Las víctimas del 12 de agosto del 2009 no se han cansado de buscar Justicia.
Por Sandra Rodríguez
Un grupo de 24 víctimas de la policía nacional en el marco de protestas contra el golpe de Estado del 2009 busca justicia. Por lo tanto, han declarado que no aceptarán una conciliación como lo pretende la parte defensora de cinco policías, acusados únicamente por vejámenes.
El pasado martes 04 de noviembre, la jueza que conoce el caso convocó a las partes a la audiencia preliminar, tras conocerse en septiembre pasado que la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revocó la libertad definitiva en favor de cinco agentes policiales que capturaron responsables de estos delitos de lesa humanidad.
Los imputados son José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos (única en servicio), representados por abogados privados quienes propusieron una posible conciliación.
Para ello, también expusieron la necesidad de una reunión previa con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaria de Seguridad, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), y la Secretaria de Derechos Humanos, la cual se agendó para el 19 de febrero del 2019 a las 10:00 a.m. ya que la jueza quiere escuchar “de viva voz” a las víctimas.
La representación de las víctimas a cargo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), junto al Ministerio Público (MP), hicieron del conocimiento a la jueza y defensa, que su representados y representadas no están en la disposición de conciliar, por el contrario, esperan fecha para que se abra el juicio oral y público.
Una vez concluida la audiencia y con la reiteración de que las victimas no desean conciliar, la jueza se preguntó ¿Para qué quieren una condena? En ese parafrasea fue secundado por uno de los abogados de la defensa, añadiendo que solo es un capricho.
Pese a ello, Karol Cárdenas, en representación del área legal del COFADEH, organización que ha acompañado a las víctimas desde el momento de los hechos, afirmó a los y las presentes en la pequeña sala judicial que “se busca sentar precedente” en el marco de la obtención de justicia, la no repetición y el nunca más, tomando en cuenta que nueve años después a los imputados se les fue quitando delitos como abuso de autoridad y torturas. Y que, al encargado del comando especial COBRAS -que ejecutaba la acción violenta- Elder Madrid Guerra, fue liberado de toda responsabilizada, falleciendo en la impunidad hace unos meses.
Las víctimas de los ataques y furia policial son: Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas, no pueden olvidar lo que vivieron esos días, por lo que relatar los hechos ante un juez, es con el objetivo que se haga justicia y se responsabilice a los culpables.
El COFADEH es representante de las 24 víctimas que fueron víctimas de tortura, abusos y vejámenes, y el juicio se iría solo por el delito de vejámenes
Para los y las víctimas de los tratos crueles e inhumanos de la policía, lo que buscan, aun después de nueve años, es justicia ante todo lo que han sufrido, y que los hechos
Las entonces policías, acusadas por violentar derechos humanos después una protesta social. Las entonces policías, acusadas por violentar derechos humanos después una protesta social.
La documentalista Alba Ochoa, a nombre de las víctimas, expresó que, pensamos que pedir conciliación es otra de las estrategias para dilatar el proceso en este sistema corrupto e impune, llevamos nueve años esperando justicia cuando brutalmente fuimos torturados, golpeados, secuestrados prácticamente, llevados al escuadrón COBRAS sin atención medica ni demás asistencia.
En el marco del golpe de Estado del 2009, miles de personas salieron a las calles a exigir la restitución del orden constitucional, el COFADEH documentó más de un centenar de asesinatos políticos e innumerables detenciones arbitrarias, por andar en protestas sociales.
El Poder Ejecutivo quedó a cargo ilegal de Roberto Micheletti Baín, mientras el depuesto presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales fue llevado hasta en ropa de dormir, a Costa Rica.
El Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras expresa que: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
Para ese tiempo se instaló una Comisión de Verdad que documentó casi dos mil testimonios de víctimas del golpe de Estado, entre ellos las víctimas del 12 de agosto del 2009, que hoy afirman “seguirán buscando justicia”.
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