Por Fernando Buen Abad Domínguez
No muchas leyes cuentan con la raigambre histórica, de luchas sociales y de significados políticos, como la que sustenta la llamada “Ley de Medios” promulgada en Argentina. Además de encarnar voces que durante décadas han bregado por la democratización de los “medios de comunicación”; además de ser una ley que sustituye la anterior “ley de la dictadura”; además del consenso y la movilización social que suscitó; además de ser una iniciativa nacional con imbricaciones internacionales por su coincidencia jurídico-política con movimientos similares en Latinoamérica… la “Ley de Medios” es un emblema entre los distintivos de la etapa política que vive el país desde el año 2001.
La “Ley de Medios” argentina ha dejado lecciones, de todo tipo, y ha abierto espacios, de análisis y acción, inéditos y realmente trascendentales. Por una parte quedó ratificado que proclamar una ley no implica su cumplimiento inmediato y, por otra parte, quedó claro que los argumentos legales reclaman argumentos políticos, movilizados desde las bases, para hacer efectivos los propósitos inmediatos y ulteriores de las leyes. Entre una parte y otra, Argentina ha debido testimoniar un repertorio extraordinario de trampas, elusiones, falsedades y escapismos ensayados por el “grupo Clarín” (modelo de farándula mediática paupérrima y tergiversación informativa) que, sin ser el único monopolio mediático argentino, es el más amenazante y renuente a acatar la “Ley de Medios” aprobada por los poderes democráticos y por consensos muy amplios. Ese escenario ha ayudado a esclarecer el escenario de la lucha de clases y Argentina ha ganado gran experiencia en la batalla para la etapa actual democratizadora de la “comunicación”.
Se fijó, legalmente, como fecha límite para desactivar las estructuras monopólicas mediáticas, el 7 de diciembre de 2012. Y eso implica un reloj jurídico, con cuenta regresiva, según el cual el monopolio Clarín habrá de acatar la ley, como todos los demás, si no quiere verse sancionado. Pero el monopolio supone que él es más poder que todos los poderes y ha iniciado una ofensiva reaccionaria contra la “Ley de Medios”, el Gobierno Nacional y contra la presidente Cristina Fernández. Se trata, en realidad, de una ofensiva embriagada con obviedades burguesas, intoxicada con odio y viciada de origen por la ira de un sector oligarca acostumbrado a la impudicia y a la impunidad. Es decir, nada nuevo.
No debe subestimarse esta ofensiva, tampoco sobre-estimarla. Ya tiene efecto en algunos sectores, incluso de cierta izquierda, y puede tener otros “costos políticos” si las bases sociales, que dan sustento político a la “Ley de Medios”, no se moviliza, como antes lo han hecho para ratificar sus fines y principios, sin quitar atención a los flancos en que la propia ley deberá ser perfeccionada en el plazo corto. No debe subestimarse la ofensiva oligarca porque, además de los argumentos en defensa de los intereses burgueses, anhela generar un rio revuelto de opinología coyuntural, que le legitime un liderazgo opositor que los partidos de derecha no tienen hoy. No debe subestimarse la ofensiva oligarca porque no se trata, sólo, de una pataleta localista cargada con histrionismo de clase y melancolías aristócratas. Se trata, también, de una operación golpista internacional que tiene en la ofensiva mediática uno de sus mascarones de proa favoritos. Como en Libia, Siria…
Por aberrante que suene, una parte de esa ofensiva mediática oligarca en Argentina, atrinchera su demagogia en defensa de la “Libertad de Expresión”. Llena sus pantallas con palabrería acartonada que desgarra sus vestiduras. Manotean argumentos legaloides y se empeñan en convencer, a tirios y troyanos, de que la “Ley de Medios” desaparecerá medios y voces para silenciar al “Clarín” de la burguesía. Pocas veces (sin contar a las dictaduras militares) la fiebre lenguaraz de los monopolios ha exhibido su histeria con tan febril lógica de canallas.
Por demencial que suene, se trata de una ofensiva internacional y la oligarquía vernácula se ha hecho acompañar por las voces y los intereses del grupo PRISA de España, CNN de Miami, TELEVISA de México, GLOBOVISION de Venezuela, CARACOL de Colombia, MERCURIO de Chile, O´GLOBO de Brasil… en fin, la red de oligarcas mediáticos en todo el continente. Se dejan encabezar por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), la Red Mundial de Editores, (incubada por el propio grupo Clarín) y otra pléyade de “comunicadores” serviles a los intereses del capitalismo y de sus púlpitos mediáticos. La crema y Lanata de la estulticia golpista.
La defensa de la “Ley de Medios” exige claridad política y fortaleza estratégica. Hace falta un buen frente único internacionalista que hermane la lucha argentina con las otras luchas que, en un sentido similar, están en marcha en todo un continente y buena parte del mundo. Miles de jóvenes (y no sólo), en todo el planeta, son protagonistas de estas luchas -hoy por hoy- y bien vendría romper todo sectarismo apoyándonos en un Frente Único, rico y muy activo que no sólo defienda ésta y otras “Leyes de Medios” sino que abrace compromisos de base para seguir corrigendo y mejorando cada uno de los espacios que lo demandan. Bien vendría ser capaces de acompañar a los que ya están en lucha, sumando otras luchas, para que el extraordinario contenido político ganado desde abajo, y desde la Historia del pueblo argentino, para la “Ley de Medios”, se multiplique y enriquezca. La situación tenderá a empeorar y la necedad del monopolio Clarín no se extinguirá sólo porque la ley lo ordene. El desafío no es sólo “local” y no alcanza con las leyes para transformar al mundo.
