Por Karen Spring y Sandra Cuffe *
Pocas personas pueden probablemente establecer conexiones entre un diplomático canadiense, la reforma de la seguridad pública de Honduras, un general chileno retirado y una propuesta de ley de la industria extractiva en Honduras. Sin embargo, Canadá y Chile participan conjuntamente tanto en la reforma de la seguridad pública y la legislación propuesta de la minería, el petróleo y el gas en Honduras.
A principios de esta semana, el gobierno canadiense nombró a Adam Blackwell como representante de ese país en la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública de Honduras integrada por cinco miembros, de acuerdo a los informes en la prensa hondureña. Actualmente Blackwell es el Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue anteriormente un abierto defensor de la reforma de la legislación minera favorable a las empresas canadienses cuando fue diplomático en la República Dominicana.
Establecida por el Congreso de Honduras en enero, el mandato de la Comisión para la Reforma de Seguridad Pública es diseñar, planificar y certificar un proceso de reforma integral de la seguridad pública en Honduras. El trabajo de la Comisión incluirá la investigación y la evaluación del desempeño no sólo de la fuerza de policía nacional, sino también la de los fiscales y jueces.
Al mismo tiempo, los gobiernos de Canadá y Chile -el otro miembro internacional de la Comisión- se han involucrado en el desarrollo de la ley de minería de Honduras y de hidrocarburos, proporcionando asesores y expertos al gobierno de Honduras para examinar el proyecto de legislación. Tanto Canadá como Chile tienen importantes intereses mineros en Honduras. Se espera que la ley sea ratificada por el Congreso a finales de junio; esta ley establecería un nuevo dos por ciento "impuesto de seguridad" en las ventas y exportaciones, rquiriendo a las empresas financiar las fuerzas de seguridad hondureñas.
Los informes sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en violaciones de los derechos humanos, el crimen organizado, la tortura y los asesinatos extra-judiciales continúan saliendo a flote.
Cuatro civiles residentes en la región de la Mosquitia hondureña, incluyendo dos mujeres embarazadas - fueron muertos a tiros el 11 de mayo en una operación antidroga que involucra la participación de la DEA (Drug Enforcement Agency) de los EE.UU., los contratistas militares, los helicópteros propiedad del Departamento de Estado de EE.UU., personal militar de Guatemala y la policía hondureña.
El 14 de mayo, el destacado activista LGBT Erick Martínez fue encontrado asesinado. Dos días después, el cuerpo del periodista Alfredo Villatoro fue encontrado, una semana después de haber sido secuestrado. Decenas de periodistas y activistas LGBT han sido asesinados desde el golpe de estado de junio de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Muchos de ellos participaron activamente en el movimiento de resistencia al golpe y en la mayoría de los casos nadie ha sido llevado ante la justicia por sus asesinatos.
Las detenciones que se realizaron la semana pasada, sin embargo, están relacionadas con la muerte de Villatoro, un amigo cercano del presidente Porfirio Lobo Sosa. Una de las personas detenidas en relación con el asesinato de Villatoro es un oficial de policía, dijo Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a la radio HRN el 20 de mayo.
"Los derechos humanos en Honduras se encuentran en un estado de emergencia", dijo Bertha Oliva, director del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH). "No hay gobierno porque todas las instituciones involucradas en la" justicia "sostienen y promueven la injusticia, y están involucrados en el crimen".
Influencia de Chile y Canadá en Honduras en la Comisión de Reforma de Seguridad Pública
El nombramiento de Adam Blackwell por parte del gobierno canadiense completa los cinco miembros de la Comisión Reforma de la Seguridad Pública. El otro extranjero en la comisión es Aquiles Blu Rodríguez, un general retirado de la fuerza de Carabineros de Chile de la policía nacional. Blackwell y Blu Rodríguez se sentarán junto a los tres hondureños de la Comisión: Jorge Omar Casco, Matías Funes, y Víctor Meza.
