sería una clara violación a la Constitución de la República y generaría una crisis política de magnitudes insospechables. Igual se manifiesta el PINU-SD y PAC, que de consumarse este hecho se perdería la credibilidad en el proceso político e incluso, tal como en el caso de PAC, no participaría en la contienda electoral por considerarlo desde ya un proceso viciado.
Algo curioso surgió en la propuesta de los anteproyectos del Partido de Gobierno y de LibRe, donde se anexaron varias preguntas que deben hacerse al soberano en caso que la convocatoria al plebiscito se apruebe. El Partido Nacional busca validar y legitimar los programas, logros y acciones de gobierno al darle carácter constitucional y permanente al programa Vida Mejor ( compensación social al infinito) y Policía Militar del Orden Publico (PMOP), abaratar por decreto el costo de la canasta básica de alimentos, aumentar las penas a los traficantes de drogas, reelección de alcaldes y diputados en forma indefinida, aumentar el periodo de gobierno a 6 (seis) años, regular la reelección presidencial (¿cuál si no está vigente?), y legislar para que los que están afuera del país traigan la plata y generen empleo (¿cómo se hará esto?).
Su busca confundir a la oposición y los electores, ya que muchas de las preguntas tienen desde ya respuestas, y otras están supeditadas a los resultados de plebiscito y su reglamentación.
En el caso de LibRe, las preguntas incluyen volver a los logros alcanzados por el gobierno de Zelaya y validar los cuestionamientos a la política del gobierno del presidente Hernández. Se incluyen preguntas para apoyar la rebaja de los precios de los combustibles, aumento del salario mínimo, devolución de las conquistas sociales a los trabajadores y maestros, Comisión Especial de Naciones Unidas para investigar la muerte de Bertha Cáceres, derogación de la ley de secretos y Tazón, eliminación de las casetas de peaje, investigación sobre los autores intelectuales del golpe de Estado e instalar una Cuarta Urna en las elecciones de 2017 para convocar a una Asamblea Constituyente.
La denuncia es que detrás de esta confusión existe una alianza entre el Partido Nacional y el Partido LibRe para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial, lo que supone que las elecciones generales de 2017 pueden quedar en suspenso y Juan Orlando Hernández sería el garante del proceso y, por tanto, continuaría en el pode dos (2) años más. Otros analistas independientes argumentan que la alianza entre ambos partidos (JOH y MEL), es para avalar la reelección y participar ambos en la contienda; a ello se debe que MEL siga en campaña política y acepte como válida la ilegitimidad de la reelección por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el poder que ejerce JOH sobre instituciones como el Congreso de la República, Fiscalía, Corte Suprema, Tribunal Electoral y Tribunal de Cuentas.
Los (as) diputados nombrados para elaborar el dictamen de los anteproyectos, todavía no se ponen de acuerdo en emitir un dictamen individual o conjunto que integre las iniciativas. Lo cierto que cualquier cosa puede suceder, ya que ni la oposición ni el partido de gobierno tienen la mayoría calificada (86 votos) para aprobar su propuesta, y se habla incluso de nuevo del “tilín tilín”, o sea la compra de diputados para que se desista de la convocatoria al plebiscito y, en su lugar, reglamente la reelección para que JOH puede ser inscrito como candidato. Igualmente, diputados oficialistas y representantes del Tribunal de Elecciones hablan que esta consulta costaría al Estado 500 millones de lempiras, sin que se identifique la fuente de los recursos; para miembros de LibRe (¿disidentes?) sólo se necesitan 40 millones, los que pueden ser sacados de los recursos que se captan con la tasa de seguridad.
Lo más probable es que la iniciativa de convocar a un plebiscito no prospere, pero igual no se apruebe la reelección de JOH por el Congreso, aun cuando cuenta con otros medios para inscribirse. Si el Congreso declara sin lugar las iniciativas presentadas, el Partido Nacional podrá exigir al Tribunal Nacional de Elecciones la inscripción bajo el argumento que es un caso juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
El problema es que uno de los garantes de la Constitución de la República, o sea las FFAA, están divididas a favor o en contra de la reelección, y una crisis política los orillaría a tomar partido en contra de esta iniciativa del Partido de Gobierno en una coyuntura donde lo menos que quieren los EEUU y su virtual presidenta, Hilary Clinton, es avalar otro golpe de Estado “blando” antes de tiempo. El otro garante, el pueblo, saldrá a las calles a exigir el respeto a la Constitución y la convocatoria a una Constituyente, tal como puede desprenderse de las declaraciones de los jóvenes indignados, pronunciamiento del partido socialista de los trabajadores, organizaciones ambientalistas y grupos defensores de derechos humanos.
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