El pasado 7 de julio la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el informe “Para que los hechos no se repitan”, y a pesar del compromiso de Lobo Sosa de cumplir con las recomendaciones allí contenidas, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta.
Aunque es evidente que ni el ejecutivo ni el resto de los altos responsables de las instituciones de justicia de Honduras difícilmente moverán un dedo para cumplir con las recomendaciones del informe, resulta inquietante que dos meses después el movimiento de derechos humanos tampoco ha reaccionado de manera contundente.
Si bien este informe constituye un instrumento que legitima políticamente la violencia del golpe de Estado, sería un error rechazarlo tajantemente pues haciendo una lectura objetiva y sensata del mismo, se pueden extraer ciertos elementos importantes que deben servir en la lucha contra la impunidad.
Pese a las limitaciones y críticas que se le pueden hacer al informe, éste establece contundentemente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales.
Y lo más importante del informe es que establece que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.
Estos hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación son una prueba irrefutable para lograr que los altos responsables del golpe de Estado sean perseguidos y juzgados como criminales internacionales, ya sea por la Corte Penal Internacional o por cualquier tribunal del mundo que tenga la facultad de perseguir este tipo de delitos.
Desafortunadamente, el movimiento de derechos humanos aún no ha sido capaz de articular una agenda nacional y una estrategia integral de lucha contra la impunidad que prevalezca sobre los personalismos, los protagonismos, las agendas y los proyectos propios.
Las víctimas siguen esperando que el movimiento de derechos humanos hondureño asuma una responsabilidad colectiva que se traduzca en una lucha unida, granítica y permanente contra el despotismo de los victimarios, cuya responsabilidad criminal ha sido ratificada oficialmente por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
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