Darío Euraque
Hace unas semanas terminé de leer los dos tomos (790 páginas) del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sobre el Golpe de Estado acaecido en Honduras el 28 de junio del 2009. Estos esperados documentos llevan como titulo principal la siguiente frase: Para que los hechos no se repitan…, sin duda haciendo alusión a las famosas palabras del filósofo español George Santayana (1863-1952): “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”.
Según el “Mensaje del Comisionado Coordinador de la CRV”, Eduardo Stein Barillas:
“[Hoy] se presenta, por lo tanto, una oportunidad única para el país, si se logran procesar constructivamente los ingredientes de la crisis, y se emprenden esfuerzos de reforma y de transformación, en la ruta de la justicia, de la reconciliación y del bienestar nacional. No hay que desperdiciar esta crisis tan profunda, sino aprovecharla para recuperar una ruta de verdadera transición a la democracia, que parece haber quedado interrumpida. De allí se han nutrido nuestras recomendaciones. Es la construcción de la esperanza centrada en la memoria, la que da futuro al país. De allí se parte. De allí se han nutrido nuestras recomendaciones. Es la construcción de la esperanza centrada en la memoria, la que da futuro al país. De allí se parte. Son un conjunto de aproximadamente 88 recomendaciones en 8 ámbitos: constitucional, institucional, derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, político electoral, combate a la corrupción, medios de comunicación, ámbito internacional y política de la memoria. Es un conjunto de recomendaciones que no agotan en modo alguno el horizonte de renovación de la sociedad hondureña y del Estado hondureño. En una nación democrática, la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles. Por ello, el conjunto de recomendaciones tiene la esperanza de ser un arsenal constructivo, en manos hondureñas, para contribuir a luchar contra la impunidad, fortalecer la institucionalidad democrática y elevar la estima y dignidad de la propia población hondureña. Solo ella puede hacerlo. Encontramos en Honduras muchas voces de reconciliación y perdón, y clamando ver hacia el futuro, lo cual es esperanzador. Pero no se puede construir ese futuro sin justicia para todos y sin memoria que fundamente ese futuro. Con amnesia no hay pasado, pero tampoco hay futuro. Toda sociedad debe reencontrase, perdonarse, fortalecerse y crecer junta y solidariamente, respetándose, alcanzando su nivel de convivencia en un pacto”. (El énfasis en negrillas es mío).
A mi parecer, en general el Informe de la CVR ofrece a los hondureños y hondureñas accesibles e importantes insumos conceptuales y una extraordinaria documentación coyuntural con que contextualizar la historia mínima de los eventos del 28 de junio, sus antecedentes, y también sus consecuencias más inmediatas, sobre todo a partir del 2006. Invito al público en general a que estudie este Informe con esmero.
Sin embargo, simultáneamente el público en general debe considerar que el Informe de la CVR no se fundamenta en la historiografía publicada y más conocida sobre el pasado hondureño; no es su propósito. Sin embargo, en ese sentido el Informe carece de profundidad histórica, y no sólo por el hecho de limitar su apreciación histórica al periodo de 1980 al 2005, sino también porque su epistemología del pasado se circunscribe, en general, al análisis “jurídico-institucional” de los poderes del Estado y su relación con la reciente evolución social y cultural del país. Esta apreciación no enjuicia a los historiadores consultados por los Comisionados de la CVR, sus conocimientos, y/o su filosofía del pasado desplegada en sus publicaciones. Es simplemente para especificar la visión teórica- histórica e institucional que fundamenta el Informe de la CVR.
