Por Miguel Cáreres
Entre 1990 y 2009 y al amparo de la devaluación, la liberalización de los precios de los bienes y servicios (o no control gubernamental de precios) y la privatización de los servicios del Estado, la élite empresarial hondureña ha tenido un enriquecimiento muy acusado y muy activo. Ese enriquecimiento se ha dado a costa de los derechos sociales de la población.
La devaluación hace que cada dólar valga más lempiras y como los exportadores de la élite empresarial reciben dólares por lo que exportan, entonces con la devaluación sus dólares valen más lempiras. La cantidad extra de lempiras que reciben es el beneficio adicional que la devaluación les reporta. Entre 1990 y 2009 el beneficio recibido por los exportadores de la élite empresarial ha sido de casi un millón de millones de lempiras. A esto suma el beneficio reportado por las exoneraciones fiscales de que son objeto las exportaciones.
La devaluación encarece las importaciones porque las importaciones se compran en dólares y debemos entregar más lempiras por el dólar encarecido. El encarecimiento de las importaciones se traslada a los consumidores, pero las sociedades mercantiles monopólicas y oligopólicas de la élite empresarial aprovechan la circunstancia para aumentarle más a los precios. Lo pueden hacer porque esas sociedades mercantiles controlan la importación y la distribución de una enorme variedad de artículos de consumo, enseres electrodomésticos, de los derivados de petróleo, insumos, maquinaria, equipo y repuestos, controlan la producción de energía eléctrica, la telefonía celular, la banca y la producción interna de alimentos para la población y de la materia prima que requieren las empresas familiares.
El ingreso adicional que recibe la élite empresarial por la devaluación más la inflación monopólica y oligopólica que provoca le ha reportado un beneficio total, más allá de sus utilidades operativas, de más de 3 y medio millones de millones de lempiras, enriqueciéndola todavía más.
A ello ha contribuido también la privatización de la energía eléctrica y de la telefonía celular y la política de liberalización o no control de los precios y tasas de interés. El Estado empresarial paga los precios más altos de América Latina a las empresas privadas generadoras de energía térmica y los consumidores pagamos, después de Brasil, las tarifas más altas del continente por los servicios de telefonía móvil. También pagamos los precios más altos de Centroamérica por los derivados de petróleo y las empresas familiares se ven compelidas a pagar las tasas de interés más altas del istmo por los préstamos que necesitan.
La inflación monopólica y oligopólica de la materia prima, herramientas, equipo, maquinaria y repuestos ha afectado mucho los costos de producción de las empresas familiares, ha acortado sus ganancias y limitado sus posibilidades de crecimiento y de generación de empleo.
No obstante, las empresas familiares han logrado crear 3.4 veces más empleo que la maquila de la élite empresarial y los inversionistas extranjeros, la cual ha contado con toda la suerte de estímulos de la política económica neoliberal. Por su parte, de los nuevos puestos de trabajo generados por las sociedades mercantiles, el 98 por ciento son empleos en los que pagan menos del salario mínimo (subempleo) y a ellas se debe el 80 por ciento de los nuevos desempleados que han surgido desde 1990.
La Asociación de Maquiladores de Honduras ha publicitado enfáticamente como un beneficio social el empleo generado por sus agremiados. Su contrapartida ha sido el costo social de la devaluación que ha favorecido a la maquila y que como componente de la inflación han pagado los consumidores. El balance arroja que por cada lempira que los obreros de la maquila han recibido como sueldos y salarios, la población ha tenido un costo inflacionario de entre Lps. 4.29 y Lps. 6.10, una relación que desvirtúa por completo ese enfatizado beneficio social. En esencia, somos los consumidores quienes hemos pagado a esos costos el empleo generado en la maquila, con el agravante de los beneficios que reporta a los maquiladores el excedente por encima de esos costos. En esencia, no son los que pagan a sus obreros y encima de ello les pagan un infrasalario.
El costo de la devaluación y la inflación monopólica y oligopólica ha recaído sobre la población a un promedio de más de 2 y medio millones de lempiras por familia acumulados entre 1990 y 2009. Y la suma total de estos costos han sido los beneficios extraordinarios de la élite empresarial. En otros términos, del total del ingreso que recibió cada familia durante este período, aproximadamente el 40 por ciento se transfirió vía inflación hacia la élite empresarial en concepto de beneficio de la devaluación y de la inflación monopólica y oligopólica. De allí que las utilidades totales de sus sociedades mercantiles se incrementaran desde 51 hasta 73 por ciento. A ello habría que agregar la otra transferencia que implican las exoneraciones fiscales que les hace el Estado empresarial y que luego compensa a través de impuestos mayores que gravan a los consumidores. Como medida de comparación, esas exoneraciones representan alrededor del 11 por ciento de sus utilidades operativas.
La política económica aplicada por el Estado empresarial ha posibilitado esta transferencia de valor desde la población hasta la élite empresarial. Y esta transferencia ha tendido a concentrar el ingreso. Si originalmente las sociedades mercantiles captaban el 31 por ciento del ingreso nacional, la aplicación de las acciones de política económica del Estado empresarial y la actuación misma de la élite en el contexto creado por esa política, posibilitaron que su participación ascendiera al 52 por ciento. En contraste, los asalariados y las empresas familiares vieron disminuida su participación desde 58 hasta 42 por ciento.
