Editorial de Fragua
El 13 de octubre de este año inició una caravana migrante desde Honduras rumbo a Estados Unidos, consecuencia de las condiciones de violencia y pobreza que asolan la región. Esta situación responde, en gran parte, a las políticas neoliberales de despojo y a la intervención norteamericana que busca mantener un régimen servil a sus intereses.
La crisis de la región se ha agravado desde el año 2009. Tan sólo en el año 2016, 49 activistas fueron asesinados por defender su tierra, entre los que se encontraba Berta Cáceres, incansable defensora indígena del agua y los pueblos indígenas, cuya muerte repercutió en todo el continente. Junto con el despojo y violencia provocado para obtener recursos naturales, vino una grave crisis de desplazamiento forzado que arrojó a miles de hondureños a buscar nuevas tierras no por un sueño, sino simplemente para sobrevivir.
Al mismo tiempo, las políticas migratorias en Estados Unidos se han ido endureciendo: el gobierno de Barack Obama aumentó el presupuesto fronterizo, incrementó el número de efectivos de la patrulla fronteriza (la odiada “migra”), aumentó el número de detenciones y expulsó a casi tres millones de migrantes. En estos mismos años los gobiernos serviles de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desataron una ola generalizada de violencia en contra de migrantes centroamericanos, de modo que México se convirtió en la gran línea de defensa que evita la migración, lo que fue reconocido por las autoridades norteamericanas al afirmar de manera contundente que el flujo migratorio se redujo casi 40% en los últimos años.
Estas cifras se deben únicamente a las políticas de miedo impuestas por Estados Unidos y a que cientos o miles de migrantes acaban su viaje en México, no de la mejor manera: tan sólo recordemos el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, detenidos por agentes de migración y entregados al narcotráfico, que simplemente los “asesinó”. Estas acciones parecen no tener sentido, pero en realidad es la lógica paramilitar mediante la que se echan a andar las políticas migratorias imperialistas: detener el flujo de personas a toda costa.
En este contexto es que surge la caravana migrante, esas cuatro mil personas que han recorrido más de mil kilómetros con la única intención de encontrar una tierra un poco mejor para sobrevivir. Frente a esta avalancha humana, la respuesta del gobierno mexicano nuevamente ha sido servil. El mismo día que la caravana llegaba a nuestro país, Mike Pompeo, ex director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y actual secretario de Estado del incómodo vecino del Norte, se entrevistaba con Enrique Peña Nieto, quien le aseguraba que el gobierno mexicano haría lo posible por detener el paso ilegal de los centroamericanos. Como si fuera una orden directa —al parecer sí sucedió— se realizó un despliegue policiaco de cientos de granaderos en la frontera sur.
Llenos de desesperación, los miles de centroamericanos se lanzaron contra las puertas fronterizas y contra el cerco policiaco, los cuales lograron abrir por momentos, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y toletes, sin importar la presencia de cientos de niños y ancianos, de mujeres embarazadas y adultos agotados por la larguísima caminata.
Después de los hechos represivos y de las dolorosísimas imágenes que vimos en las noticias y redes sociales, Enrique Peña Nieto salió a decir que “no permitiría la entrada violenta” a nuestro país. Es decir, México sería el gran muro de contención para evitar una crisis migratoria y humanitaria en Estados Unidos. Parece que para los gobernantes realmente seguimos siendo “el patio trasero”.
Frente a esta actitud servil, nuestro pueblo desplegó la solidaridad: en Chiapas muchos comercios ofrecían comida, ropa y hasta juguetes a los migrantes. Organizaciones de derechos humanos se manifestaron por la defensa del derecho a la protesta y a la solidaridad de los pueblos representado en la caravana. Pueblo en general mostró su mano amiga; la mano proletaria que ha visto partir a nuestros familiares para buscar una oportunidad de vivir mejor, ahora se volcaba para ayudar a nuestros hermanos de clase.
Sin embargo, en medios de comunicación se manifestó un discurso racista y de odio, el cual desafortunadamente fue replicado por muchas personas: “mugrosos”, “maras”, “violadores”… todo de lo que acusan a nuestros paisanos en el gringo, ahora se le achacaba a los migrantes hondureños.
Frente a esta grave crisis en la región, nuestro pueblo debe mostrarse solidario y exponer que las causas de la pobreza y violencia en Honduras, Centroamérica y en todo el continente no tienen otra causa más que el afán de los grandes capitalistas por obtener más ganancias, por saquear los recursos naturales que pertenecen a los pueblos y por explotar a cada vez más gente.
La lucha por la defensa de la caravana migrante se vuelve, en este sentido, la defensa de nuestra propia soberanía nacional, la defensa en contra de ser simples peones del imperialismo, así como la defensa de nuestro derecho humano a la solidaridad entre los pueblos y la vida digna. Si en verdad queremos recuperar nuestra soberanía, debemos exigir y luchar porque sean canceladas todas las políticas que criminalizan y judicializan a los migrantes, exigir que se desmantelen los grupos paramilitares permitidos, promovidos y tolerados por el Estado.
Los migrantes son nuestros hermanos de clase y por ellos debemos luchar y ser solidarios. Tenemos que luchar por un país donde no se criminalice ni asesine al pobre, por un país donde seamos nosotros los que decidamos nuestras políticas públicas, un país socialista.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 38 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Noviembre-Diciembre 2018.
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