Los buses y carros fueron insuficientes para trasladar a la población que muy temprano llegó al auditorio municipal de Arizona, Atlántida, donde se realizaría el cabildo abierto ambiental. ¡El lugar era de fiesta! La alegría, abrazos y esperanzas brotaban por montones, a pesar de que la sabiduría popular les decía que sus regidores no se presentarían con el objetivo de boicotear la decisión que el pueblo tomaría.
Corría el día donde el mundo recuerda el martirio de San Oscar Arnulfo Romero, pastor y mártir de la iglesia, asesinado hace 39 años en El Salvador. Esa tarde, además de las banderas y pancartas la gente llevó la imagen de San Romero, para reforzar el mensaje la homilía del 15 de julio de 1979, que habla sobre la riqueza y el progreso en pocas manos a costa de la sangre del pueblo.
Al escuchar a Romero, pareciera que dijo eso pensando en la Honduras de hoy, donde las comunidades son amenazadas, criminalizadas y asesinadas por defender sus bienes naturales, territorio y soberanía, ante la imposición de un modelo económico extractivo por parte del gobierno nacionalista.
“Romero y el Papa Francisco nos llaman a defender la casa común desde la organización”, dijo en su mensaje de bienvenida el padre claretiano Fredy Cabrera de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, quien junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia trabajan en las comunidades de Arizona en la construcción de soberanía.
En Arizona, la gente que defiende sus ríos y territorios ha sufrido muerte, desplazamiento forzado y criminalización. Por oponerse a la instalación de una hidroeléctrica sobre el río Jilamito, única fuente de agua sin represar en el municipio, cinco personas son criminalizadas: entre ellas el alcalde municipal Arnaldo Chacón. Aún se desconoce cuándo estas personas serán llevadas a juicio oral y público.
“Que se pongan de pie los regidores que nos acompañan en el cabildo”, fueron las primeras palabras del alcalde Chacón, con el objetivo de evidencia que sólo una regidora se encontraba presente. Los otros integrantes de la mesa principal eran representantes de las comunidades y dos diputados del Congreso Nacional; Luis Fuentes del partido Liberal y Melvin Cálix de Libre.
Sin embargo, las comunidades encontraron los vacíos de la ley que les permite realizar el cabildo sin la presencia de sus regidores. Para el caso, el artículo 29 de la Ley de Municipalidades establece los deberes de los miembros de la Corporación Municipal. Según el artículo los regidores están obligados a presentarse al cabildo, de lo contrario están cometiendo un delito al violar gravemente sus obligaciones como funcionarios públicos.
La no participación de los regidores: Álvaro López, Adolfo “Fito” Paguada, Roberto Aguilar, Wilfredo Sanabria, Yolanda Alfaro, José Arita y Alex Martínez de la O fue interpretada como un acto de confabulación con las empresas hidroeléctricas instaladas en el municipio, que se verían afectadas con la decisión que el pueblo tomaría.
“En Honduras, los funcionarios públicos lo menos que hacen es cumplir con sus obligaciones”, dijo el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio, asegurando que las comunidades deben interponer una denuncia para poner a prueba el Ministerio Público, institución ágil para acusar a la gente defensora del ambiente y eficiente para proteger a las empresas nacionales y extranjeras.
En el cabildo demandaron a la municipalidad rendir un informe económico de las utilidades que dejan al municipio los 4 proyectos extractivos instalados. El informe brindado fue extenso y confuso. ¡Difícil de digerir! En voz de la empleada municipal sólo se escuchaban cantidades de 500 y mil lempiras en concepto de pagos que las empresas realizan a la comuna. El abucheo y el asombro de la gente no se hicieron esperar.
El abogado Martín Fernández del Movimiento Amplio se mostró atento a los números y resaltó que sólo una empresa hidroeléctrica genera más de 110 millones de lempiras al año, y que apenas deja al municipio unos 100 mil lempiras en pago de impuestos. “Cómo es posible que estas empresas estén enriqueciéndose con los recursos del pueblo”, apuntó señalando la necesidad que tienen las comunidades de ejercer soberanía sobre sus bienes y territorios. Especialmente cuando los pueblo están generando energía y son electrocutados con los cobros que hace la empresa privada Energía Honduras.
¡El momento llegó!
Luego de leer la declaratoria de territorio libre de proyectos extractivos elaborada por las comunidades, la interrogante la hizo el alcalde. En ese momento la gente se puso de pie y se acercó más a la mesa principal. Las banderas y pancartas eran más visibles. Y San Romero colgaba del estrado principal como vigilante de aquel momento histórico.
De pronto se escuchó “Pueblo de Arizona, están de acuerdo con que se apruebe la declaratoria de territorio libre de hidroeléctricas, minerías y térmicas”. La respuesta fue unánime “SÍ”, un sí que parecía salir de las entrañas de aquella gente que aprendió a organizarse para defender el río y la tierra. Una gente que a pesar de sus muertos ya no le teme a la tempestad que provoca la militarización en sus comunidades, y que de forma pacífica resiste en el campamento “Digno por el Agua y por la Vida” que cuida al río Jilamito.
El acto de soberanía ejercido por el pueblo refleja el compromiso que se tiene con la vida y el agua de la población que se ha politizado y comercializado a empresarios nacionales y extranjeros. El triunfo de este municipio y de otros sirve de inspiración para seguir trabajando por liberar el país del modelo económico depredador. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia considera importante la declaratoria para revertir las otras concesiones que se han otorgado sin consultar a la ciudadanía.
Hace unos días el equipo MACCIH-OEA / UFECIC-Ministerio Público presentó un informe llamado “El fraude del Gualcarque”, en el que se acusó a 16 funcionarios públicos por estar vinculados a actos de corrupción que tienen que ver con la concesión del río Gualcarque en Intibucá.
“Estamos haciendo una investigación para probar que los términos en que se realizó el fraude del Gualcarque son los mismos términos que se utilizaron para aprobar los proyectos hidroeléctricos en Atlántida, y específicamente en Arizona”, señaló el abogado Víctor Fernández, quien es apoderado legal en del Copinh y la familia de Berta Cáceres.
Luego del cabildo, la gente regreso a sus casas contenta y esperanzada. Consciente de los riesgos y amenazas que implica defender sus ríos y montañas. Pero decidida a denunciar a sus funcionarios que trabajan en beneficio de las empresas. Y decidida a seguir construyendo soberanía desde las comunidades organizadas y en movimiento.
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