El Estado de Honduras adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 5 de diciembre de 1996. El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado es el Comité contra la Tortura.
Desde esa fecha, Honduras se comprometió a presentar ante el Comité contra la Tortura informes periódicos sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que el Estado hondureño haya adoptado para erradicar la tortura.
Hace 7 años el Estado presentó su primer informe ante el Comité y este miércoles 27 de julio será examinado por segunda vez en un contexto nacional marcado por la brutalidad policial, la militarización y la impunidad.
Evidentemente, el Estado no siempre presenta la realidad como es y por eso es que las organizaciones de derechos humanos tienen la posibilidad de presentar una visión alternativa de lo que pasa en el país.
En este sentido, la Plataforma EPU y la Coalición contra la Impunidad, con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad han enviado un informe alternativo al Comité, en el cual se destacan las principales preocupaciones identificadas por parte de la sociedad civil en materia de tortura.
Este informe alternativo resalta que la tortura sigue siendo una herramienta utilizada en múltiples formas y situaciones por las fuerzas de seguridad públicas y privadas, lo cual se agrava con la falta de investigaciones serias y efectivas que hace persistir una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial.
A su vez, el informe denuncia el involucramiento creciente de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado, así como una tendencia en paralelo a la proliferación de las empresas de seguridad privada, lo que representan riesgos para la vigencia del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
Esperamos que el informe alternativo presentado al Comité contra la Tortura favorezca el fin de la práctica de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la impunidad que rodea a esta y a otras graves violaciones a los derechos humanos en el país
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