Por Selvin Aguilar
A Enrique Flores Lanza lo persiguen. A Enrique Flores Lanza lo tienen preso en su propia casa Su culpa es ser el más cercano colaborador del Presidente Manuel Zelaya Rosales en la firma del Alba, Petrocaribe y en la organización de la Cuarta Urna. Su culpa es creer en las transformaciones sociales y políticas del país. Su culpa es soñar que el pueblo pueda crear sus propias leyes. Su gran error ha sido y será siempre pensar en una Honduras diferente.
Quienes hoy le niegan su libertad son aquellos que llevaron al Abismo a Honduras, son los mismos que la hicieron cautiva de sus locuras subjetivas y de sus miedos irracionales, pero sobre todo, son los peones y los alfiles judiciales de las jugadas geopolíticas de una oligarquía vengativa y servilista de un imperio que crea realidades virtuales, que necesita del maniqueísmo para manchar el nombre y apellidos y que antepone sus intereses supranacionales sobre las frágiles dignidades humanas.
Los procesos contra Enrique Flores nacieron nulos bajo el imperio bochornoso de un régimen de facto, que necesitaba denostar para justificar sus ilegalidades. La nulidad arrastra el ejercicio de la acción penal y sus incidencias, pero el Poder judicial que nunca vio violaciones en la muerte de miembros de la resistencia, que se cegó a las restricciones de los derechos fundamentales en estados de excepción ilegales, que no otorgó recursos de amparo en detenciones ilegales, hoy sataniza a un hombre, quien ni siquiera es tratado como procesado sino como enemigo, un enemigo que no tiene garantías y menos derechos, un enemigo que ya de por sí es culpable, y a quien no se le permite que demuestre lo contrario a un sistema que está más que convencido de su culpabilidad, porque ello le sirve para acallar consciencias y para alejar culpabilidades propias.
A Enrique Flores es preciso darle una lección, para los que en lo sucesivo se atrevan a apostar por la utopía se abstengan de hacerlo, y se decanten por hacer el papel de simples espectadores y dejen vacio el espacio para los protagonistas.
La noción del Derecho universal apunta a una capa de superestructuras que ramifica los senderos de la estructura. El derecho es la preservación de la base social, es la legitimación del stablisment, es la teoría rapaz de una práctica social malsana. Bajo cualquier presupuesto o noción interpretativa del derecho penal, este es esencialmente un derecho clasista utilizado como una forma de contención de las conquistas sociales, como aparato ideológico del Estado muy idóneo para frenar procesos sociales y para apuntalar proyectos políticos.
Sin embargo, para Thomas Hobbes y Carl Schmitt el derecho penal se puede convertir en un instrumento preciso para tratar a los enemigos como delincuentes, para manchar honores y dignidades y para quitar del camino las dificultades de los contrarios. Por eso el enemigo no es un procesado revestido de garantías y derechos sino un ser al que hay que desterrar a como dé lugar. El enemigo no es tratado como inocente, pues su culpabilidad inicia desde el mismo momento que está en el bando contrario.
Los procesos contra Enrique Flores tienen una motivación política y no son dirigidos solamente a la persona del hombre que sufre las consecuencias de la instrumentalización del sistema. Es una afrenta coyuntural que busca alejar adeptos del Frente Amplio de Resistencia Nacional, que precozmente se cierne como un fantasma ubicuo con grandes posibilidades de triunfo electoral, y a quien se precisa frenar para evitar su marcha galopante al poder. Enrique Flores se convierte como un trofeo de los virtuales perdedores, como un comodín al que hay que utilizar para intentar forzar posiciones, para marcar espacios de contención, para incluso sostener contra toda lógica, las motivaciones torcidas de las decisiones que llevaron a la ruptura del Estado de Derecho.
Los juicios contra Enrique no tienen razón de ser ni siquiera adentrándose en su propia lógica fáctica y jurídica, pues los mismos no trascienden la esfera de la propia administración pública, y no apuntan a prácticas de apropiación y ni siquiera a la de desviación de fondos. Los fondos reprochados de manejo irregular son los mismos que se iban a invertir en el adecentamiento de un sistema democrático prostituido por el sistema de representación y cerrado a la participación popular. En ningún sistema penal del mundo se puede criminalizar los procesos constituyentes que aunque no figuren con procedimientos de “numerus clausus” en las constituciones políticas, son temas meta jurídicos que están consagrados en la doctrina legal aceptada universalmente por los Estados democráticos, para propiciar las transformaciones que exigen los momentos históricos transidos de conciencia constitucional.
El acuerdo de Cartagena de Indias supuso una vuelta a la institucionalidad, los anulación de los juicios políticos contra Manuel Zelaya fueron una muestra de la tentativa de volver por el sendero de la democracia, pero la saña, la tortura judicial cotidiana de resoluciones que enseñan el camino al patíbulo y la expresión de los verdugos como personajes surrealistas del Proceso de Fran Kafka, muestran que el aparato que perpetró el Golpe de Estado se mantiene vivo acatando las ordenes de los fantasmas que no dan la cara y que coyunturalmente han desaparecido de los discursos y las agendas oficiales, pero están asechando para hincarle un gran ataque a la decencia y ofrecerle un prostíbulo a la justicia.
Por eso, los procesos contra Enrique son la expresión más vil de un sistema enfrentándose materialmente a un solo hombre, de un Goliat ufanándose de su altura y de sus fuerzas y subestimando la capacidad de reacción de un David acorralado. Pero la Historia no cambia el libreto y son los Goliat los que no aprenden lecciones.
No tienen preso a Enrique, tienen enjaulado el proceso de cambio de todo un país: Honduras.
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