En 2011, Blu Rodríguez fue acusado por el ex teniente de Carabineros Álvaro Ureta Sepúlveda de encubrir una red de tráfico de drogas en Chile, de ser responsable de la desaparición de 20 kilos de cocaína, y de la alteración de un informe de la policía para beneficiar al hijo de un ex militar oficial. Blu Rodríguez se retiró poco después del escándalo en las noticias de Chile. La aceptación por el Gobierno de Honduras de su nombramiento a la Comisión por el gobierno de Chile ha sido abiertamente cuestionada por el congresista hondureño Augusto Cruz, entre otros.
En octubre de 2011, el hijo de la rectora de la UNAH Castellanos fue asesinado junto con un amigo por la policía en la capital hondureña, Tegucigalpa. Su asesinato llevó a una protesta nacional e internacional para la reforma de la seguridad de Honduras. A pesar de una reestructuración de la policía nacional tuvo lugar a finales de 2011, el Congreso Nacional de Honduras estableció la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública hasta enero de 2012.
Sin embargo, muchas organizaciones hondureñas de derechos humanos tienen muy poca fe que el la comisión designada por el gobierno va a producir resultados tangibles.
"Desde el golpe de Estado, el Estado de Honduras ha recibido un montón de recomendaciones, entre ellas de la Comisión de la Verdad, en el que representantes nacionales e internacionales, incluyendo a un representante de Canadá - participaron en el servicio [al presidente Porfirio] Lobo", explica Oliva, una de las activistas más prominentes del país en materia de derechos humanos. "Nos dieron 80 recomendaciones y no sen ha cumplido."
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha dado muchas recomendaciones y no se han cumplido", dice Oliva. "El Estado ha designado a dos o tres comisiones para examinar las recomendaciones, pero no hará nada."
Víctor Meza, ministro del Interior durante el gobierno de Zelaya, es un intelectual muy conocido y ha expresado puntos de vista críticos sobre las fuerzas de seguridad hondureñas.
"Con poca capacidad para la investigación, la policía no tiene ninguna credibilidad pública. Ellos son despreciados por el público desde el golpe de Estado por el papel que jugaron en la represión de las marchas [del movimiento de resistencia al golpe de Estado]", dice Meza. "Cuando empecé a estudiar el problema, pensé que la policía era parte de la solución y luego me di cuenta de que eran parte del problema. Ahora, ellos son el problema."
La violencia y los conflictos sociales en Honduras se presentan a menudo y en gran medida como un producto de la violencia de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, Meza señala que los conflictos sociales a menudo se relacionan con los recursos naturales del país. De hecho, un estudio realizado en 2008 por el Centro de Documentación de Honduras, encontró que la fuente del 52% de todos los conflictos en Honduras fue la gestión de los recursos naturales, incluidas las tierras, aguas, bosques y minas.
Un diplomático canadiense de Conflictos de Intereses
Adam Blackwell, el representante de Canadá ante la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública Honduras, es actualmente el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA. Antes de su cargo en la OEA, Blackwell fue el Embajador de Canadá en la República Dominicana desde 2002 a 2005.
Durante su mandato diplomático en ese país, el gobierno de la República Dominicana inició negociaciones bilaterales sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá, reformó su legislación minera y firmaron varios acuerdos para proyectos de inversión de las empresas canadienses en diversos sectores - incluyendo un permiso para que GlobeStar Mining Corp para extraer en el Cerro de Maimón los yacimientos de oro y cobre.