Diseccionando a "El País" y a otros medios:"El País", contra la Ley de Medios argentina y en “defensa de la libertad” (de sus intereses comerciales)
“Los monopolios en medios de comunicación no favorecen el debate democrático. Impulsar el pluralismo es legítimo. Pero en Argentina el peligro es que el pluralismo se encoja, no que se amplíe. Legislar con medidas diseñadas contra medios o grupos específicos, y anteponer las decisiones administrativas a las judiciales, supone caer en la arbitrariedad y el autoritarismo (…)”.
El editorial de El País del 6 de diciembre -”Defensa de la libertad” (*) -mantiene una tesis que da la vuelta a las consecuencias que traerá la puesta en marcha de la Ley de Medios Audiovisuales del gobierno argentino. Según el subtítulo de El País, “la desinversión de emisoras forzada por Kirchner socavará el pluralismo“.
El 7 de diciembre vence el recurso legal que el grupo Clarín interpuso hace más de un año contra la ley SCA, por “inconstitucionalidad”. La prolongación del recurso fue negada por laSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 28 de noviembre pasado, lo que supone que las dos disposiciones claves de la nueva ley entrarán en vigor desde hoy. El art. 45 limita la concentración de los medios de comunicación reduciendo la cantidad de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que puede concederse a un mismo grupo de medios de comunicación e impide que éste pueda ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Otra disposición del art.161 obliga a que los principales grupos de medios de comunicación cedan a plazos algunos canales de radio y televisión –incluidos los de cable y vía satélite–, en nombre de la desconcentración del espectro audiovisual. Eso quiere decir que -en la práctica- lo que se producirá es una cesión de parte de las licencias de los grandes grupos de comunicación en Argentina a otras empresas pequeñas o colectivos sociales de la comunicación, subastándose las sobrantes a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA).
Es evidente que ambos artículos tratan de frenar el monopolio de los medios por parte de los grandes grupos de la comunicación diversificando la oferta mediática y aumentando la pluralidad. La opinión sobre esta ley por parte de organizaciones como RSF o instituciones como la ONU y la OEA es opuesta a la de El País, Clarín, La Nación, y otros medios parecidos. Reporteros sin Fronteras participó en noviembre de 2008, en Buenos Aires, en los debates preliminares sobre la futura legislación destinada a remplazar la Ley de Radiodifusión de 1980, invitada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y en presencia deRelatores Especiales de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión. Frank La Rue, relator de la ONU, indicó que la ley “es un modelo para todo el continente“;
“Esta es una ley muy importante (…) La he mencionado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Lo es, porque para la libertad de expresión el principio de diversidad de medios y de pluralismo de ideas es fundamental“,dijo La Rue.
Así pues, tanto los ciados organismos como RSF, dieron su apoyo público a la ley del gobierno Kirchner. Hoy, RSF vuelve a reiterar que es “una garantía importante de igualdad y pluralismo” y que “procura un verdadero lugar a las radios y televisiones comunitarias, que abundan en América Latina pero que con frecuencia son discriminadas y excluidas del espacio de difusión en numerosos países“.
Evidentemente, el editorial de El País prefiere no recoger la postura de la ONU, de la OEA o de RSF. Prefiere hablar de “autoritarismo” y desviar la atención sobre el contenido de la misma. Así, para El País
“(…) la ofensiva desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín —el mayor de Argentina— busca claramente silenciar una plataforma independiente y crítica que el poder actual —frente a la situación reinante con Néstor Kirchner— considera como su mayor enemigo (…)”
La clave está en que la ley no afecta únicamente al grupo Clarín, como han querido insinuar otras muchas informaciones que entienden estas reformas en el contexto de una guerra particular del gobierno contra este grupo mediático. Se quiere transmitir que la ley obedece a represalias personales de Cristina Fernández contra Clarín, reduciendo la dimensión de la reforma y diluyendo sus objetivos. Nada más lejos. Según el Afsca, hay unos 20 grupos mediáticos que no se han adecuado a lo que exige la legislación de la Ley de Medios. Entre ellos está -por supuesto- el Grupo Prisa, que posee más del 35% en el mercado de radioen Argentina, y que -por tanto- sobrepasa el máximo de 30% que un medio puede tener en capital extranjero. Nos nos extrañemos entonces al leer el último y vehemente párrafo del editorial;
“(…) Además, los periodistas independientes y críticos se están viendo sometidos a acosos y amedrentamientos. La libertad de expresión está en entredicho en Argentina. Con esta forma de actuar, el Gobierno de Fernández de Kirchner recuerda el autoritarismo del régimen de Chávez en Venezuela. No es la línea recomendable. Así está dañando la imagen del país y generando aún más inseguridad jurídica. Convendría que reconsiderara su posición para evitar caer en un nuevo error”.
El País, que sigue definiendo a Clarín, a cualquier otro medio privado y a sí mismo con el calificativo “independiente”, pretende vender a sus lectores en el título del editorial una supuesta “defensa de la libertad de prensa o de la información” cuando lo que realmente defiende son sus intereses comerciales.
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Actualización: un fallo de dos jueces de la Cámara Civil y Comercial ha prorrogado por otros tres meses la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín. El Gobierno argentino apeló ayer en la Corte Suprema con el fin de que “suspenda de manera inmediata” y luego “declare nulo” dicho fallo.
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