Por Joaquín Mejía *
El sistema de protección convencional de derechos humanos de las Naciones Unidas está constituido por un núcleo duro de nueve tratados, dos de los cuales son de carácter general -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, y 7 de carácter específico, entre los que se encuentra la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (la CAT por sus siglas en inglés).
La CAT establece la creación del Comité contra la Tortura que es un órgano de control formado por expertos y expertas independientes, y entre sus funciones se encuentra supervisar la aplicación de la CAT mediante el examen de informes periódicos que los Estados Partes deben presentar ante él y sobre los cuales el Comité realiza las recomendaciones pertinentes en forma de observaciones finales.
El Estado de Honduras ratificó la CAT el 5 de diciembre de 1996 y desde ese momento asumió la obligación de presentar ante el Comité contra la Tortura informes periódicos sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que haya adoptado para implementar las disposiciones del tratado. Honduras presentó su primer informe en el año 2009 y durante los días 27 y 28 de julio el Comité contra la Tortura examinó el segundo informe estatal.
Es importante resaltar que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental en este examen ya que pueden presentar información mediante informes alternativos conocidos como “Informes Sombra” (Shadow Reports) o “Contrainformes”, en donde señalan los posibles errores, inexactitudes y omisiones de los informes estatales. En este sentido, la Plataforma EPU y la Coalición contra la Impunidad en coordinación con la Organización Mundial contra la Tortura y la Plataforma Internacional contra la Impunidad presentaron su informe alternativo respectivo y sostuvieron reuniones con miembros del Comité contra la Tortura y de otros mandatos de la ONU en materia de derechos humanos.
Además, estas organizaciones estuvieron presentes en el examen como observadoras y constatamos la preocupación del Comité en relación con varios temas sobre derechos humanos, entre los que se destacan, la militarización de la sociedad y del sistema penitenciario, la incompatibilidad de utilizar batallones militares como centros de detención preventiva, la grave situación de hacinamiento en las cárceles, la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTI, la dramática situación de los centros de internamiento de menores, la impunidad por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares, la debilidad institucional de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la concentración de poderes en el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la falta de cumplimiento de las sentencias Pacheco Teruel y otros, López Álvarez y López Lone y otros, particularmente en lo que se refiere a la falta de reintegro de los jueces López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios, y de la magistrada Flores Lanza.
El Comité insistió en su preocupación sobre la militarización de la seguridad pública y del sistema penitenciario con su consecuente impacto negativo sobre los derechos humanos de la población en general. Se debe reconocer que la delegación estatal en algunos aspectos importantes no negó la existencia de una situación delicada en materia de derechos humanos y a pesar que planteó una serie de medidas para superar la situación de impunidad, el Comité le recordó al Estado su obligación de garantizar la seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos.
En esta materia, es importante resaltar que la jefa de la delegación, la abogada Karla Cuevas, señaló en su intervención que en “la medida que la Policía Nacional fortalezca sus capacidades se producirá el repliegue de las Fuerzas Armadas en su apoyo a dicho cuerpo, proceso que dará inicio en el último trimestre del 2016”. En otras palabras, de cumplirse este anuncio, a finales de este año comenzaría un repliegue progresivo de las Fuerzas Armadas en asuntos relacionados con la seguridad pública que en un Estado de derecho debe corresponderle a una policía civil.
Este y otros temas representan un desafío no solo para el Estado hondureño sino también para la sociedad en el sentido de monitorear y exigir rendición de cuentas en el cumplimiento de este anuncio tan importante para la vida democrática del país. Lo que ahora se espera es que el Comité contra la Tortura, una vez que reciba más información estatal sobre algunas cuestiones que quedaron pendientes, le haga las recomendaciones necesarias al Estado hondureño para que las preocupaciones expresadas en este examen se traduzcan en vías de diálogo y compromiso para superar la crisis de derechos humanos que vivimos en el país y particularmente, para favorecer el fin de la práctica de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la impunidad que rodea a esta y otras graves violaciones a los derechos humanos.
* Doctor en Derecho internacional (ERIC)
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