De acuerdo con el servicio de noticias de compilación DR1, el periódico El Caribe informó que en "Canadá y República Dominicana: Más cerca que nunca' un seminario sobre comercio en la República Dominicana efectuado en febrero de 2003, Blackwell dijo que" ciertos cambios en las leyes mineras están obligados para atraer inversiones serias en este ámbito [...] Blackwell dijo que Placer Dome, el consorcio masivo minero canadiense, está frenando una inversión de EE.UU. 300 millones de dólares en Pueblo Viejo, Azua hasta que estos cambios pueden llevarse a cabo. "
El 14 de abril de 2003, durante una visita oficial a la República Dominicana por el entonces primer ministro canadiense, Jean Chrétien, el Congreso aprobó cambios en la legislación minera del país. El acto del Congreso formalizó la aprobación de un contrato de arrendamiento de 25 años con Placer Dome con sede en Vancouver para el extraer el depósito de oro de Pueblo Viejo, que previamente había sido explotado como una operación minera estatal durante los años 1980 y 1990. La mina es ahora propiedad conjunta de Barrick el gigante de la minería de oro con sede en Toronto y Goldcorp con sede en Vancouver, con una producción programada para comenzar a mediados de 2012.
"Esta es ahora la luz verde," dijo el Embajador Blackwell en abril de 2003, según el Globe and Mail. En 2004, El Caribe informó que Canadá se había convertido en un noventa por ciento responsable de de toda la inversión en el sector minero en la República Dominicana.
Las empresas de minería, petróleo y gas para financiar la Seguridad del Estado
Aunque Blackwell y Blu Rodríguez representarán a Canadá y Chile en la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, los dos gobiernos también han participado en el desarrollo de una nueva ley de minería de petróleo y de gases en Honduras, prevista para su aprobación del Congreso a finales de junio.
En marzo de 2012, mientras se encontraba en Toronto para asistir a la convención de los Exploradores y Desarrolladores de Canadá Asociación (PDAC), Cuéllar, de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA), dijo a la periodista Claudia Gamez de El Heraldo que SERNA había solicitado la revisión de la ley propuesta de Honduras por los expertos internacionales, lo cual era posible gracias a los acuerdos firmados con Chile y Canadá. El mismo reporte de El Heraldo, escribe que la SERNA hizo un acuerdo con el gobierno de Canadá para contratar asesores internacionales - que deben pagar con fondos del gobierno de Canadá - para revisar la Ley general del Sector de Minería e Hidrocarburos antes de que se ratifica. En enero de 2012, el viceministro de Minas de Chile Pablo Wagner San Martín firmaron un Memorando de Entendimiento con Rigoberto Cuéllar, Secretario de la SERNA, para iniciar un proceso de cooperación técnica sobre minería.
En el borrador del proyecto, el artículo 70 de la Ley General de Minería e Hidrocarburos establecerá las regalías en forma de un impuesto mensual, exigiendo a las empresas de minería, petróleo y gas a pagar durante cuatro años y medio un porcentaje del valor de sus ventas y exportaciones . El dos por ciento se pagaría al municipio en el que las actividades extractivas tienen lugar, un medio por ciento se destinaría a la Autoridad Minera, y el dos por ciento restante se pagaría al Tesoro Nacional como un "impuesto de seguridad" (Tasa de Seguridad) .
Una legislación que establezaca una financiación directa de la seguridad del Estado de Honduras por parte de las empresas mineras, petroleras y de gas no está contemplado en las propuestas anteriores de la legislación de la industria extractiva ni existe en la legislación vigente.
La actual Ley General de Minería de Honduras fue ratificado por el Congreso sin debate en 1998, mientras el país estaba luchando por la devastación del huracán Mitch. Diversas campañas sobre temas mineros cobró auge unos años más tarde, después que la compañía minera canadiense Glamis Gold - ahora Goldcorp - San Martín desarrolló la mina a cielo abierto de oro en el Valle de Siria, a una hora y media al noreste de la capital.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) hondureños e internacionales han participado en sus propias campañas sobre el tema, para la reforma de la ley y la responsabilidad corporativa, sin embargo, el movimiento popular en Honduras ha sido en gran parte liderado por miembros de la comunidad del Valle de Siria y otras áreas directamente afectadas por los proyectos y concesiones mineras. Este último, un movimiento de resistencia popular, ha luchado por una prohibición total de la gran minería metálica en el país.
