Adital
Por Giorgio Trucchi
Rel-UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
Foto: ADCP
El 20 de marzo, un fuerte contingente de policías y militares llevó a cabo un nuevo desalojo forzoso contra unos 1.500 campesinos organizados en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quienes tenían un mes de haber recuperado parte de las 3.644 hectáreas, que en mayo de 2012 el Instituto Nacional Agrario (INA) había expropiado al ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa).
Según el INA, este ingenio, que es propiedad de la empresa británico-sudafricana SABMiller, que en Honduras controla también la Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, no habría solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria, ocupando y explotando ilegalmente y por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar.
Ante esta situación y pese a que la transnacional presentara un recurso de amparo, apegándose a un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, cientos de familias campesinas de la ADCP intentaron por tres veces recuperar las tierras, sufriendo igual número de desalojos.
Durante los primeros dos desalojos fueron detenidas 42 personas, entre ellas varios menores de edad, quienes fueron acusadas de "usurpación de tierra” y remitidos a los tribunales, donde les dictaron auto de prisión y les aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Esta vez, la tenacidad de las familias campesinas pudo más que la violencia de las armas.
"Llegaron a las 8 de la mañana y entraron al terreno. Nos dieron una hora para desalojar pacíficamente, exhibiendo una orden judicial que era ilegal, ya que la Corte de Apelaciones había admitido un recurso de amparo introducido por nuestro abogado”, dijo a La Rel, Isaúl Villalobos, vicepresidente de la ADCP.
Mientras militares y policías cercaban el lugar y la empresa enviaba a decenas de guardias de seguridad a tomarse el control de las tierras, las familias campesinas prefirieron no dar motivos que pudiesen "justificar” la represión.
Se reconcentraron en un terreno contiguo y esperaron el momento más oportuno para volver a recuperar lo que, aseguran, les pertenece.
"Cuando vimos que las maquinarias de Azunosa iban a destruir todo lo que habíamos sembrado para nuestra alimentación decidimos entrar nuevamente a las tierras, sacando a los guardias de seguridad”, continuó Villalobos.
Pocas horas más tarde, mientras centenares de policías regresaban al lugar y se aprestaban a desatar la represión, llegó la orden de la Corte de Apelaciones de suspender el desalojo.
"Fue un día muy difícil y lleno de tensión. Da vergüenza ver como se prefiere garantizar los privilegios y la impunidad a una transnacional, mientras miles de familias campesinas seguimos sufriendo hambre y miseria”, aseveró el vicepresidente de la ADCP.
"De aquí no nos vamos a mover, no importa cuántas veces nos desalojen. Ya tenemos la tierra cultivada con maíz, frijoles, hortalizas, hemos levantado nuestras casitas, y hemos ubicado el lugar donde construir las viviendas.
Exigimos al Estado de Honduras que reconozca nuestro derecho sobre estas tierras que fueron usurpadas por SABMiller”, concluyó Villalobos.
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