OFRANEH
La permanente crisis en el laboratorio político conocido como Honduras, tiende cada día a ser más complicado ante la debacle que ha surgido como consecuencia de la inocultable narcoactividad de funcionarios asociados al actual régimen y el apoyo político brindado por el actual gobierno de los Estados Unidos a una de sus colonias “favoritas” en su patio trasero.
La denominada “caravana de migrantes” que sacó a flote el éxodo permanente desde Centroamérica, consecuencia de la violencia y desempleo, colocó una vez más a la corrupción y el narcotráfico como resortes de la crisis permanente en que se encuentran sumidos los países del triángulo dela muerte (norte) de Centroamérica.
En medio de la desfachatez originada por la vetusta y fracasada guerra contra las drogas, Honduras -país que en los últimos años ha formado parte vital de la “ruta de la coca”- se ha visto expuesta a una revelación mediática a cuenta gotas, de como la élite político empresarial y fuerzas de seguridad se convirtieron en peones de los carteles del narcotráfico.
Como si fueran pocos los escándalos que surgen del contubernio entre políticos y crimen organizado, el Estado de Honduras en su delegación ante el Comité para la Erradicación del Racismo y la Discriminación (CERD) incluyó al “honorable” diputado Oscar Nájera, el que aparentemente fue incluido por el Congreso de los Estados Unidos en la lista Magnizky, derivada del Acta Global Magnitsky de Rendición de Cuentas sobre Derechos Humanos.
El Sr. Nájera participó en la 97ª sesión de la CERD, en la cual respondió al Comité una serie de cuestionamientos que fueron presentados ante la delegación de Honduras por la violación de la Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial, específicamente sobre el anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada, ademas del proyecto neocolonial de las Ciudades Modelo (ZEDE)
Entre otras el palmero y congresista Nájera adujo que el departamento de Cólon ha sido declarado 0 armas, a pesar que se viene librando una guerra de baja intensidad desde finales del 2009, que ha causado más de un centenar de campesinos asesinados por fuerzas de seguridad, guardias privados y grupos paramilitares.
Honduras desde el golpe de estado de 2009, ha fomentado su relación simbiótica con el gobierno de los Estados Unidos, el que posee información precisa además de pruebas irrefutables sobre las estrechas relaciones existentes entre fuerzas de seguridad, político y narcotráfico; situación que conlleva a dudar de las intenciones que posee la denominada “guerra contra las drogas”.
Desde décadas atrás, el gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente claro en ignorar la criminalidad de narcopolíticos acoplados a sus designios y útiles en las funciones imperiales, de Alvaro Uribe y su séquito de seguidores, entre ellos el actual gobernante de Honduras, el que hasta hace muy poco fue permanentemente alabado por procónsules y militares asociados.
En Honduras el arresto del hermano presidencial, no causó gran sorpresa, pues la noticia ya venia siendo rumiada desde hace años, siendo un hecho conocido de forma pública. Mientras el debacle de la corrupción ha pasado a ser normalizado por los medios de comunicación masivos dedicados más a ocultar que a informar.
Tomando en cuenta la experiencia de Guatemala y el caso del expresidente militar y hoy en día prisionero Oto Perez, el descalabro de su gobierno no trajo cambio alguno, más allá de una rotación de carteles, que se viene dividendo el saqueo del país durante décadas.
La gran cantidad de migrantes que se comienza a acumularse en la frontera estadounidense, no es más que el resultado de las políticas neoliberales que han fomentado la corrupción y el apadrinamiento estadounidense de narco presidentes afines a los mandatos imperiales.
Todo parece indicar que en el siglo XXI, “democracia”, corrupción y gobernabilidad, van de la mano, por supuesto siempre y cuando se cuente con el apoyo de los Estados Unidos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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