Según el Observatorio de la Violencia se estima que Honduras cerrará 2011 con una tasa de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, uno de los índices más altos en el mundo para un país ajeno al enfrentamiento bélico.
En 2010 la tasa de violencia fue de 77 homicidios por 100 mil habitantes, y eso nos indica un aumento catastrófico de 9 puntos, pues la tasa media mundial de violencia es de 8,8 por 100 mil habitantes.
En el primer semestre de este año hubo 4,296 muertes, de las que 3,602 fueron homicidios a mano de sicarios. Entre estos figuran 245 mujeres asesinadas. De acuerdo con este lineamiento, se asume que la policía debe centrar su acción en las zonas de más violencia.
Este cuadro nos indica muchas cosas, todas ellas tremendas, casi espeluznantes: 1) Fracaso total de la política de seguridad interna y de la Policía Nacional, 2) Liderazgo en criminalidad a nivel regional, 3) Profunda penetración institucional del crimen organizado, y 4) Incapacidad para integrar la respuesta anti-crimen.
El crecimiento de la criminalidad en Honduras rápidamente incorpora diversas formas deletéreas que ameritan un análisis sociopolítico exhaustivo, incluyendo las interpretaciones e intereses foráneos. Cada dos días se produce en el país una masacre, independientemente de los 20 homicidios diarios.
Hasta ahora, que nosotros sepamos, no hay una explicación al fenómeno de la recurrencia de la masacre, pero es evidente que se da en un contexto de mano dura, por no decir de terrorismo. En estas condiciones, la lógica es el escalamiento de la violencia.
El mapeo de la delincuencia en nuestro país, aunque típicamente generalizado tiende a ser más agudo en el llamado corredor del narcotráfico que incluye los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Olancho, Yoro, Atlántida, Cortés, Comayagua y Copán. Por densidad poblacional, también cobra particular importancia Tegucigalpa-Comayagüela.
Eso nos muestra una relación geo-estratégica de la delincuencia con el narcotráfico, sin duda inobjetable, pero que puede ser engañosa en algunos aspectos cuando se margina la causa socio-económica, o sea su raíz: la pobreza. De modo que se atacan los efectos y no el origen, incluyendo, en último análisis, el consumo de la droga como factor principal.
Por el momento el gobierno, además del “impuesto de seguridad” (impuesto oficial de guerra) pretende revertir el progreso de la criminalidad, principalmente del narcotráfico, con más leyes. Leyes en materia de seguridad que, sin excepción en América Latina, históricamente han generado terrorismo, abuso de autoridad, violación de derechos humanos, y, al final, mayor fracaso.
Entonces la denominada guerra contra la delincuencia se plantea, desde el gobierno, con leyes para depurar la policía, y, suponemos, a las fuerzas armadas, respecto a supuestas colusiones con el crimen organizado y el narcotráfico. También para adquirir —ojalá que con licitación pública—infraestructura y equipos antidroga, así como programas de prevención juvenil.
La mar y sus conchas, ya que abundan las leyes para eso. Lo que no abunda es capacidad profesional, entereza institucional y voluntad política, dentro de una visión propia e integral del problema y de la manera justa y humana de resolverlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario