Es un tema recurrente el de la desnutrición —y la malnutrición— principalmente en los niños, una situación continuada que empeora con el incremento de la precariedad económica de los hogares hondureños.
No es extraño, por consiguiente, que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) exponga en estos momentos su preocupación ante el avance de la desnutrición infantil en Honduras, que, en algunas zonas del país, llega al 30% de la población menor de edad.
"Hablamos al gobierno de lo que nos preocupa —ha dicho la representante del PMA, Pasqualina di Sirio—, que es la desnutrición y la necesidad de proyectos y programas que se están llevando a cabo para alimentar a los niños".
Al suave, como decimos aquí, esta preocupación podría interpretarse como una crítica saludable sobre la ineficacia de algunos programitas, diseñados, en realidad, para propaganda y diversión política. Sobre todo si hablamos de "supertortillas", de ingesta de insectos proteínicos, de bonificaciones familiares y meriendas escolares discriminadas, etcétera.
Hace aproximadamente dos años, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba que el 72% de la población hondureña se encontraba en el bajo umbral de la inseguridad nutricional y alimentaria. También se advertía sobre el hecho —crónico, por cierto— de que la desnutrición y malnutrición es responsable de la pérdida progresiva de la capacidad inteligente de nuestra gente. Esa situación prosigue, con creces.
Todas esas advertencias y mediciones sicosomáticas resbalan en la mente política y social de los dirigentes y quienes gobiernan. En lo que importa a los organismos internacionales de la salud y los derechos humanos, la denuncia pasa a los archivos como constancia, pero sin consecuencias punibles.
La representante del PMA explica, en esta ocasión, lo que sabemos de sobra: que la desnutrición y malnutrición infantil es secuela de la pobreza y de la cultura alimenticia, que en la ruralidad se reduce al consumo casi exclusivo de maíz y frijoles. Con el agravante, diremos, que ahora esos alimentos básicos tampoco alcanzan para el bolsillo pobre.
En estos momentos, para el caso, los precios al consumidor final de los alimentos (granos básicos, lácteos, huevos, carne, legumbres, frutas) se han elevado en 30% o más, merced a la especulación y, de alguna manera, como derivación del "paquetazo navideño" que subió del 12% al 15% el impuesto sobre ventas, ISV.
El precio de la canasta básica familiar aumentó en los últimos tres meses en 2,000 lempiras, mientras el valor adquisitivo de los salarios decreció en casi 5%. El famoso arreglo bipartidista para preservar los precios de los alimentos y artículos esenciales de la canasta básica familiar, publicitado como un gran logro, resultó ser pura paja, de la más burda y gruesa.
Es casi inoficioso señalar que el enfrentamiento del problema de la desnutrición y la malnutrición, en toda su dimensión, habría de partir de una política de seguridad alimentaria orientada a la producción nacional de alimentos para abastecer a la población hondureña a precios accesibles para todos, garantizando, al mismo tiempo, niveles razonables, justos, de rentabilidad para los productores.
Una política alimentaria, como ya lo hemos manifestado repetidamente, vinculada con nuestro sistema educativo, con el fin de que el hondureño conozca el valor nutritivo de los alimentos y aprenda a usarlos y combinarlos para obtener, a bajo costo, el mayor rendimiento de éstos.
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