Es curioso, el resquebrajamiento de la institucionalidad pública y de los tejidos sociales que produjo el golpe de Estado de 2009, además de la profundización del empobrecimiento de la población, la violencia y el descalabro financiero del Estado, no aniquiló la voluntad ciudadana para apoyar una salida política a la crisis.
En junio de 2011 la gente que andaba en las calles desde 2009, luchando contra el golpismo, decidió enfrentar en las urnas a sus adversarios y proponerles una asamblea nacional constituyente popular y originaria.
Sin consenso total en ambos extremos de las fuerzas en pugna, el Acuerdo de Cartagena, suscrito por el presidente Porfirio Lobo y el ex presidente Manuel Zelaya, con el aval de los gobiernos de Venezuela y Colombia, abrió una compuerta política a la crisis, con expresión particular en el terreno electoral.
El Acuerdo establece que “el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones”.
En ese marco fue creado el partido Libertad y Refundación, LIBRE, que inscribió una candidatura presidencial de consenso y cuatro corrientes internas que postularon candidaturas a corporaciones municipales, Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano.
LIBRE, que fue inscrito el 15 de marzo de 2012, no suplantó al Frente Nacional de Resistencia Popular, al menos en términos formales. Y por primera vez participó en elecciones primarias frente a los dos postes jurásicos de la tradición política, obteniendo la candidatura presidencial más votada de las primarias: 610 mil votos.
No obstante que el Tribunal Supremo Electoral también inscribió a otros partidos – FAPER, PAC y Alianza Patriótica – éstos no participaron en las elecciones primarias e internas de noviembre 2012 por carecer de estructuras; tampoco lo hicieron la UD, Democracia Cristiana y el PINU, de escaso caudal electoral en los comicios de los últimos 30 años.
La determinación de someterse a primarias e internas provocó que el partido político surgido del autogolpe del Partido Liberal y la resistencia popular ciudadana, movilizara al viejo bipartidismo a un ritmo sin precedentes en todo el país, para evitar un golpe psicológico del novel competidor.
Aquella apuesta política elevó la utilización de recursos financieros a niveles nunca imaginados y, por tanto, nunca auditados, especialmente del alcalde de Tegucigalpa y el presidente del Congreso Nacional, catapultados como candidatos presidenciales por el Partido Nacional.
Algo similar hicieron los candidatos del Partido Liberal, con menos espectacularidad estatal pero con sobrados recursos de comunicación política, en abierta competencia contra sus antiguos correligionarios de LIBRE.
Ambos partidos tradicionales exhibieron recursos financieros sin precedentes para un proceso primario, dejando dudas sobre la procedencia de los fondos y sus montos reales; todavía en marzo 2013 no habían liquidado sus cuentas.
Las estimaciones independientes calculan el gasto en 400 millones cada partido, un derroche insultante en un país de hambrientos y harapientos.
Por eso, hay personas que creen como Bertha Espinoza, responsable electoral de LIBRE en Lepaera, Lempira, que “las últimas elecciones primarias de liberales y nacionalistas fueron las más infladas y las más corruptas de la historia política de Honduras”.
E Grupo G-16 destacó en un comunicado que en el día D las elecciones fueron realizadas en forma libre, justa y transparente, pero deseó que en las elecciones generales de noviembre próximo “todos los candidatos respeten las leyes y los reglamentos electorales y aseguren la transparencia en todos los aspectos de sus campañas”.
Con la firma de la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, en su condición de presidenta pro témpore del G-16, ese comunicado expresa entre líneas que las filas ordenadas, tranquilas, llenas o vacías de ciudadanos en las primarias representan una realidad distinta a las urnas siempre llenas en las actas al final del día.
Entonces, si el proceso hacia las elecciones generales no genera nuevas reglas del juego y sigue sin controles de transparencia, en opacidad “todos los aspectos de las campañas”, no podremos determinar la procedencia ilegal de contribuciones y no habremos de evitar que el crimen organizado elija sus candidatos y candidatas.
Y si las bandas del crimen organizado eligen a sus candidatos y alimentan económicamente la campaña, el riesgo de eliminación física de sus oponentes es real. Hemos empezado a ver casos de este tipo.
Frente a esa peligrosa tendencia el Cofadeh, a través de nuestra coordinadora general Bertha Oliva, propuso ayer en Washington que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instale una misión permanente de observación del proceso electoral que arranca en mayo y concluye en noviembre de este año.
No podemos como país quedarnos esperando a que ocurra otro desastre para movernos, hay que hacerlo ahora!
Buenas noches
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