Por Eduardo J. Vior
En un clima agitado por las protestas de manifestantes pacifistas, el futuro Director de la CIA, John Brennan, respondió el jueves pasado las preguntas de los miembros de la Comisión sobre Servicios de Inteligencia del Senado estadounidense. La audiencia se produjo 72 horas después de la filtración a los medios de un peritaje interno del Departamento de Justicia justificando el asesinato de ciudadanos norteamericanos que en el exterior lideren actividades terroristas contra los Estados Unidos. Agregando un elemento novedoso al debate, la senadora Diane Feinstein, presidenta de la comisión, propuso crear un tribunal que decida sobre los asesinatos teledirigidos de modo similar al que autoriza las escuchas telefónicas.
Para disminuir el daño producido por la filtración del documento mencionado, el miércoles la Casa Blanca informó al Congreso que sus respectivas comisiones de servicios de inteligencia podrán ver el documento. Según Amy Zegart (profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford), en un artículo publicado el pasado viernes en Foreign Policyf, el documento del Departamento de Justicia defiende calurosamente los asesinatos a distancia de ciudadanos norteamericanos en el exterior, “en la medida en que algún funcionario de alto nivel bien informado” decida que plantean “una amenaza inmediata” y que su captura sea “irrealizable”. Antes de dar al gobierno norteamericano el derecho a matar en otros países a “ciudadanos norteamericanos que sean jefes operacionales de Al Qaida y sus fuerzas asociadas” –señala Zegert–, es necesario definir quién es el enemigo.
“Quien plantee en el exterior una amenaza inminente de ataque violento contra los Estados Unidos puede ser ejecutado en base al derecho internacionalmente reconocido a la defensa nacional”, afirma el documento. Como supone que los miembros de Al Qaida siempre están tramando ataques contra Estados Unidos, su mera pertenencia a la organización ya los define como “amenaza inminente” y autoriza a Washington a asesinarlos.
El documento también afirma que “las ejecuciones son aceptables, si las detenciones no son realizables”. ¿Qué significa “realizable”?, pregunta Zegart. ¿Quién decide el asesinato de un ciudadano sin darle la chance de rendirse o de defenderse en juicio? La decisión sobre la ejecución de un ciudadano norteamericano en el exterior cabe a “un funcionario del gobierno de Estados Unidos de alto nivel y bien informado”. ¿Quién es este funcionario?, inquiere la especialista. “¿Qué pasa, si otros funcionarios ‘bien informados y de alto nivel’ están en desacuerdo? ¿Cuál es la cadena de mandos?”, insiste.
“Esta lógica –continúa el documento– no contradice el principio de soberanía, porque es correcto usar la fuerza dentro de un Estado extranjero, si éste consiente, se niega o es incapaz de suprimir la amenaza planteada por el individuo considerado como blanco”. En tanto no se define la amenaza ni la persona facultada para tomar la decisión de suprimirla, puede suponerse sin más que el Estado extranjero en el que ésta se encuentra “carece de voluntad o es incapaz” de eliminarla y que los Estados Unidos pueden hacerlo sin consulta. El documento del Departamento de Justicia concluye que “no existen foros judiciales apropiados para evaluar estas cuestiones constitucionales”. Con un documento tan vago es imposible tipificar los criterios legales a seguir, apunta Zegart. También ella propone crear un tribunal para autorizar las ejecuciones.
“Este memorando –concluye– demuestra que el gobierno se considera facultado para matar a cualquier persona en cualquier momento y lugar, a partir de amenazas especulativas y distantes. No se define claramente al enemigo y las ejecuciones son facultad de funcionarios no identificados que no revelan sus fuentes de información ni los criterios aplicados”. El documento desconsidera la soberanía de estados extranjeros y faculta exclusivamente al gobierno estadounidense para decidir los asesinatos. “¿Cómo va a terminar esto?”, se pregunta finalmente.
Si los Estados Unidos se hubieran adherido a la Corte Penal Internacional, estas ejecuciones ilegales serían imposibles y, en caso de autorizarse, estarían sujetas al escrutinio posterior de un tribunal internacional. La negación declarada del derecho de soberanía de otros países es una herencia directa del caos producido por George Bush Jr., cuando en 2003 atacó Irak sin declaración de guerra ni autorización siquiera fingida de la ONU. Estados Unidos quebró entonces el Derecho Internacional vigente desde hacía 350 años. La continuidad de este desatino bajo Barack Obama da a cualquier Estado el derecho a asesinar a quien quiera y donde quiera con tan sólo proclamarlo “terrorista”, aplicando el nefasto “Derecho del Enemigo” del ideólogo pronazi Karl Schmitt, ya ampliamente utilizado por las dictaduras terroristas de América del Sur en los años ’70.
Quizás el Congreso y los medios norteamericanos logren instaurar ciertos controles sobre las operaciones de inteligencia en el exterior, aunque sin la participación de los países afectados. Toda la comunidad internacional se sigue preguntando cómo va a terminar esto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario