En una nueva sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aceptó el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado de Honduras en relación con el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Escaleras Mejía y la impunidad en la que se encuentra su caso.
La sentencia de la Corte, con fecha del 26 de septiembre de 2018, homologa un Acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado de Honduras, las víctimas y las organizaciones representantes del caso: el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).
El Alto Tribunal admitió que el Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos del defensor de derechos humanos, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares. Asimismo, reconoció nuevamente el contexto de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país.
La Corte señaló que las normas interamericanas no establecen un único derecho que garantice la labor de promoción y protección de los derechos humanos, sino que se requiere que el Estado garantice múltiples derechos contenidos en los instrumentos interamericanos, tales como la libertad de asociación, los derechos políticos, la libertad de expresión, entre otros.
Adicionalmente, el Alto Tribunal reitera la obligación reforzada que tienen los Estados de investigar las afectaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, y recuerda que esta protección especial resulta necesaria porque la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas o de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.
“Esta sentencia representa un hito porque refuerza estándares relativos al deber de investigar los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y recalca la necesidad de tomar en cuenta el contexto y su rol de defensa. Esto es particularmente importante en uno de los países más riesgosos para defender derechos humanos y en donde subsiste el reto de romper el ciclo de impunidad”, sostuvo María Luisa Gómez, abogada de CEJIL representante del caso.
Con respecto a las medidas de reparación comprometidas por el Estado, destaca que Honduras debe “aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos e informar acerca de las acciones adoptadas para la implementación del protocolo y su estado de cumplimiento”.
“Celebramos la decisión de la Corte por cuanto reivindica la memoria de Carlos Escaleras y nuevamente ilustra el contexto de riesgo que enfrentamos quienes defendemos derechos humanos en Honduras. Esperamos que las autoridades cumplan a cabalidad con los acuerdos y que ese reconocimiento de responsabilidad se refleje en hechos concretos que permitan garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Brenda Mejía, representante del ERIC.
El ERIC y CEJIL hacen un llamado para que el Estado de Honduras cumpla de manera inmediata con las medidas de reparación acordadas, en particular la investigación de los hechos violatorios y la implementación del protocolo de debida diligencia, instrumento que permitirá fortalecer la normativa interna y avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de hechos.
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