Es por ello que el público no encontrará en el Informe de la CVR apreciaciones históricas complicadas sobre los antecedentes de eventos, procesos, instituciones o personajes que son perfilados como “actores claves” en los eventos del 28 de junio del 2009, especialmente sobre la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas de Honduras, los partido políticos, los empresarios, la cultura política, la relación etnicidad y capital, el papel de la política exterior de los EE.UU., la historia de la Organización de Estados Americanos, y la conformación misma del Estado hondureño en el siglo XX. El Informe de la CVR tampoco escrudiña los otros tantos Golpes de Estado del siglo XX (1956, 1963, 1972, 1975, 1978, etc.) y las Asambleas Nacionales Constituyentes manipuladas por ambos partidos tradicionales (1936- Partido Nacional; 1957- Partido Liberal; y 1965- Partido Nacional), cuyas secuelas también incidieron en la historia inmediata resumida en el Informe de la CVR, es decir, el período entre 1980 y el 2005.
Muchos de los hijos y nietos de prominentes miembros de ambos partidos tradicionales que participaron en la Constituyente de 1980, y hasta en el Golpe de Estado del 2009, aprendieron sus destrezas para manipular el sistema político hondureño de parte de sus padres, de sus tíos y/o sus abuelos (era un mundo de un caudillismo eminentemente masculino, patriarcal y machista), puesto que muchos de los últimos participaron en los Golpes de Estado perpetrados entre las décadas de 1950 y 1970, y luego legitimados mediante Asambleas Nacionales Constituyentes posteriormente. Es más, a mi juicio, fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1965 que quizás es mucho más importante para comprender las raíces profundas del Golpe de Estado del 2009 que la Constituyente de 1980, ello desde el punto de vista histórico estructural serio.
Emblemático del contexto de esa época fueron las palabras de un diputado del Partido Nacional- Julio Galdámez Zepeda. Los diputados designados por el Partido Nacional a la Asamblea Constituyente de marzo de 1965 representaban a una mayoría que al igual que los Liberales en 1957 "eligió" “Presidente Constitucional” al militar que lideró el Golde de Estado de 1963, el Col. Oswaldo López Arellano. En 1965, por supuesto, el liderazgo nacionalista les recordó a los hondureños y a los miembros del Partido Liberal, en las palabras de Galdámez Zepeda, que "estamos comprometidos a hacer lo que hizo la Asamblea Nacional Constitucional en 1957...", es decir cuando los Liberales eligieron Presidente al Dr. Ramon Villeda Morales. Si bien la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 no eligió Presidente a uno de los militares golpistas de 1978, la misma reproducía la cultura política de las asambleas constituyentes de 1957 y 1965.
En fin, para ello y más en la historia de Honduras que es relevante para comprender la raíces históricas del Golpe de Estado del 2009, le sugiero al público adentrarse en la historiografía de nuestro país, comenzando de hecho con las más serias y documentadas de las publicaciones de algunos de los historiadores cuyos nombres se perfilan en la “Bibliografía general” del Informe de la CVR (Tomo 1, pp. 534-541).
En cuanto a una de las carencias más graves del Informe de la CVR es temible el hecho de que en el mismo a la problemática de “la política de la memoria” sólo se le adjudica una página de un total de 790, sobre todo porque que el mismo argumenta que con “amnesia no hay pasado, pero tampoco hay futuro”, o con otra declaración en cuanto que “la amnesia no reconcilia” (p. 425), y dada también la correlación apuntada entre una “política de la memoria” y la Reconciliación (pp. 425-426). Reciben más texto los “Reconocimientos” a los que participaron en el Informe (pp. 25-26) que las cuartillas del texto entero de la “Recomendaciones en el ámbito de la memoria”. Por ello es sencillo citarlo en su totalidad aquí:
“Los comisionados hemos reconocido y acompañamos el profundo sentimiento de la población hondureña sobre el impacto y las consecuencias de los hechos, precisamente en la línea del mandato seguido por la Comisión, para que estos no se repitan. Vemos con mucha preocupación que persisten los elementos divisorios en la población que no se han podido superar. En tal sentido, hechos de esta naturaleza no deben repetirse, pues ha sido profunda la división de la sociedad hondureña. Al momento de concluir este Informe, siguen existiendo posiciones encontradas sobre lo ocurrido. Al respecto, consideramos que se debe construir una adecuada memoria sobre lo ocurrido; de esta manera, este Informe constituye un punto de partida para ello, no obstante, consideramos oportuno elaborar, de forma participativa y consensuada, una política de la memoria que permanentemente haga presente y vivifique estos acontecimientos. Solamente a través de este proceso el país podrá trascender el simple recuerdo de los hechos, para identificar las principales lecciones de todo en perspectiva de la búsqueda de las transformaciones necesarias para ello y el avance del país. Así, se propone lo siguiente:
1. Elaborar de forma participativa y consensuada una política de la memoria, en un contexto de pluralismo y de libertad.
2. Realizar ejercicios de relatos compartidos que sirvan para interpretar los acontecimientos fundamentales de la crisis política, procuren significado a la misma y precisar las opciones de futuro. La democracia hondureña también requiere de sus valores e ideales políticos y de los procedimientos consensuados para su identificación, desarrollo, transmisión, retención y evolución por aprendizaje. Desde ese pluralismo y libertad es importante, por un lado que en el ámbito político se trabaje en función de sacar las lecciones de estos hechos y sus consecuencias, es indispensable que la nación se examine a sí misma en el conocimiento de su propia historia y, por otro, en el ámbito educativo se introduzcan el estudio permanente de estos hechos para que las nuevas generaciones tomen conciencia y se construya una memoria contra el olvido de hechos de esta naturaleza y un proceso de aprendizaje colectivo de trabajar juntos. Para que la memoria sobre estos acontecimientos sea permanente y aleccionadora se requiere, también, que en el país se garantice la libre emisión del pensamiento y el ejercicio responsable y participativo de toda la ciudadanía.” (p. 423; El énfasis en negrillas es mío).
Más allá del minimalismo en el texto citado, es más grave el hecho que la recomendación no sugiere una institucionalidad oficial que debe conceptualizar, no digamos implementar, de “forma participativa y consensuada una política de la memoria, en un contexto de pluralismo y de libertad.” Desde el punto de vista del Estado, existen por lo menos dos instancias oficiales llamadas a asumir la responsabilidad encomendada en la página 423 del Informe de la CVR: Primero, esta la Secretaría de Cultura, Arte, y Deportes, instancia de Estado encargada del Archivo Nacional de Honduras, donde por ley de la creación de la CVR debe ser depositada toda su documentación (pp. 26 y 437- 438); Segundo, está el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que según la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural (Decreto 220-97), instancia de Estado llamada a proteger, investigar, conservar y difundir el patrimonio documental de Honduras, el cual incluye documentos considerados parte de la memoria histórica nacional, tales como aquellos asociados con el Golpe de Estado del 2009.
Veremos que hace el Secretario de Cultura, Arte, y Deportes, Bernard Martínez, aunque no espero mucho de su parte. En febrero del 2010 me reuní con Martínez en Nueva York, a petición suya y de mutuos colegas, para considerar la posibilidad de que dado mis experiencias en el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia, y dado mis conocimientos académicos en general, pudiera asesorarle en su futura política cultural en la Secretaría. Decidimos retomar ese primer acercamiento en Tegucigalpa en una reunión unos meses más tarde. Para ese entonces creí que el Sr. Martinez consideraría seria mi oferta, aunque le había advertido que con el Gerente impuesto en el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia por el Golpe de Estado yo jamás colaboraría. Esa fue la última reunión presencial entre el Sr. Martínez y yo. Durante el ultimo año me percate que mas allá de sus carencias profesionales e intelectuales para desempeñarse como Secretario de Cultura, Arte, y Deportes de Honduras, el Sr. Martínez desconoce o no le importa el desastre institucional en que ha sucumbido el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia, noble institución fundada en 1952 por el Presidente Juan Manuel Gálvez. Lamento todo esto porque en el 2008 autorice que Bernard Martinez y otros ceibeños recibieran una introducción presencial en las instalaciones del Instituto Hondureño de Antropologia e Historia en Tegucigalpa para conocer de cerca nuestra política cultural. Nada de todo esto incidió en el desempeño del Sr. Martínez como Secretario de Cultura en casi dos años en ese cargo. Hoy en día no creo a Martínez le interesen las recomendaciones del Informe de la CVR.