En marzo de 2006, la abogada Clarissa Vega presentó una demanda ante la Corte Suprema de Honduras en nombre de los miembros del Comité Ambiental del Valle Siria, el Movimiento de la Madre Tierra, el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF ) y otros. Se trataba que la ley minera de 1998 fuera declarada inconstitucional. Algunas organizaciones no gubernamentales advirtieron que la iniciativa no era realista y optó por no participar, eligiendo en su lugar continuar sus campañas para las reformas legislativas más moderados.
Sin embargo, el caso de los grupos de base en la Corte Suprema, en última instancia tuvo éxito.
El 4 de octubre de 2006, el Tribunal Supremo dictaminó que 13 diferentes artículos de la Ley General de Minería contravienen la Constitución hondureña y por lo tanto fueron declarados nulos y sin efecto. Los artículos en cuestión se ocupan de cuestiones como la expropiación forzosa de las tierras en nombre del interés público, regalías, derechos de los trabajadores, y las evaluaciones de impacto ambiental. La sentencia del Tribunal Supremo también estableció una importante jurisprudencia en el país, reconociendo el derecho a un ambiente sano, el principio de precaución, la importancia de la consulta, y el hecho de que la minería es "altamente contaminante y perjudicial para la vida".
A raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, las concesiones mineras en Honduras fueron suspendidas y una moratoria temporal sobre nuevas concesiones se promulgó. El movimiento popular de resistencia contra las mineras mantuvo manifestaciones durante toda la administración de Zelaya, tanto para garantizar la renovación continua de la moratoria y para exigir una nueva ley de minería que prohíba la minería a cielo abierto metálica. El trabajo sobre un proyecto de ley en este sentido, desarrollado por las comunidades afectadas y las organizaciones no gubernamentales, junto con los asesores presidenciales, se vio interrumpida por el golpe de Estado de 2009. Un comité del Congreso también había estado trabajando en una propuesta de ley minera que requiere el cincuenta por ciento la participación del Estado en todas las empresas mineras.
Con la revisión de los asesores del actual proyecto de Ley General de Minería e Hidrocarburos, Canadá y Chile son el origen de las corporaciones de industrias extractivas con intereses en Honduras. Como es el caso en todo el mundo, las empresas canadienses, en particular, han dominado la industria minera en Honduras. La mina de oro San Martin en el Valle de Siria explotada por Goldcorp con sede en Vancouver se ha cerrado, pero las comunidades afectadas siguen luchando por la justicia para los actuales impactos ambientales y de salud. La compañía también tiene varias otras concesiones en el país.
La compañía Aura Minerals de Canadá adquirió la mina de oro de San Andrés, explotada a cielo abierto por lixiviación en pilas localizada en el oeste de Honduras, en agosto de 2009. La mina de zinc El Mochito en el oeste de Honduras era operada con anterioridad por la compañía canadiense Breakwater Resources Ltd antes de que la empresa fuera adquirida por Nyrstar Europea en agosto de 2011. Las concesiones mineras son también propiedad de varias empresas canadienses jóvenes dedicadas a la exploración.
La participación de Canadá y Chile en el desarrollo de la legislación de la industrias extractivas con la reforma de la seguridad pública es evidente. ¿Cómo sus intervenciones se desarrollan en Honduras, sin embargo, todavía están por verse.
* Actualmente en Honduras, Karen Spring es una activista de los derechos humanos y la justicia trabaja con asuntos de la minería en Rights Action (Acción por los Derechos). Vivió y trabajó en Honduras desde 2008 hasta 2011 y ahora con sede en Vancouver. Karen puede ser contactado en: spring.kj@gmail.com .
Sandra Cuffe ha vivido en Honduras desde 2003 a 2007, trabajando como activista de los derechos humanos e investigadora para Rights Action Derechos; regresó en julio de 2009 como periodista independiente por varios meses. En la actualidad es una periodista independiente con sede en Vancouver y se puede contactar en: sandra.m.cuffe@ gmail.com.
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