Salud contra agroquímicos

Página/12

Por Leonardo Rossi

Una serie de denuncias sobre afectaciones a la salud llevaron a que la Defensoría del Pueblo bonaerense recomiende a los municipios que controlen las aplicaciones de agroquímicos, tanto terrestres como aéreas. Como primer paso, el organismo les sugirió a las autoridades locales que revisen las planificaciones territoriales con las que actualmente cuentan. Asimismo, en su resolución, el defensor Carlos Bonicatto anuncia el inicio de una investigación sobre la incidencia de los agrotóxicos en términos sanitarios. La Defensoría planteó que por sobre los agronegocios deben primar “la salud de la población, el cuidado de los alimentos y el medio ambiente”.

Mediante la Resolución 32/11, el defensor sienta posición respecto del debate sobre los paquetes tecnológicos agrícolas y sus implicancias sociosanitarias. Como fundamento, Bonicatto sostiene que los municipios deben impulsar normas que generen “pautas de conducta concretas, claras y precisas” para con el sector agropecuario respecto de la aplicación de agroquímicos.

En diálogo con Página/12, Bonicatto explicó que desde su organismo se hicieron eco de la temática a partir de “denuncias concretas sobre el perjuicio a la salud” y por investigaciones que dan cuenta de “la afectación de cursos de agua”, producto del efecto residual de los agroquímicos. Bonicatto propone cruzar argumentos y buscar “un equilibrio”. Por un lado, las estadísticas marcan que Buenos Aires “produce el 45 por ciento de los granos del país”. Pero ese nivel de producción lleva implícito “algún grado de uso irresponsable de los agroquímicos”. Ante ese cuadro, propuso el funcionario, hay que fomentar un “desarrollo que no esté ajeno a la protección de la vida y el cuidado del ambiente”.

Sobre esa idea, el artículo 1 de la resolución recomienda a los municipios que adopten “medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos en su territorio”. Para eso sugiere realizar una “adecuada planificación territorial”, que sirva tanto para la aplicación aérea como terrestre. “El principal problema –entiende Bonicatto– es que las ciudades crecen y las poblaciones quedan al lado de los campos.” Esa falta de regulación “es un tema gravísimo”, enfatizó. En ese sentido, “la tarea de los municipios se vuelve central”, porque desde esas instituciones se deben hacer los ordenamientos territoriales en una primera instancia.

Por otra parte, la resolución fue puesta en conocimiento del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, que trabaja en la modificación del decreto 499/91 que reglamentó la Ley de Agroquímicos provincial, hace ya veinte años. La responsable del área de Medioambiente de la Defensoría, Carolina Barros Schelotto, señaló que, como les piden acciones a los municipios, también impera “una nueva legislación provincial”. “Los cambios tecnológicos y el avance de hectáreas sembradas dejaron bastante obsoleta la norma actual”, consideró Barros Schelotto.

Uno de los casos que llevó a la Defensoría a dar relevancia al tema fue el de un niño (J.E.M.) de la ciudad de Mercedes, que contrajo leucemia tiempo después de ser rociado con agrotóxicos desde una avioneta, mientras jugaba en el patio de su casa. Además, hubo presentaciones con otras particulares de San Antonio de Areco y Trenque Lauquen. La abogada de la familia del niño afectado, Graciela Gómez, consideró que la resolución del defensor “es un avance muy importante”, ya que “es una palabra de peso” para presentarse ante los municipios a pedir que limiten las pulverizaciones con agroquímicos en cercanías de viviendas, escuelas, y zonas urbanas.

Además de la recomendación a los gobiernos locales, la resolución da cuenta del inicio de una investigación sobre la incidencia de los agroquímicos en la salud y en los alimentos. Con esto, la Defensoría busca hacer “una tarea de seguimiento” sobre un tema que consideran “grave” y del que deben tener “un estudio confiable”, describió Bonicatto. Entre los análisis, habrá pruebas sobre los restos de agroquímicos en hortalizas, algo que actualmente “carece de controles”.

“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.