Con respecto al Instituto Hondureño de Antropologia e Historia, el actual Gerente de esta institución, el Ing. Virgilio Paredes, tendría que investigarse asimismo para comenzar la Reconciliación. El fue impuesto en ese cargo en Septiembre del 2009 por la Secretaria de Cultura de facto nombrada por Roberto Micheletti Baín, Myrna Castro. A fines del 2009 Castro sentenció que no era preciso ni ser historiador, ni antropólogo para dirigir el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia. Es más, Castro, luego de defenestrar ilegalmente al Gerente del Instituto Hondureño de Antropologia e Historia de ese entonces, quien ofrece estas reflexiones hoy, igualmente destituyó a la Coordinadora del Centro Documental de Investigaciones Históricas, la Lic. Yesenia Martínez, nombrada en ese cargo en septiembre del 2008 por el Dr. Rodolfo Pastor Fasquelle (reconocido historiador) cuando fue Secretario de Cultura, Arte, y Deportes, también depuesto por el gobierno de facto. El Coordinadora del Centro Documental de Investigaciones Históricas no sólo llegó a resguardar el patrimonio documental en el sentido tradicional, sino a proyectar una plataforma institucional para la investigación histórica y cultural en toda Honduras en función de fortalecer la relación entre la memoria histórica y la Identidad Nacional.
Según Martinez, el impulso por estrechar la relación entre la memoria histórica y la Identidad Nacional se remontaba a 1880, cuando “se sentaron las bases para la conservación del patrimonio documental de la nación…. [Durante] el gobierno de la Reforma Liberal, Marco Aurelio Soto, ordenó a su Ministro Ramón Rosa, se organizara el Archivo Nacional, a cargo del Presbítero Antonio R. Vallejo. Para Rosa el Archivo representaba la memoria de la Nación, urdimbre de su historia… para generar una memoria y una Identidad Nacional. Esta necesidad de crear espacios para guardar la memoria de las naciones eran elemento que vendría a fortalecer los proyectos de nación para mediados y fines siglo XIX, cuando en la mayoría de los países latinoamericanos, en su afán por iniciar un proceso de Estados nacionales se dio un boom por la creación de los Archivos Nacionales.” Entre el 2007 y el 2009 el Coordinadora del Centro Documental de Investigaciones Históricas le dio seguimiento a esa añorada política de memoria histórica luego de numerosos esfuerzos, logros, pero en general, desaciertos durante todo el siglo pasado.
Nada de los logros y proyección de la Coordinadora del Centro Documental de Investigaciones Históricas les valió a los nuevos guardianes de la memoria histórica nacional luego del 28 de Junio del 2009, es decir, ni a Myrna Castro, ni tampoco al actual Gerente del Instituto Hondureño de Antropologia e Historia. El personal profesional más importante del Coordinadora del Centro Documental de Investigaciones Históricas fue desarticulado. Los detalles de estos sucesos pueden consultarse en mis Memorias, las que registran mi actuación como Gerente del Instituto Hondureño de Antropologia e Historia entre el 2006 y mi destitución el 1 de Septiembre del 2009, y como esa política cultural buscaba fortalecer la relación entre la memoria histórica, el patrimonio cultural, y la Identidad Nacional. Así se el público hondureño en general podrá formarse una idea de las probabilidades que desde el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia hoy en día se atienda la recomendación de una política de la memoria para la Reconciliación nacional que tanto urge en Honduras.
31 de Agosto, 2011
Dr. Darío A. Euraque, autor de El Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el Patrimonio Cultural y la Identidad Nacional de Honduras. San Pedro Sula: Centro Editorial, 2010.
Versión electrónica en pdf:
http://www.trincoll.edu/~euraque/Euraque,%20El%20Golpe%20de%20Estado%202010.pdf
Documental: http://www.trincoll.edu/~euraque/el_golpe_de_estado_video.htm
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