Por Amy Goodman
La muerte provoca ovaciones por estos días en Estados Unidos. Cuando, durante el último debate entre los candidatos republicanos a la presidencia en Tampa, Florida, el periodista de CNN Wolf Blitzer le preguntó en forma hipotética al congresista Ron Paul, si se debería dejar morir a un hombre que eligió no tener cobertura de salud y de pronto sufriera una grave enfermedad, el público de la sala respondió al únisono y efusivamente “¡Sí!”.
Cuando, en el debate anterior, se le preguntó al Gobernador Rick Perry acerca de su aplicación entusiasta de la pena de muerte en Texas, el público comenzó a aplaudir y a ovacionarlo. La reacción del público provocó que el moderador del debate, Brian Williams, de NBC News, continuara la pregunta “¿Cómo interpreta la dinámica que acaba de suceder aquí?: mencionar la ejecución de 234 personas provoca aplausos.”
Esa “dinámica” es el motivo por el cual es tan importante la revocación de la condena a pena de muerte de Troy Davis, que el Estado de Georgia llevará a cabo el 21 de setiembre. Davis ha estado condenado a pena de muerte en Georgia durante cerca de 20 años luego de haber sido declarado culpable de matar al policía Mark MacPhail en Savannah. Desde que fue sentenciado, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron de su declaración, alegando coerción e intimidación policial para la obtención de sus testimonios. No hay pruebas materiales que vinculen a Davis con el homicidio.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que se debería admitir la realización de una audiencia probatoria para que Davis tuviera la oportunidad de demostrar su inocencia. Varios testigos identificaron a uno de los testigos que no se retractó de su testimonio, Sylvester “Redd” Coles, como el autor del disparo. El Juez Federal de Distrito William T. Moore Jr. se negó, basándose en un tecnicismo, a aceptar la declaración de los testigos que afirmaban que, luego de que Davis fue procesado, Coles admitió haber disparado a MacPhail. En la orden judicial que emitió en agosto, Moore resumió sus argumentos de esta forma: “El Sr. Davis no es inocente”.
Uno de los miembros del jurado, Brenda Forrest, discrepa del juez Moore. En referencia al juicio contra Davis de hace casi 20 años, dijo a CNN en 2009: “Todos los testigos pudieron identificarlo como autor del delito”. Tras enterarse de la retractación de los siete testigos, ahora dice: “Si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, Troy Davis no habría sido condenado a pena de muerte. El veredicto sería ‘inocente’”.
Troy Davis tiene tres grandes cosas en su contra. La primera, que es un hombre afroestadounidense. La segunda, que fue acusado de matar a un policía blanco. Y la tercera, que está en Georgia.
Hace más de un siglo, la legendaria periodista y activista Ida B. Wells arriesgó su vida cuando comenzó a denunciar una epidemia de linchamientos en el Sur Profundo. En 1892 publicó un libro titulado “Los horrores del Sur: La ley de linchamiento en todas sus fases”, al que le siguió en 1895 “El informe rojo”, donde detalla cientos de linchamientos. Allí escribió: “En el Condado de Brooks, Georgia, el 23 de diciembre, mientras este país cristiano se preparaba para celebrar la Navidad, siete individuos negros fueron linchados en veinticuatro horas por no poder establecer el paradero, o haberse negado a ello, de un hombre de color denominado Pike que mató a un hombre blanco... Georgia encabeza la lista de estados donde se producen más linchamientos”.
La planificada ejecución de Troy Davis no estará en manos de un turba enardecida, sino que tendrá lugar en los confines estériles, iluminados con luces fluorescentes, de la Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia en el Condado de Butts, cerca de la localidad de Jackson.
El estado no pretende colgar a Davis de un árbol con una cuerda o una cadena, colgarlo —como decía la canción de Billie Holiday— como una fruta rara: “Los árboles del sur tienen frutas raras/ sangre en las hojas y sangre en la raíz/ cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña,/ fruta rara colgando de los álamos.” A menos que intervenga la Junta de Perdón y Libertad Condicional, el estado de Georgia le aplicará una dosis letal de pentobarbital. Georgia está utilizando una nueva droga en las ejecuciones debido a que la Administración de Control de Drogas, la DEA, confiscó su suministro de pentotal sódico en marzo, tras acusar al estado de importar la droga de forma ilegal.
Ben Jealous, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, dijo sobre el caso: “Este es un caso que, se esté a favor o en contra de la pena de muerte, debería dejarnos perplejos”. Amnistía Internacional solicitó a la Junta Estatal de Perdón y Libertad Condicional que conmute la pena de Davis. Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo: “No conozco ningún otro caso como este que diga a gritos que es una injusticia. Se trata de un caso en que siete de los nueve testigos se retractaron de su declaración. No hay pruebas materiales que lo vinculen al delito. Hay una presunción o una duda razonable tan grande en torno al caso que condenarlo a muerte sería realmente un delito provocado por otro”.
Pero la junta de perdón debería escuchar no solo a los grupos de derechos humanos: el Papa Benedicto XVI y los Premios Nobel de la Paz, el Presidente Jimmy Carter y el Arzobispo Sudafricano Desmond Tutu, entre otros, también pidieron clemencia. La otra opción que tiene la junta es escuchar a las masas que claman y aplauden la muerte.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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