Por Javier Suazo
Fernando L. Delgado, representante regional del FMI para Centro América,
Panamá y República Dominicana.
La prédica tradicional neoliberal reza que las políticas de estabilización económica y ajuste estructural se recomiendan para economías con fuertes desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios; pero también con rezagos en productividad y competitividad frente a otros países, que se evidencian en la ausencia de derechos de propiedad, alta producción de bienes orientados al mercado interno, baja inversión extranjera, controles y distorsiones en los precios causados por políticas de subsidios indiscriminados. A ello se suma la alta burocracia e ineficiencia pública, que restringe el accionar de los actores privados y la libertad de mercado.
Las justificaciones de soporte a las políticas son varias. Una de las más importantes, es la llamada macroeconomía del populismo (Dornbusch: R y Edwards. S, 1992), que apasiona a gobiernos dictatoriales de izquierda, incluso de derecha; pero también a aquellos gobiernos amigables con políticas activas de demanda de tipo keynesiano y neokeynesiano, lo que estimula el aumento del gasto interno, endeudamiento y la inflación; pero, sobre todo, el crecimiento de Estado frente al mercado, sustituyendo decisiones individuales y de unidades productivas tomadas libremente.
De acuerdo a estos economistas “Al aplicar estas políticas, por lo general no ha habido preocupación por la existencia de restricciones fiscales y cambiarias. Después de un breve periodo de crecimiento y recuperación económicas, surgen cuellos de botella que provocan presiones macroeconómicas insostenibles y que finalmente conducen al derrumbe de los salarios reales y a graves dificultades de la balanza de pagos. El resultado de estos experimentos ha sido generalmente una inflación galopante, la crisis y el colapso del sistema económico”. (Dornbush y Edwards, opc cit, pág. 15).
Una de las políticas por excelencia del programa económico “doloroso” apoyado en la mayoría de los casos por él FMI, es la devaluación monetaria ya que tiene varias bondades. En el caso de países latinoamericanos con una creciente demanda de materias primas y bienes importadas, la devaluación no solo contrae el gasto interno por lo caro de los bienes y servicios, sino que provoca una pérdida de ingresos de los perceptores de rentas fijas ( sueldos, salarios, pensiones, bonificaciones) al aumentar la inflación en ausencia de indexación y ajuste de ingresos con rezago; además ayuda a disminuir la brecha externa (encarece las importaciones y “abarata” las exportaciones).
Otra, el aumento de la deuda en moneda extranjera (igual si los contratos de préstamos no están indexados) que posibilita destinar mayores recursos locales al pago de la misma (al comprar moneda extranjera más cara), sino también encarecer el costo de crédito cuando se trata de apoyar sectores productivos como el agroalimentario e industrial, sobre la base de la vigencia de tasas interés reales positivas.
La devaluación posibilita mejora en la competitividad del país, ya que no existe la posibilidad de rezagos en la tasa de cambio (sobrevaluación) que encarezcan los bienes hondureños en el exterior; incluso, según los neoliberales, cuando el país que devalúa es tomador de precios en el mercado internacional.
El problema es que estas políticas de estabilización económica y ajuste, se han recomendado para ejecutarse mayormente en países no copados por el narcotráfico y gobiernos poco corruptos, donde los desequilibrios y crisis se atribuyen al mal manejo de los instrumentos de política económica, inestabilidad en los mercados internacionales, crisis política y eventos no previstos como sequias y lluvias que afectan la producción de los principales rubros de exportación como café, bananos, azúcar, palma, etc.
Otra historia es el caso de aquellos países que, como Honduras, han sido copados por el narcotráfico y la corrupción. El FMI sigue recomendado la aplicación de estas políticas de ajuste, pero deja por fuera o considera en forma marginal las variables narcotráfico y corrupción, por lo que los efectos de las políticas, caso particular de la flexibilidad o devaluación cambiaria, tienen un impacto negativo en la economía de los hogares y país. Ignora la distorsión que provoca en el sistema económico, ya que muchos de los efectos esperados, en especial aumento de las exportaciones, pérdida de ingresos reales (contracción del gasto familiar) y mayor endeudamiento interno, no ocurren o sus beneficios son capturados por el narcotráfico, funcionarios y empresarios corruptos.
Honduras inició su proceso de devaluación monetaria en 1990, con una devaluación del lempira frente al dólar de 100%, o sea de 2lps por 1$ a 4ls x 1$, recomendado por Arnold Harberger y los Chicago Boys chilenos traídos por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP) con apoyo financiero de USAID. En el gobierno del Carlos Roberto Reyna (1994-1997), frente a las presiones por liberalizar la tasa de cambio y los efectos negativos de los ensayos de expresidente Callejas Romero (1990-1993) que espera sentencia por corrupto en USA, se institucionalizó un mecanismo de Sistema de Adjudicación Pública de Divisas (SAPDI) de junio de 1994, donde el Banco Central de Honduras (BCH) asume el control, ajustando la tasa de cambio según un porcentaje mínimo y en función de la demanda y oferta en subasta pública.
Este mecanismo se flexibilizó posteriormente, hasta que, después del golpe de Estado (junio de 2009) el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), lo flexibilizó más; hoy se habla de liberalizar la tasa de cambio ya que los agentes económicos y bancarios pueden retener mayor cantidad de divisas y especular, lo que implica aprobar una nueva Ley de Banco Central para legalizar el sistema de metas de inflación y enterrar la Subasta de Divisas. Pero no solo ellos, también los narcotraficantes y funcionarios corruptos, que han recibido dinero ilícito y pueden especular y beneficiarse de la mayor devaluación monetaria.
