Por Javier Suazo
Después de la diarrea de Leyes que aprobó el Congreso de la República de Honduras a finales de 2013 para curarse en salud y quedar bien con los OFIs, muchos de los hondureños que no tienen acceso a información que aparece en la prensa escrita, habían descartado que diputados a este órgano legislativo volvieran con sus prácticas de introducir reformas a la legislación vigente para beneficiar a empresarios poco honestos y a ellos mismos. Se pensó que, en nombre del desarrollo nacional, no siguiera mutilándose los fondos del erario público y comprometiendo los ingresos del Estado con la aprobación de contratos poco transparentes que a todas luces muestran grados de corrupción.
Igual con la firma del convenio de mediano plazo con el FMI en diciembre de 2014, que por única vez las reformas neoliberales en lo institucional como el caso de la nueva Ley Energética aprobada que crea la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), se volverán a modificar las reglas del juego para los actores del sector, ya que se había dado amplia participación al sector privado y la banca en la administración de los servicios de energía, aplicándose también un ajuste automático de tarifas dejando un subsidio de hambre para aquellos que consumen menos de 50 kilovatios.
Recién se han prendido las alarmas, al pretender ciertos diputados del Partido Nacional volver a las reformas de la legislación aprobada, y seguir el camino de las leyes marco sectoriales, manoseadas hasta por los militares y embajadores. Estas leyes (energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento) supuestamente ordenarían cada uno de los sectores, separando las funciones de dirección y coordinación, de las de ejecución, control, evaluación y regulación. Sin embargo, fueron modificadas y las nuevas reformas se convirtieron en permanentes, por lo que se desfasaron y volvieron obsoletas dejando un manto de corrupción, inoperancia y falta de visión institucional para promover el desarrollo de los sectores estratégicos.
Las reformas introducidas en el seno del Congreso de la República buscan ajustar la Ley de la Industria Energética para permitir que sean renovados automáticamente todos los contratos de energía que se venzan, independientemente si cumplieron o están cumpliendo con las disposiciones establecidas. Se busca eliminar los nuevos concursos a licitaciones públicas para contratar energía por la ENEE, ya que se asume que los proyectos actuales de energía renovable están operando en forma eficiente.
Un diputado del Partido Anticorrupción (PAC) puso en alerta a sus compañeros de cámara y prensa nacional, y logró que, en el tercer debate del anteproyecto discutido en el legislativo, se conociera el dictamen del Ente Regular, en este caso, la CREE, que, según declaraciones de su presidente, Ricardo Espinosa, seria contrario a la pretensión ya que dichas reformas son leoninas para las finanzas de la empresa y país, y mandan un mensaje equivocado a los inversionistas. Además, estas acciones en el Congreso Nacional se realizan desconociendo la institucionalidad constituida, conformada por una instancia decisoria a nivel de políticas (Mi ambiente), un ente ejecutor, otro regular y los operadores de los servicios.
El argumento a favor de las reformas, es que muchos de los contratos fueron aprobados antes de entrar en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), los proyectos no se pudieron concluir y los inversionistas se endeudaron sin que el gobierno les reconozca estos costos y daños. El problema es que hubo una piñata previa de permisos para ejecutar proyectos de energía renovable, aun cuando no existía capacidad técnica y financiera de los inversionistas para llevarlos a cabo, por lo que optaron por venderlos a empresarios con proyectos de energía térmica.
Pero además de ello, el impacto de esta reforma en las finanzas de la ENEE es significativo. Se habla que la empresa tendrá que pagar cerca de 1,770 megavatios de energía adicionales generados por estos proyectos, asumiendo que las plantas están operando. Pero el problema mayor viene por el lado de la perdida de confianza de la institucionalidad creada con aval del FMI, en momentos donde se apuesta a una liberalización del mercado energético nacional y regional.
Es poco probable que el Congreso de la Republica apruebe estas reformas a la LGIE, en una coyuntura política cuyo tema del día es la reelección presidencial. Estas reformas incluso contradicen lo convenido por el gobierno con el FMI, por lo que se espera que no prosperen. Este organismo no permitirá que una fuente creciente de recursos internos para honrar el pago del servicio de la deuda externa, se pierda por la creencia que Honduras tiene suficiente capacidad para generar energía renovable, pero también capacidad técnica y financiera para absorberla; o por el simple hecho que existen muchas comunidades y aldeas del país a oscuras apareciendo como salvadores diputados del partido de gobierno.
Lo importante es ir más allá de estas distracciones. En primer lugar, la elaboración de una estrategia y política energética de largo plazo, que visualice la composición de la matriz energética del país a futuro y su interconexión con los demás países de la región centroamericana. Este instrumento no debe servir como mecanismo de control de territorios y ríos de los pueblos étnicos, ni para eliminar dirigentes ambientalistas. En segundo lugar, hay que eliminar los subsidios otorgados por el gobierno a empresas generadoras de energía renovable, al autorizar a la ENEE pagar un precio mayor por kilovatio. En tercer lugar, hay que acompañar un plan de cierre de empresas térmicas que ya cumplieron su ciclo y, a decir de grupos ambientalistas, ya recuperaron varias veces su inversión. Otro problema son las deudas acumuladas por la ENEE y la reducción de pérdidas por ineficiencia, que no deberían ser trasladadas a los usuarios en el costo de las tarifas.
El sector energético es estratégico para la economía y sociedad hondureña, por lo que el Estado no debería confiar mucho en las reformas neoliberales apoyadas por el FMI ya que los costos de su ejecución son muy altos. Para el caso, el ajuste automático de tarifas resta competitividad a las industrias e impacta considerablemente en el ingreso familiar, sumado a los problemas de pobreza, desempleo y exclusión; pero igualmente deben tirarse al cesto de la basura practicas políticas de antaño, como aquella que reza: el beneficio mío es a la vez el beneficio de la población a la que represento.
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