Por Marvin Palacios
Bertha Oliva
El 19 y 20 de marzo se desarrolló en el Auditorium del edificio ICAS de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de la ciudad de San Salvador, el Foro Internacional sobre Impunidad y Justicia Transicional organizado por la organización salvadoreña de derechos humanos ProBúsqueda y la Fundación Friedrich Ebert Stung.
El evento contó con la presencia del reconocido jurista español Baltazar Garzón así como destacadas y destacados defensores de derechos humanos del continente que expusieron temas como la Justicia Transicional en América Latina: La Experiencia argentina a cargo de Claudia Susana Carlotto de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
También Alejandra Nuño del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) de Costa Rica, expuso el tema: Retos y Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la jornada se proyectó el documental La Cigüeña Metálica, sobre el fenómeno de la niñez desaparecida en El salvador, La Desaparición Forzada de Niños y Niñas en América Latina expuesta por Jose Ramón Juaniz, “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador y el tema expuesto por Guadalupe Portillo de la organización ProBúsqueda
En el evento se instaló una mesa de debates para discutir acerca de los Avances y Retrocesos en materia de Justicia en América Central dirigido por Alden Cristina Alonzo Gómez, coordinadora interina del Programa de Averiguaciones Especiales.
Igualmente se expuso el tema Derechos Humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad y sistema judicial en El Salvador, presentado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Florentín Menéndez
Una de las expositoras invitadas al Foro Internacional sobre Impunidad y Justicia Transicional fue la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva quien expuso acerca de Los derechos Humanos tras el golpe de Estado en Honduras en 2009.
A continuación publicamos su ponencia:
Los Derechos Humanos tras el golpe de Estado en Honduras en 2009
Berta Oliva, COFADEH
Gracias a la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador y la Fundación Friedrich Ebert por invitarnos. Saludos a quienes participan de este “Foro Internacional sobre Impunidad y Justicia Transicional” aquí en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Quiero empezar diciendo que así de simple y directo, dicho como en un telegrama trágico, después del golpe en Honduras padecemos la extrema fragilidad institucional, la violencia nunca antes vista y la impunidad, madre y padre de violaciones selectivas y sistemáticas de derechos humanos.
El modelo neoliberal fue radicalizado tras el golpe, generando dos paquetes de leyes involutivas en materia de derechos humanos, reimplantando a los militares en el gobierno y en las calles, y entregando el país a la DEA, el FBI, la IV Flota de la Marina y al ejército colombiano, y entre ellos a los carteles del narcotráfico.
Un paquete de leyes llamado Pacto Social, pactado entre las elites locales y el capital transnacional, incluye una legislación que precariza el trabajo y destruye la jornada laboral, la libre sindicalización y los derechos sociales.
Además de ese empleo por horas, el Congreso modificó las cláusulas económicas del estatuto de los docentes, eliminó la fórmula de los combustibles para cobrar más e inyectar menos, y dejó en práctica sin vigencia los aumentos al salario mínimo.
Otro paquete de leyes llamado Pacto Económico incluye una ley de co-alianza pública-privada para privatizar todo lo que aún quede del sector estatal, una ley de concesiones de los 52 ríos del país, la ley de ciudades modelo para fragmentar el territorio a inversionistas extranjeros creando republiquetas dentro de la Honduras que conocíamos, y una nueva ley de minería al gusto de los mineros.
Para asegurar la imposición de esas leyes aumentaron los presupuestos a las Fuerzas Armadas incluyendo la policía, reformaron la ley para dar facultades policiales a los militares, nombraron militares en la conducción de la seguridad ciudadana, además aprobaron cuatro leyes descaradamente violatorias:
• La ley antiterrorista, que husmea las finanzas de las organizaciones sociales;
• La ley de intervención de las comunicaciones privadas, que invade toda privacidad posible;
• Ley de Inteligencia Nacional, que devuelve el discurso ideológico a los sapos, y la ley de extradición de hondureños a Estados Unidos para chantajear a enemigos locales.
Todo en nombre de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, que ellos mismos impulsan y promueven…
Pero si este amasijo jurídico fuera poco en manos de policías y militares, guardianes del capital local y transnacional, los militares después del golpe tienen control de las instituciones estratégicas del Estado hondureño.
Los coroneles y generales leales al golpe dirigen y ocupan la dirección de migración y extranjería, marina mercante, aeronáutica civil, telecomunicaciones, la reserva de granos básicos, el fondo social de la vivienda, las centrales de energía eléctrica, puertos y aeropuertos, y ahora las calles y la inteligencia.
La violencia e inseguridad
Los indicadores de violaciones a derechos fundamentales, como la integridad, libertad y vida, subieron en forma trágica después del golpe y siguen subiendo en forma desfavorable y desproporcionada aún en nuestros días.
