Por Íñigo Errejón *
El 1 de Mayo de 2006 el Gobierno de Evo Morales y el MAS, que había tomado posesión apenas cuatro meses antes, decretaba el control estatal sobre los hidrocarburos bolivianos, la principal fuente de riqueza del país. Se abría así un proceso de renegociación de los contratos con las empresas multinacionales que desde su privatización en la década de 1990 y hasta el momento los explotaban, por el que el Estado boliviano consiguió invertir el reparto de beneficios recuperando casi 8 de cada 10 dólares obtenidos con la exportación de los hidrocarburos.
Morales cumplía así con una de las principales demandas del ciclo de movilizaciones destituyentes que precipitó la crisis del sistema político y el modelo neoliberal entre los años 2000 y 2005. Abría además un proceso de paulatina recuperación de sectores estratégicos por parte del Estado boliviano, que revertía así las privatizaciones realizadas a finales del siglo XX bajo el auspicio de los programas de ajuste estructural –similares a los que hoy se imponen a los pueblos del sur de Europa- de los que el país fue alumno aventajado.
Este 1 de mayo, como casi todos desde el 2006, el Presidente y Vicepresidente anunciaban la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, cuya titularidad era casi en un 100% de la empresa Red Eléctrica Española, participada en un 20% por capital público, que PP y PSOE habían acordado reducir antes del cambio de Gobierno.
Sin duda la incapacidad del Ejecutivo español para ir más allá de los insultos y la retórica chovinista inflamada contra Cristina Fernández al recuperar YPF el Gobierno Argentino no ha pasado desapercibida en Bolivia. La debilidad del Estado español, que pretende marcar un músculo soberano hacia América Latina imposible de encontrar en su relación con la Troika europea, ha podido precipitar la medida de este 1 de Mayo en La Paz. Ernesto Laclau nos permite entender el nacionalismo como un “significante vacío”: un continente al que le caben los más diversos contenidos. En Bolivia, hegemonizado por los sectores subalternos, sirve a la recuperación de la soberanía y la retención del excedente para su redistribución. En España sirve a la identificación del interés general con el de las élites económicas subordinadas a Europa, la lumpenoligarquía, que no comparte sus ganancias pero llama a los nacionales a defender sus pérdidas.
El programa de reforma estatal conducido por el MAS, en todo caso, no es ningún secreto, y es resultado de la nueva correlación de fuerzas en el país. Morales llegó al Gobierno cristalizando electoralmente una incipiente hegemonía plebeya, por la cual las capas subalternas, indígenas y empobrecidas, hacían de núcleo articulador de un boque nacional-popular tan amplio como heterogéneo. Esta nueva mayoría, que lideró el proceso constituyente y no ha dejado de reafirmarse en cada cita electoral, ha fijado además un horizonte de época y un lenguaje dentro del cual hoy se mueven incluso los adversarios al Gobierno: descentralización institucional, inclusión ciudadana, descolonización del Estado y centralidad simbólico-cultural de lo indígena, y promoción del poder público como estimulador y articulador del aparato económico nacional, velando por la redistribución de los excedentes recuperados y por la diversificación en pos de procesos de mayor valor añadido que permitan romper el patrón primario-exportador propio del subdesarrollo.
Los datos no dejan lugar a dudas sobre los frutos de este proyecto. La multiplicación por 9 de los ingresos del Estado por los hidrocarburos (de 1.661 millones de dólares de media entre 2000 y 2005 hasta 9.478 millones de dólares promedio entre 2005 y 2010 según YPFB en 2011) ha permitido destinar el excedente a una política sostenida de gasto social y redistribución de la renta que han reducido la pobreza desde 2005 a 2010 de un 60,6% a un 49,6%, y han dividido por 2,5 la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre (Informe de Desarrollo Humano en Bolivia-PNUD, 2010). Todo ello en un contexto de aumento de los salarios reales y la protección social a madres embarazadas, a la infancia y a los pensionistas, compatible con las sorprendentes felicitaciones del Fondo Monetario Internacional al Gobierno Boliviano en 2011 por los datos de su crecimiento económico y de reservas internacionales, que el Gobierno decidió recientemente asignar con prioridad a las inversiones productivas. Para esto sirve la política de nacionalizaciones.
La decisión gubernamental llega en un momento político paradójico en Bolivia: la neutralización y desarticulación de la oposición conservadora regionalista que alcanzó prácticamente una situación de doble poder en la mitad del país entre 2007 y 2008 ha dejado al Gobierno sin rivales externos, sin un “afuera constitutivo” que fue muy útil para cohesionar las heterogéneas demanda del campo oficialista. Los conflictos que hoy se suceden son, por así decirlo, relativamente internos a la hegemonía del MAS, puesto que se dan en sus términos y lenguaje. Son además una característica tradicional de Bolivia: múltiples sectores de una sociedad civil muy densa que le plantean reivindicaciones corporativas a un Estado históricamente anómico. Aunque sin duda la acumulación de protestas puede estar produciendo un cierto desgaste al “evismo”, éste sigue siendo el principal actor político y compitiendo principalmente consigo mismo. Su considerable suelo electoral y de apoyo popular, particularmente en el campo, la prevalencia de sus marcos de sentido y la ausencia de rivales destacados, obligan a mayor prudencia en el análisis político del que exhiben las crónicas de las grandes empresas de la comunicación y su indisimulada hostilidad hacia el Gobierno democrático. Esta medida, además de en su sentido económico, debe ser leída políticamente como precisamente una maniobra del Gobierno, exitosa por ahora, para volver a ordenar el campo político y a colocar en primer plano el impulso transformador, últimamente en cierto impasse, por delante de las reivindicaciones particulares.
El rumbo del Gobierno boliviano, como el del argentino se inscribe en una agenda regional, que se desarrolla con diferentes ritmos e intensidades en América latina y por supuesto con excepciones. No se trata tanto de intentar divisiones artificiales entre procesos “moderados” y “radicales”, como de señalar una tendencia general. De recuperación de la participación pública en la economía, extensión o creación de derechos sociales, y ampliación del alcance de la soberanía popular a ámbitos centrales de la vida en sociedad que hasta ahora estaban bajo control de poderes privados oligopólicos: los medios de comunicación, la energía, los recursos naturales y bienes comunes, los derechos al agua, la vivienda, la salud o la educación.
Exactamente en sentido contrario de una Europa atemorizada. Si en América Latina se recupera la política como arte de decisión sobre los asuntos colectivos, en Europa se rinde a los pies de los “poderes privados” salvajes. En el Norte la democracia se retira a una actividad elitista de administración de prioridades decididas lejos de la voluntad popular, y con costes dramáticos para la ciudadanía. En el Sur desborda los parlamentos y va inundando también la vida cotidiana de las mayorías sociales. Allí crecer y redistribuir son dos partes inseparables de un mismo patrón de acumulación. Aquí la ofensiva de las clases dominantes se desenvuelve en una espiral de recesión y recortes, ineficaz e injusta para enfrentar la crisis. Ojalá para aprender del presente boliviano y latinoamericano no tengamos que pagar el precio de su pasado reciente.
* Doctor e investigador en Ciencias Políticas en la Universidad Compluntense de Madrid. Miembro de la Fundación CEPS.
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