Por Sandra Rodríguez
Los miércoles y sábados por la tarde han cambiado. Las calles de Choluteca son el escenario para gritar “Fuera JOH”. La movilización que se inició hace un año en oposición al fraude electoral no se ha detenido, pese a los ataques miliares, golpes policiales, criminalización, persecución y arrestos.
El 26 de noviembre de 2017, fecha de convocatoria para las elecciones generales en Honduras reactivó la lucha popular por la defensa de la patria; lo que se temía en cuanto a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández -figura que no está contemplada en la Constitución de la República de Honduras-, sucedió.
El resultado inicial daba por ganador a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, pero 72 horas después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo la dirección de David Matamoros Batsón, dio por ganador a Hernández.
No sólo Juan Hernández continuó -impuesto- en el Poder Ejecutivo, también el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva está en el segundo periodo de mandato, ambos son del Partido Nacional de Honduras. Mientras que, el alcalde de Choluteca Quintín Soriano, del Partido Liberal de Honduras, desde el 2006 a la fecha, está en su cuarto periodo consecutivo ocupando el cargo edilicio.
Ante este panorama de continuismo contra la voluntad popular, parte de la población de Choluteca no se ha quedado quieta, hasta “sacar al dictador”, aunque el sentimiento de no sentirse representados en la clase política es generalizado pese a que hay programas gubernamentales como “Llegó la hora del sur” que contiene la construcción de obras de infraestructura y rutas turísticas.
Uno de los símbolos de identidad de la zona sur es el imponente puente “Choluteca” o “Carías”, decretado monumento nacional en el 2015 por iniciativa de Oliva, quien es originario de esa ciudad. Pero la movilización popular lo ha recuperado para ser parte de sus protestas. Recientemente fue cerrado el paso, pero por la Policía Nacional, custodiando el hotel donde se llevaba a cabo un Congreso Móvil, con la presencia de los y las diputadas de la Cámara Legislativa.
De la ciudad marcada con el sello de dictaduras nacionalistas, como Tiburcio Carías Andino (1933-1949) y actualmente Juan Orlando Hernández, surgió un grupo ciudadano autoconvocado que se identifica como “Choluteca Bastión Del Sur”, que se ha mantenido por un año como baluarte de la lucha contra el régimen y sus abusos de poder.
Una de sus integrantes comentó de Defensores en Linea, que es un movimiento que se mantiene firme porque es autosostenible, no reciben financiamiento de ningún partido u organización política, para pagar el sonido (unidad móvil) hacen una colecta entre los asistentes y venden alimentos los fines de semana.
Estar organizados ha hecho que se enfrenten a la vigilancia de parte de civiles armados, campañas de desprestigio, falsos perfiles en redes sociales, pero nada desvía la lucha, aseguran, porque lo que buscan es sacar al dictador.
Derecho a la manifestación es la conjunción del pleno ejercicio de otros tres derechos fundamentales: la libertad de expresión, libertad de libre asociación y libertad de reunión pacífica.
Es una forma de expresar un pensamiento libre, no vendemos de ningún partido andamos en la calle porque queremos, expresó la joven “Gissel”, uno de los bastiones a través de las redes sociales.
Sin dudarlo, afirmó que permanecen en las calles por culpa de “un presidente corrupto que tenemos en nuestro país, -además por- un país mejor y para salir adelante”. La lucha no sólo es en las calles, hay un gran apoyo de parte de personas que siguen su accionar a través de las redes sociales.
A sus 19 años, Gissel ha visto como la policía y militares atacan a quienes se manifiestas, sobre todo contra jóvenes y menores de edad, sin embargo “no le tengo miedo a nada y ni me dejo intimidar fácilmente”.
Las manifestaciones sociales en Choluteca son públicas e incluyente, siempre existe la curiosidad de algunas personas para saber más del movimiento ya que no se han librado de campañas de desprestigio y desinformación, por lo que no es difícil para los y las participantes comentar sobre el por qué están allí.
“Salimos a las calles a hacer conciencia a la gente porque están privatizando todo”, es parte de la respuesta ya que en general es luchar por el bien del país.
Cabe mencionar que la cantidad de manifestantes ha disminuido, contrario al aumento de presencia policial y militar. Pero las personas que se han aislado de las calles siguen la lucha con la misma fuerza y convicción desde otras trincheras. El temor es una de las causas de la ausencia popular, que no desea ser víctima de represión de los uniformados.
Y es que, además gases y bombas lacrimógenas, a los menores los agarran, golpean y hasta los han capturado, ellos por miedo se retiran de las movilizaciones y con más razón cuando quedan bajo medidas sustitutivas a la prisión, acusados de delitos entre ellos el de escándalo público.
