"Un migrante indocumentado que fue detenido y torturado por la policía y el ejército mexicanos se enfrenta a un juicio injusto exclusivamente a causa de su origen étnico. Este hombre debe ser puesto en libertad inmediata e incondicional", ha manifestado Amnistía Internacional, al declararlo preso de conciencia.
Ángel Amílcar Colón Quevedo, miembro de la comunidad afrodescendiente garífuna, fue detenido por la policía en 2009 en Tijuana, México, cuando intentaba viajar desde su hogar en Honduras a Estados Unidos. Desde entonces permanece recluido, acusado de pertenecer a una banda criminal.
“La detención y el juicio en curso de Ángel Colón se basan únicamente en su origen étnico, y por tanto son una parodia de la justicia. Se trata de un hombre que ha sido sometido a tortura y a malos tratos brutales. Debe ser puesto en libertad inmediata e incondicional”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“El trato despreciable e inhumano sufrido por Ángel Colón a manos de la policía y el ejército mexicanos se ve ahora agravado por el hecho de que los agentes federales del ministerio público han presentado cargos contra él utilizando información falsa obtenida mediante tortura.”
Ángel Colón había viajado como migrante irregular a Tijuana, estado de Baja California, de camino a Estados Unidos. Confiaba en ganar dinero con el que pagar el tratamiento para el cáncer de su hijo de ocho años en Honduras. Seis meses después de la detención de Ángel Colón, su hijo murió.
Una vez en Tijuana, conoció a un “coyote” (personas que se dedican a hacer cruzar ilegalmente la frontera a otras personas) local, que le prometió ayudarle a cruzar la frontera con Estados Unidos. Tuvo que esperar varios días en una casa, con órdenes de permanecer en silencio y no salir. El 9 de marzo, un grupo de policías armados irrumpió en la casa. Asustado por la situación, Ángel Colón huyó, pero la Policía Estatal Preventiva lo detuvo en las cercanías.
Los policías golpearon a Ángel Colón en las costillas, lo obligaron a caminar sobre las rodillas, le dieron patadas y le propinaron puñetazos en el estómago. Luego le vendaron los ojos y lo llevaron a una base militar, donde oía los gritos de otros detenidos. Le dieron numerosas palizas y lo amenazaron con que le sucedería lo mismo que a los detenidos a los que oía gritar. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para semiasfixiarlo. Lo desnudaron y lo obligaron a limpiar con la lengua los zapatos de otros detenidos y a realizar actos humillantes. Además, se dirigían a él una y otra vez llamándole “pinche negro”.
Tras 16 horas de semejantes torturas y malos tratos, a Ángel lo obligaron a hacer una “confesión” ante el ministerio público federal. Aunque más tarde describió a un juez lo que había sufrido y dijo que su declaración anterior era falsa y había sido extraída mediante tortura, la declaración sigue figurando entre las pruebas en su contra.
Sus denuncias fueron corroboradas más tarde por médicos forenses independientes, pero no se ha llevado a cabo una investigación oficial sobre el trato que sufrió, lo cual viola las obligaciones contraídas por México en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, los cargos de pertenencia a una banda delictiva están siendo enjuiciados sobre la base de información obtenida mediante tortura.
“La policía y el ejército mexicanos utilizan de forma habitual la tortura para obtener ‘confesiones’, y Ángel Colón sufrió especialmente a causa de su origen étnico y nacional. Es vergonzosamente cierto que, en México, las autoridades siguen tolerando el uso generalizado de la tortura y prácticamente nadie rinde cuentas de esos delitos. Esto no se puede llamar justicia”, ha manifestado Erika Guevara.
Amnistía Internacional ha concluido que las personas que pertenecen a grupos sociales marginados suelen ser víctimas de procesamientos infundados a causa de la discriminación estructural del sistema de justicia penal de México. Algunos se consumen en prisión simplemente por su identidad racial o cultural.
“Al considerarlo nuestro preso de conciencia más reciente, apoyaremos a Ángel Colón y haremos campaña en su favor, e instamos a la Procuraduría General de Justicia de la República a que retire estos cargos y ponga a Ángel Colón en libertad inmediata e incondicional.” Ángel Colón cuenta con el apoyo en México del Centro Prodh (ONG local)./ Fuente: El Mercurio Digital
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