Por Javier San Vicente Maeztu *
Juan Orlando Hernández está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.
Tras la detención, Juan Orlando Hernández se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernández es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?
De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).
Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernández más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suárez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernández tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suárez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernández, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?
Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernández Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernández, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suárez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernández. Según Suárez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernández hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.
Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.
En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.
Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernández, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.
La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevó a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.
- Javier San Vicente Maeztu es activista en defensa de los derechos humanos
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