Integrantes de las movilizaciones afirmaron que “Ya no sólo son militares, sino que están los cobras en lugares como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que es por donde pasan las movilizaciones”.
El retiro: No hemos pensado en retirarnos hasta sacar al dictador que tenemos
Cuando se habla de “la hora del sur” es como si existieran dos relojes, el que marca extractivismo, ciudades modelos, parques de energía eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica, pero está el que marca lucha y resistencia, el que se sostiene con el colectivo popular y sabe ¿Cuál es la ruta? –
Después del fraude hemos tomado la decisión de luchar por nuestro país y esa es la meta tratar de sacar la dictadura, detalló Aleyda Huete.
Cientos de personas caminan por las carreteras que conducen a empresas públicas o casas de políticos que se olvidan de velar por los intereses del pueblo.
Uno de ellos es el alcalde Soriano quien se ha aislado a la situación “Él no está del lado del pueblo, porque nunca ha estado con nosotros, si él tiene que protestar tiene su grupo de gente”, manifestó Huete.
La situación social, política y económica que atraviesa el país, impulsa al pueblo de Choluteca a manifestarse contra el régimen de Juan Orlando Hernández, pero también se han movilizado en comunidades que permanecen en la defensa del territorio en las ciudades de San Lorenzo, Valle; y Tegucigalpa, la capital del país.
Se ha solidarizado con la comunidad de Prados en Namasigüe, Choluteca. Han llegado hasta las cercanías de casas de políticos, pero últimamente andan los antimotines atrás de la multitud y les impide la libre circulación.
Las protestas se han hecho frente al Hospital del Sur en oposición a que se privatice el derecho a la salud, y “hemos ido a energía Hernández”, expresó Aleyda, quien explicó que así llaman a la Empresa de Energía Honduras (EEH), que es de Juan Hernández, según algunas personas, pero ahora los antimotines nos lanzan bombas lacrimógenas desde antes de movilizarnos.
Ellas es víctima de campañas de desprestigio, la llaman “la aguerrida Aleyda Huete” y acusan de robo o actos ilícitas, lo que le impacta emocionalmente porque al andar por la calle, la gente puede creer lo que dicen los medios y señalarla como delincuente.
El artículo 59 de Constitución de la República de Honduras, expresa que “La dignidad del ser humano es inviolable”, pero para quienes se lanzan a la calle a defender la constitucionalidad más bien son como reprimidos y amedrantados por la policía y militares, acrecentando la estigmatización contra los liderazgos directamente señalados, como sucede con Aleyda.
A criterio de la lideresa del movimiento Bastión del Sur, “Choluteca va de mal en peor”, ya ni siquiera el presidente del Congreso, Mauricio Oliva no puede llegar libremente a su ciudad, siempre anda resguardado de escoltas, en una ocasión el político nacionalista llegó al Hospital del Sur, y hasta allí fueron algunos manifestantes.
Crisis generalizada
La Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), que acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en sus análisis sobre la situación nacional, concuerdan que lo que se vive en la región sur no es aislada, sino de carácter nacional ya que, todo tiene que ver con el gobierno ilegal, no hay seguridad ni justicia social “para nosotros los pobres”.
Las movilizaciones en la zona sur no han parado ni una semana, se ha cumplido un año de estar protestando contra el régimen de Hernández, y últimamente la policía nacional y policía militar los sigue y hasta encienden las sirenas de las patrullas para interrumpir en el sonido ambiente, imponen falsas pruebas y crean escenarios para criminalizar.
Para los y las defensoras de derechos humamos, la policía y militares deberían de estar de parte del pueblo quien con sus impuestos les compran hasta el uniforme.
POLÍTICOS
Alcalde: Quintín, no huele si suena, es como que no hay alcalde, no está de parte de nosotros.
Diputados: No tenemos diputados que estén de nuestro lado, hasta de vándalos nos han tratado.
“La gente le teme a los policías y militares, no queremos más militarización, mientras esteremos gente que nos reunamos, esto no de detiene, estamos peleando un derecho”.
La población que se manifiesta en esta región ha tomado a bien el acompañamiento de la REDEHSUR y del COFADEH, ya que es importante la presencia de los y las defensoras de derechos humanos cuando en las calles se exige respeto.
Por su parte la coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, expresó en un reciente foro convocado por la agencia de cooperación de las iglesias protestantes de Suiza, HEKS-EPER, que “Propugnamos a hacer resistencia basada en derecho, frente a un estado de derecho, deshecho, que nos deja en total indefensión. El desafío es que la zona -sur- sea de un acompañamiento colectivo”.
Según el Informe sobre Manifestaciones Públicas como Ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de Reunión (2005) El derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión.
En muchas ocasiones, las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva.
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