Esta semana se cumplieron seis años de la matanza en Tamaulipas, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Hace seis años murieron masacrados 72 migrantes en el Rancho de San Fernando. Los migrantes eran de origen centroamericano y sudamericano. De esa barbarie sobrevivieron tres migrantes de los cuales solo dos fueron identificados: un ecuatoriano y un hondureño.
Seis años han pasado y la realidad migratoria no cambia, se agudiza. Los pobladores del denominado Triángulo norte: Honduras, El Salvador y Guatemala, siguen saliendo en masa hacia Estados Unidos. Otro flujo que ha aumentado es el de nicaragüenses hacia Costa Rica. Para quienes toman la ruta migratoria hacia el norte, México sigue siendo el territorio donde se le violentan los derechos humanos, hasta el derecho más fundamental como es la vida. Los caminos que transitan los migrantes siguen estando llenos de peligros con la operación del crimen organizado que los secuestra, asalta y en el último de los casos los asesina, y todo se queda en total impunidad.
Pero la responsabilidad es no solo de las autoridades mexicanas. Los gobiernos centroamericanos no han hecho nada para parar el flujo migratorio de sus países, es más, ahora no solo salen hombres y mujeres sino familias completas con sus niños y niñas. Los gobiernos centroamericanos entienden que ahora, además de las razones económicas la población migra huyendo de la violencia y otros van en busca de la reunificación familiar. Los gobiernos saben las causas y muy poco profundizan en las soluciones.
La masacre de San Fernando fue la oportunidad perfecta para que, en medio del dolor, se pudieran asumir verdaderos compromisos de respeto a los derechos humanos de las personas expulsadas de sus países.
Pero nunca es tarde, estamos en los tiempos oportunos para tomarse decisiones serias que lleven a crear políticas públicas que busquen generar empleos dignos con salarios justos para la población desempleada, sobre todo joven. Garantizar la seguridad ciudadana a la gente tomando decisiones efectivas que paren la violencia que es mucho más que la tasa de homicidios que presenta el país.
Estos compromisos deben ir unidos a una exigencia internacional de respeto a la vida de los ciudadanos, y crear las condiciones necesarias para que matanzas como la de San Fernando no se repitan y al contrario se investiguen para sacarlas de la impunidad. Además apostarse por la migración no como una opción para huir del país sino como una oportunidad y un derecho humano.
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