En Honduras están dos de las cuatro ciudades con los indicadores más altos de violencia en el mundo; San Pedro Sula (Norte) y Tegucigalpa (Centro).
Actualmente la tasa de homicidios/femicidios reportada es de 91 por 100 mil habitantes, y afecta a la diversidad sexual, juventudes, mujeres, periodistas, educadores, abogados, luchadores comunitarios, campesinos, indígenas, y población general.
Esa violencia la producen grupos privados sin control del Estado, pero lo que es peor, esa violencia la producen la policía y el ejército. Son parte del problema.
En este momento una Comisión de reforma y otra de intervención de la policía y el Ministerio Público trabajan desde hace más de un año, sin haber logrado casi nada. Los tres principales generadores de la impunidad, la policía, el Ministerio Público y los juzgados, están intactos; son la misma estructura que avaló y gerencio el golpe de Estado.
Nosotras como organización hemos vivido y padecido esa realidad en varios casos emblemáticos, que hemos tenido que poner en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, ante la certeza que internamente se repetirá la lógica de la impunidad.
El proceso electoral
El proceso electoral primario e interno del 18 de noviembre sometió a prueba la competencia electoral de la resistencia popular como fuerza social y política anti golpista en un contexto de negación del imperativo del cambio.
Los partidos tradicionales usaron más de mil millones de lempiras para elevar sus cifras y pretender contener la fuerza de la resistencia que participó a través del partido libertad y refundación.
Hubo inclusive asesinatos de aspirantes a cargos de elección antes de esos comicios, al menos 4. Y un discurso que cuando no invisibiliza, criminaliza.
En aquella ocasión, noviembre del año pasado, la candidata presidencial del Partido LIBRE, Xiomara Castro, aventajó con más de 610 mil sufragios a los candidatos de los dos partidos tradicionales, Liberal y Nacional.
Esos dos partidos no lograron gobernabilidad interna tras los comicios; por el contrario, profundizaron sus disputas internas hasta el extremo de provocar una nueva crisis institucional que arrasó a la Corte Suprema de Justicia.
El Ejecutivo y el Legislativo subordinaron a su gusto y medida la Corte, intacta después del golpe de Estado, y comenzaron a pelear con los grupos competidores.
Mientras, las condiciones económicas de la población en general desmejoran dramáticamente con la depreciación de la moneda nacional, el Lempira respecto al dólar estadounidense; la caída del empleo y el incremento de los precios de los combustibles, que disparan los precios de los alimentos, el transporte y los servicios públicos.
El Frente Nacional de Resistencia Popular, surgido después del golpe de Estado en 2009, perdió la convocatoria de su agenda movilizadora, que posibilita el desgaste del magisterio nacional frente al régimen, el avance de la fragmentación del territorio nacional con las concesiones mineras y de hidrocarburos, y el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales sobre el territorio con respaldo de Estados Unidos.
El régimen de Porfirio Lobo no obstante su deslegitimación social y política, además sin el flujo de capitales que la crisis global no permite, se mantiene sobre un guión policial –militar.
Las ejecuciones sumarias de jóvenes, mujeres y periodistas estimula un clima de temor entre la población y autocensura las fuentes.
Aumentó la ocupación militar de territorios indígenas, garífunas y campesinos donde están en disputa concesiones mineras, represamiento de ríos y monocultivos, al tiempo que se hacen evidentes las políticas de injerencia de Estados Unidos, Canadá y Chile cuyas transnacionales operan en dichos rubros.
La criminalización de las protestas sociales en momentos de mayor debilitamiento de las instituciones públicas, como la policía, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el poder judicial, va en aumento. El crimen organizado está presente en forma activa en la economía y en la política, en el Estado.
La población, sin embargo, mantiene sus métodos de lucha en el campo de la no violencia y parece dispuesta a enfrentar las incertidumbres lógicas de un proceso electoral general en 2013 “bajo las reglas del enemigo”.
Los impactos de los cambios en el contexto
La mayor movilidad social en los territorios en temas específicos de impacto nacional (derechos humanos, derecho a tierra, militarización, patrimonio, cultura, juventudes) genera nuevas violaciones de derechos humanos.
El proceso electoral pone en riesgo la capacidad de lucha social al distraer a los movimientos populares de sus agendas de reclamación y propuesta, pero pone en relieve el tema del poder desde la perspectiva ciudadana. Al recuperar el ejercicio de la política también la gente gana en protagonismo local y nacional. Y, a la vez, activa las fuerzas represivas en su contra.
La campaña electoral en un contexto de violencia e inseguridad presagia malas noticias.
Un nuevo escenario de crisis o una segunda inflexión democrática – un nuevo golpe o situación similar que impida el proceso electoral o un eventual proceso constituyente – afectaría en forma decisiva el escenario nacional.
Me quedo aquí para conversar con ustedes.
Muchas gracias.
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