Hay denuncias que parte de las empresas de los Carteles Cachiro y Valle, fueron a parar a manos de dichos funcionarios, y otras fueron vendidas por el Estado; pero era evidente la adquisición de bienes y propiedades a un menor costo al devaluarse el lempira frente al dólar. En la Región de Occidente, territorio del Cartel de los Valle, se habla de miles de millones de dólares enterrados, siendo utilizados una parte para pagar policías y funcionarios corruptos.
Todavía no se ha cuantificado el monto del dinero lavado internamente por el narcotráfico, sea con apoyo de la banca, fundaciones de beneficencia, importadoras de vehículos, arrendadoras de viviendas y programas y proyectos del Estado. Mucho menos, la estimación de los ingresos incrementales en cuentas bancarias en dólares de funcionarios públicos y prestanombres que se obtendrían al ajustar la tasa de cambio en exceso, digamos de 24.25 Lps x I$, a 30 o 40 Lps x 1$, un tipo de ajuste tipo Shock como le gustaba a Friedman.
Otro problema futuro para el gobierno son las demandas que enfrentará en juzgados locales e internacionales por empresarios y banqueros que fueron ligados al narcotráfico pero que varios de sus bienes y demás activos no tenían una vinculación directa, o sea que no fueron producto del negocio de la venta de drogas, lavado de activos y corrupción. Uno de los tantos casos, es la eventual demanda de la familia Rosenthal por lo que consideran el despojo y venta de sus bienes por el Estado, sin seguir el procedimiento establecido y asumir de entrado que la mayoría de bienes provienen de su relación con el negocio de la venta de ganado con el cartel de los “Cachiros”, incluyendo un periódico local. ¿Cuánto exigirá la familia Rosenthal por sus bienes? ¿Acaso será el mismo valor que tenía hace tres o cuatro años? ¿O, acaso, deberá hacerse un ajuste por devaluación del lempira?
Es cierto que muchos banqueros y empresarios también se han beneficiado de una política de sobrevaluación monetaria o ajuste marginal en el tiempo, al obtener dinero barato en dólares y prestarlo en lempiras a tasas de interés altas; sin embargo, ello mantiene o no deteriora la capacidad de compra de los salarios, tal como lo hace la devaluación. El FMI dice que Honduras tiene una baja inflación, pero su costo es aumento del desempleo, pobreza y un sesgo recesivo del ajuste, so pena del manipuleo del precio de los bienes de la canasta básica de alimentos. En tal sentido, recomendar más flexibilidad cambiaria y devaluación, no ayuda, sino que perjudica. Los fuertes (exportadores, banqueros), narcotraficantes y funcionarios corruptos son los más beneficiados.
Un argumento de fondo por el FMI, es que Honduras está perdiendo competitividad al apreciarse el tipo de cambio con respecto a sus principales competidores regionales, por lo que debe ajustar automáticamente la tasa de cambio, aunque, como sucedió en el pasado, la inflación internacional tenga poca relación con la inflación interna; existen otros factores que inciden directamente en el aumento de los precios. En enero de 2018, el Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER), según el BCH, se depreció en un 0.61%, lo que supone una ganancia teórica de competitividad de las exportaciones frente a los principales socios comerciales; es decir, cuando Honduras deprecia y los socios aprecian sus monedas, hay ganancia teórica de competitividad de las exportaciones (siempre y cuando la inflación interna no sea muy alta), caso contrario sucede cuando se aprecia el lempira.
La pregunta es ¿Qué pasa cuando caen los precios de los principales productos de exportación en el mercado internacional, como ejemplo el precio del café? Una devaluación del lempira por encima del promedio anual, posibilitará un aumento de la producción y exportaciones de café hondureño (ajuste vía cantidades) y, por ende, ganancias teóricas de competitividad de las exportaciones si los principales socios también aprecian sus monedas. El destacado economista hondureño, Edmundo Valladares, decía que la respuesta de las exportaciones no es inmediata y necesita un ajuste mucho mayor para que los agentes económicos respondan al incentivo de precios causado por la devaluación del lempira, con los efectos negativos en aquellos que dependen de un salario, sueldo o bonificación social.
En este marco, el tema de la devaluación ha cobrado mayor vigencia. A lo interno, el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) está por presentar un estudio donde se demuestra que la devaluación tiene una incidencia en la pobreza y que Honduras no ha cosechado los beneficios de esta política, principalmente en el aumento sostenido de las exportaciones y atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) no contaminada. Igual, dirigentes de partidos políticos de oposición, industriales y organizaciones gremiales y campesinas, exigen se restituya el poder al Banco Central y retome el mecanismo de subasta de divisas que dio estabilidad al país en un periodo como el actual, de alta turbulencia.
Urge, sin embargo, un estudio sobre uso y destino del dinero del narcotráfico y corrupción, y como la devaluación ha incrementado las ganancias de los exportadores y bancos frente a las pérdidas de los perceptores de rentas fijas. En esto, el FMI tiene mucha experiencia. Adelante pues, y olvídense de estar especulando con funcionarios de gobierno de cuanto deben ser el tipo de cambio futuro con un Banco Central espectador.
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