La transferencia de valor facilitada por el Estado empresarial con la activa participación de la élite empresarial ha violado el derecho al ingreso que constituye un medio de acceso al bienestar tipificado como derecho social en su más amplia definición. Esta violación implicó mayor pobreza urbana (desde 64.5 a 65.6 % entre 1990 y 1999) y mayor proporción de niños con desnutrición crónica (de 36 a 39 niños de cada cien entre 1991-92 y 1996). Con una cobertura mayor de la pobreza, los hogares urbanos se han visto empujados hacia los riesgos de mayor violencia. Es justamente en los poblados urbanos más pobres donde las personas están más sujetas a la violencia de las maras que han proliferado en relación directa con el aumento del desempleo y la pobreza.
La desresponsabilización del Estado empresarial respecto a la dotación de los servicios de salud y educación, aparejada con la privatización, ha limitado el acceso de la población, ya vulnerada en sus ingresos, a tales servicios. Como parte de la aplicación de la política neoliberal, la cobertura de los servicios estatales de educación se ha reducido de 73 al 68 por ciento entre 2000 y 2007 y la de salud de 61.1 a 56.4 por ciento. Correlativamente, la población, cuando le ha sido posible, ha tenido que bolsearse con mayor frecuencia para pagar servicios privados. Los gastos pagados a la empresa privada han pasado de 35 de cada 100 lempiras a 40 en el caso de los servicios de salud y de 27 a 32 de cada 100 lempiras en el caso de los servicios de educación. Además, cada vez es menor la calidad de los servicios estatales. Habida cuenta de la depredación que se ha hecho del ingreso de la gente, de la actitud estatal y la tendencia privatizadora, todo esto no constituye sino otra violación a los derechos sociales: el derecho a la salud y la educación.
El aumento del volumen del desempleo, pero también como proporción de la población activa, lo mismo que de la subocupación, en cantidad y como proporción del total de ocupados, es otro de los saldos de la ejecución del programa neoliberal de la élite empresarial que ha implicado la violación del derecho social al empleo como medio de acceso al ingreso y al bienestar de las personas.
La transferencia de valor hasta la élite empresarial facilitada por el Estado empresarial no ha sido sino una sustracción o robo institucionalizado que se ha hecho a la población y, en consecuencia, un robo del derecho a una mayor y mejor alimentación, a una vivienda digna, a una mejor educación, a mejores servicios de salud, un robo al derecho a un ingreso para ampliar y desarrollar nuestras empresas familiares y el robo del derecho al esparcimiento y nuestras vacaciones.
Los pobres resultados ocupacionales generados por las sociedades mercantiles de la élite empresarial, respaldadas por todos los incentivos estatales posibles, y no obstante el esfuerzo realizado por las empresas familiares en esta misma materia, con todas las adversidades impuestas por la política económica estatal, han obligado a la población a emigrar en busca de empleo e ingresos, en volúmenes que oscilan entre un millón y millón y medio de personas, la mayoría jóvenes.
Esa emigración forzosa ha tenido como consecuencia la violación de los derechos de los expatriados económicos en las rutas de tránsito y en los sitios de destino. Esta violación de sus derechos no ha sido sino consecuencia de la violación del derecho social al ingreso y al empleo en Honduras. La emigración forzosa ha implicado también la violación del derecho a la integración familiar. Son los doblemente excluidos: excluidos en su país de origen y excluidos racial, cultural, económica y socialmente en el país de llegada. La mayoría de ellos ha salido de las aldeas y caseríos del país, donde el impacto del programa de ajuste económico del Estado y la élite empresariales ha sido más crudo y voraz.
La violación de los derechos de los emigrantes ha sido el costo social de las remesas que han contribuido a reducir la pobreza en el área rural, compensando así la depredación del ingreso a que ha estado sujeta la población hondureña entre 1990 y 2009. Pero el enorme flujo de esas remesas ha beneficiado a la banca de la élite empresarial que además cobra una comisión por envío más alta que en otros países de América Latina. De los expatriados se benefician también las compañías telefónicas que han visto aumentado el volumen de llamadas entre los nacionales y los emigrantes. El aumento del ingreso de las familias con remesas ha incrementado la compra de bienes producidos por las empresas de la élite empresarial.
Las acciones de política económica llevadas a la práctica por el gobierno de Manuel Zelaya Rosales constituyeron un punto de inflexión en la tendencia depredadora de la política económica que se venía aplicando desde 1990. Se dirigieron a mejorar el ingreso de las personas (el caso del aumento del salario mínimo), pero en su mayoría se orientaron a reducir o atenuar el impacto de la inflación monopólica y oligopólica sobre el costo de vida de las personas y, en especial, de los derivados del petróleo, la electricidad y las tasas de interés que tienen fuerte incidencia sobre el transporte y los costos de producción y en consecuencia mayor impacto sobre aquel.
Pero esas acciones no podían ser inocuas porque afectaban, en primer lugar, tres de las principales actividades económicas de mayor crecimiento económico y de enriquecimiento de las fracciones más fuertes de la élite empresarial. En segundo lugar, porque la amplia cobertura del incremento de los precios de los derivados del petróleo y la energía eléctrica ha sido la justificación más usual de la inflación monopólica y oligopólica de la élite empresarial, cuando no el alza de los precios internacionales del trigo y el aceite de palma africana. Y la inflación monopólica y oligopólica ha sido también uno de los pivotes de su constante y progresivo enriquecimiento.
El punto cénit de esas acciones lo constituyó quizás el propósito de expropiar a favor del costo de vida de la ciudadanía las empresas de generación térmica y la eliminación del contrato de la empresa encargada de hacer los cobros de los servicios estatales de energía eléctrica. Seguramente fue el disparador del golpe de Estado, un golpe de Estado que dio al traste con un esfuerzo por recuperar los derechos sociales violados y secuestrados por la política económica de los diversos gobiernos de la élite empresarial y que por sí mismo amplió esa violación hasta el plano de los derechos civiles y políticos de la población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario